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Durante esta semana, la tensión al interior del ex Ministerio de Desarrollo Social llevó a que renuncie Pablo Rodrigué, funcionario a cargo de la distribución de alimentos a comedores y merenderos que forma parte de la secretaría de Pablo de la Torre, a cargo de Niñez y Familia, en un contexto de cruce con organizaciones sociales por la falta de alimentos.
“No pudo sacar ni un camión”, comentaron fuentes del ministerio. Rodrigué fue miembro del gobierno de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. También se produjo la salida de Agustín Sánchez Orondo, director administrativo, sin nombramiento, de la subsecretaría de Políticas Sociales, desde donde se deberían repartir alimentos.
Para poner paños fríos, desde el gobierno comentaron que el tándem Rodrigué-Sánchez Orondo “no funcionó, pero quedaron sus equipos” , y que apuestan a una reconfiguración. La gestión del área de Niñez y Familia tiene una estructura sin nombramientos efectivos, inestable e indefinida, donde la firma de los funcionarios no cuenta aún con designación oficial. “A Pettovello muchos de nosotros no la conocemos”, se sinceró uno de ellos con La Nación. Mientras los nexos y colaboradores entran y salen, de fondo se desarrolla una crisis alimentaria a nivel nacional.
Las protestas y reclamos se suceden. La Dignidad llevó una nueva tanda de reclamos a la puerta de los supermercados, otros fueron nuevamente a la puerta del Ministerio en Av. 9 de Julio, y en el Consejo del Salario una decena de organizaciones reclamó por los ingresos y por los alimentos. En este marco el Polo de Belliboni lanzo una colecta de alimentos para el día 27 de febrero en el Obelisco y Juan Grabois denunció a Pettovello por incumplimiento de sus deberes de funcionario público. La Utep también apuesta a la vía judicial ante el problema de “las bajas arbitrarias e irregulares" en el programa Potenciar Trabajo, que afectó a 27.000 titulares el último mes. Y expresó su enojo por perder el control de las bajas y suspensiones: "Se los suspende con un criterio ajeno a los establecidos en los lineamientos del programa”, “no se respeta el procedimiento de bajas" apuntó Alejandro Gramajo actual secretario general.
Otro frente abierto tras la derrota del gobierno con la Ley Ómnibus son los fondos para las cooperativas. La caída de la ley le impidió avanzar sobre los fideicomisos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), unos 1,5 billones de pesos que gestionan gobernadores y cooperativas sin participación del gobierno nacional. Dedicados a la integración socio urbana de asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares que incluyen tierras del Estado Nacional, provincias y municipios. Fue Alberto Fernández quien dictó que las obras a realizarse deben adjudicarse en un 25% como mínimo a las cooperativas de trabajo y grupos de la economía popular, es la misma resolución que cerró las nuevas incorporaciones al plan Potenciar Trabajo durante el gobierno del Frente de Todos.
Nuevos acuerdos
Sandra Pettovello insiste en que las organizaciones sociales deben transparentarse y someterse a la auditoría de la nueva gestión. Y como sucedió la semana pasada con los sectores evangélicos, avanzó en estos días con Cáritas con un acuerdo por 310 millones de pesos para la compra de alimentos. La cruzada de Pettovello para correr a las organizaciones del manejo de fondos y alimentos ya suma una docena de acuerdos con sectores religiosos. Tras esta firma Pettovello se sumó al viaje al Vaticano que realizó Javier Milei.
Sin embargo, la Iglesia se vio obligada a deslindarse de esta política, informando que no tiene un acuerdo exclusivo con el Estado. “Se ha malinterpretado dicho compromiso entendiéndolo como un acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado”. Defendió “integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria”. El obispo de Quilmes, Carlos Tissera se prestó como mediador: “lo lógico sería que los argentinos pudieran comer lo que se ganan. Pero con este porcentaje de pobreza que hay, solucionar el tema alimentario es el principal problema de todos”, “desde Cáritas pedimos que se sienten en la mesa otras organizaciones sociales”.
Como correlato de estas presiones Pettovello firmó finalmente el convenio de 20.000 millones de pesos para comprar alimentos a través del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), dos entidades internacionales que aportan fondos para la compra de alimentos de ayuda critica. Aún no se indicó cómo se distribuirán y qué demora tendrían en llegar a los comedores.
“Ya no tenemos nada”
Desde el análisis del Presupuesto, el Ministerio no ejecutó 8 de las 9 partidas para programas alimentarios desde que comenzó su gestión, el ahorro con lo no erogado para comedores y merenderos es de 34.339 millones de pesos. Lo único ejecutado corresponde a la Tarjeta Alimentar, mientras programas más pequeños como el de Asistencia Prohuerta y Proyectos Especiales no recibieron fondos. Sumado a esto el actual presupuesto es el mismo del 2023 cuando la inflación del último año supero el 200%, una licuación.
Ante la polémica por la crisis en la ayuda alimentaria el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) informó a los medios que tiene registrados 34.782 comedores donde trabajan en la atención 134.449 personas. Esto representa solo una fracción de la red de comedores nacionales. Ante esto Pettovello insistió: “ha iniciado un proceso de transformación profunda de las políticas sociales, con el objetivo de asegurar que la ayuda llegue de manera directa y efectiva a los beneficiarios; eliminando los intermediarios que históricamente han desviado recursos”.
Con los envíos cortados desde octubre se calcula que en los barrios quedan alimentos para 15 días o menos. Otro problema que surge ante los depósitos del ministerio vacíos, es la demora logística que tendría el gobierno en caso de decidirse por comprar la comida. “Los circuitos administrativos están congelados”, “tenés por lo menos que esperar un mes después de ganada la licitación”, explicó gente del área.
Algunos medios mostraron esta realidad. “Ya no tenemos nada”, reflexionó la responsable de un comedor en Merlo que pasó de garrafa a leña y a las ventas y rifas para poder atender a sus comensales que ven sus porciones achicarse diariamente. “No conseguí nada por ningún lado. Ya no podemos abrir” explicaron en otro. Lo mismo se replica en todo el país. En Berazategui mientras registraron a los asistentes y las raciones que llevan en el comedor explicaron que, a través de un programa municipal, recolectan cartón, vidrio y plástico para cuando lo permite el volumen acumulado, con esa venta abrir el comedor una vez a la semana.
Los desaguisados, choques y renuncias por arriba tienen como telón de fondo una crisis social explosiva.
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