Estatales, necesitamos una lucha de conjunto

En las últimas semanas, otra tanda de cientos de trabajadores estatales ha sido despedida por el gobierno de Javier Milei, que repite que piensa dejar en la calle al 30% del personal. El gobierno adelantó despidos que había anunciado recién para el 31 de marzo. Entre ellos se encuentran unos 700 trabajadores de los Centros de Referencia (CDR), dependientes del Ministerio de “Capital Humano”, distribuidos en todo el país, y otros 700 concentrados en la Capital Federal, en distintos organismos.

Sin que se le mueva un pelo, Milei y sus funcionarios anunciaron el cierre de Télam y avanzan hacia el cierre del cine Gaumont, la privatización de la escuela de cine ENERC y otros institutos nacionales ligados a la promoción de la cultura y/o al acceso a los programas estatales. En otro nivel de ataque está el cierre del INADI, el vaciamiento del INCAA y el INaMu, el INT, la CONABIP, etcétera.

Mientras se realizaba el plenario federal de delegados en ATE Nacional por Zoom, llegó la noticia de que 400 trabajadores del Ministerio de Economía serían cesanteados. No hay organismo que no espere su listado.

La voluntad de pelea de los trabajadores se expresa cada vez que hay una mínima oportunidad. El 7 de marzo hubo una acción coordinada en todos los Centros de Referencia contra los despidos; en CABA, la cita fue en la sede de Desarrollo Social. Los cientos de despidos desperdigados por todo el país ameritaban un paro nacional de repudio y de advertencia ante los anuncios -a esta altura, diarios- en distintos organismos.

Pero la burocracia no tiene la menor intención de organizar ninguna lucha. Todo lo contrario. En este escenario, UPCN, dirigido por Andrés Rodríguez, está ayudando a los funcionarios a armar las listas de despidos, “salvando” a algunos de sus afiliados. En los organismos en los que se llevaron la peor tajada, se animaron a hacer asambleas. “No vamos a ser apresurados”, dijo Rodríguez a AM 750 sobre un segundo paro de la CGT. “Tienen que darse en el momento y el espacio oportuno. Y por las razones oportunas”. Miles de familias en la calle y el 60% de los trabajadores bajo la línea de pobreza no son razón suficiente. Nada que agregar.

Nada muy distinto ocurre en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La “unidad” de los dos sectores de la burocracia -la Verde y Blanca de Daniel Catalano y la Verde de Rodolfo Aguiar- no duró ni tres meses. En las últimas medidas dividen las fuerzas o ´paralelizan´ las acciones. En lo que coinciden es en desorganizar a los trabajadores, al punto de que cuando convocan a un plenario, lo desgranan haciéndolo durar casi 5 horas. Aunque el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, tuviera que admitir en un plenario que no son “ni más ni menos que 50 mil puestos (que se pierden)”, sumando los despidos de los contratados en 2023 con los de ahora.

Con los despidos, las jubilaciones compulsivas y los salarios miserables, el gobierno quiere reducir un tercio del personal estatal. La antesala a los despidos fue la pulverización del salario a raíz de la inflación y las sucesivas devaluaciones. Según el Indec, en enero hacían falta 900 mil pesos para que una familia llegara a fin de mes sin contar el costo del alquiler. Pero la paritaria estatal de febrero tiene categorías que cobran $ 326.000.

Para enfrentar esta masacre ATE se debate entre acciones aisladas por organismo (asambleas, ruidazos, radios abiertas, abrazos) y el planteo de un plan de lucha con paro y movilización que frene el ataque de Milei. Entre el 15 de enero, en el CCK, y el 26 de febrero en el INADI, todo quedó librado a la fuerza de cada Junta Interna.

La masividad del acto del 8 de marzo volvió a poner en la calle la voluntad de lucha de las y los trabajadores. La segmentación de la defensa de los puestos de trabajo es un atentado directo a cualquier posibilidad de victoria. Para este 15 de marzo, el Plenario Federal de ATE resolvió un paro nacional que, para Capital y Provincia, tiene cita en el Ministerio de Capital Humano, mientras que, en el interior, apunta a organizar a los CDR.

La CGT ya dio sobradas muestras de ser garantía de “institucionalidad” y “gobernabilidad”. La CTA, por su parte, convoca a acciones de vereda. Se han convertido en cumplidores a ultranza del protocolo Bullrich en nombre del cuidado de las movilizaciones. Son los mismos que hablan de “control de daños” que no es otra cosa que tomar los listados de despedidos y soltarle la mano a los jubilables primero y a los otros después.

Los trabajadores y las trabajadoras estatales tenemos que poner en pie la defensa incondicional de cada puesto de trabajo, no podemos esperar que los que permitieron años de salarios a la baja hoy dirijan una lucha que no quieren dar. Reagrupemos al activismo, coordinemos las acciones entre distintos organismos y construyamos las acciones necesarias para enfrentar al gobierno nacional. En varios organismos fueron los trabajadores quienes impusieron que se convoquen las asambleas: sigamos el camino de las autoconvocatorias. Ningún despido, aumento de salario.