Represión en Jesús María: un caso testigo que no podemos pasar por alto

Como buen patrón de estancia, Luis Picat, el empresario rural que oficia como intendente de Jesús María, decidió implementar un recorte salarial a los trabajadores de esa municipalidad y desconocer compromisos de aumento de sus haberes, asumidos ante el sindicato. La reacción de los trabajadores no se hizo esperar: organizaron y llevaron a cabo una protesta en un playón comunal expresando su férrea voluntad de defender su salario. Un operativo en el que intervinieron la justicia y la policía provinciales, a instancias del intendente, reprimió esa acción de lucha de los compañeros y detuvo a más de 40 empleados, luego liberados. En las últimas horas, trascendió que el ejecutivo municipal de Jesús María se comprometía ante el ministerio de Trabajo provincial al pago de una suma no remunerativa a todo el personal, a cambio de que los trabajadores normalicen la prestación de servicios y vuelvan a sus tareas habituales.

Días antes, se había producido la reunión de los intendentes con el ministro de Finanzas de la provincia. Previamente a esa reunión, el intendente Picat se había comprometido a pagar los salarios integralmente ¿La reunión lo hizo cambiar de parecer? El ataque en Jesús María es parte de una política provincial.

Queda a las claras que la cuestión del salario es un asunto de primer orden en el marco de la cuarentena por el coronavirus. En todos los niveles, los gobiernos utilizan los fondos estatales prioritariamente para rescatar capitalistas y honrar deudas públicas usurarias, incluso cuando la emergencia social, económica y sanitaria provocada por la pandemia aconseja dejar de hacerlo para destinar esos fondos a reforzar el sistema de salud y a aplicar una ayuda real y efectiva a los sectores más vulnerables (cuentapropistas, monotributistas, trabajadores informales, desocupados, etc.). La contrapartida de esta sangría de las finanzas públicas en beneficio de banqueros, bonistas y empresarios son los aprestos oficiales de las administraciones respectivas de proceder al congelamiento y/o el recorte de salarios, en los términos de lo que quiere hacer Picat en Jesús María. Para estos gobiernos patronales, en su afán de producir superavits fiscales con destino a aceitar negocios capitalistas y al pago de la deuda pública, la reducción de los ingresos de las familias trabajadoras es una cuestión de Estado.

Lo sucedido en Jesús María debe llevarnos a una segunda conclusión. El accionar represivo del gobierno no es una muestra de fortaleza, sino, por el contrario, de miedo a los trabajadores y a su capacidad para organizarse y luchar por sus reivindicaciones. Esto queda demostrado en el posterior y cínico intento del intendente Picat de deslindarse de las medidas represivas, y en el falaz argumento usado por el poder político provincial de que esa represión se debió a la violación de la cuarentena por parte de esos trabajadores.

Las burocracias sindicales se han visto obligadas a repudiar la represión, pero no han planteado ninguna medida concreta; ellas mismas se encuentran defendiendo la política del gobierno.

Llamamos al conjunto de los trabajadores de Córdoba a transitar un proceso de deliberación que nos permita ir de manera resuelta y con objetivos claros a las instancias de lucha que se avecinan ante la necesidad de defender nuestro salario y todas nuestras conquistas laborales.

• Solidaridad con los municipales de Jesús María. Repudio a la represión sufrida por esos compañeros e inmediato desprocesamiento de las causas.
• Defensa incondicional del salario y condiciones de trabajo.
• No al pago de la deuda pública usuraria. Revisión de todos los acuerdos onerosos y leoninos en favor de la patria contratista. Tasas progresivas sobre la especulación inmobiliaria.
• Apertura de las cuentas de los estados municipales y provinciales al conocimiento público. Control obrero de las gestiones estatales.