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El gobierno nacional ha comunicado que pretende penalizar el ‘adoctrinamiento’ en las escuelas y que dispondrá de canales de denuncia al respecto contra los docentes. El anuncio fue una réplica al paro nacional aislado de CTERA del pasado 4 de abril. El proyecto no se ha conocido oficialmente, tampoco si se presentaría en forma individual o como parte de la nueva ‘ley de bases’. No es un hecho aislado de una serie de ataques a los docentes -que según Milei ‘lavan cerebros’- como la quita del Incentivo Docente y el intento por prohibir las huelgas en las escuelas (‘esencialidad’)
Lo que se sabe hasta al momento es que habría modificaciones en los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional para que “se condene la enseñanza que priorice la cosmovisión o ideología propia del docente, sin presentar otras voces o perspectivas para abordar ese mismo tema. También se incluiría un mecanismo específico para garantizar ese derecho de los alumnos” (lanacion, 5/4). Con respecto a esto último, está el antecedente del 0-800 implementando por el gobierno de Macri para denunciar a docentes por "inculcación ideológica" el cual fracasó sin atenuantes.
La clave del asunto es, entonces, introducir un nuevo mecanismo para penalizar a los docentes –cuyo alcance tampoco es definido- y de ninguna forma una discusión sobre cómo se garantiza una “pluralidad de voces” que, huelga decir, nunca tendría lugar en un cuadro de delaciones y prohibiciones emanadas del Estado. No es que este cuadro ya no exista actualmente, por otra parte. La mitad del sistema educativo preuniversitario financiado con fondos estatales es confesional, clerical, recluta y despide docentes en función de una clara línea ideológica y de creencias. Luego, Kicillof sancionó recientemente a una docente de la Matanza bajo este mismo rotulo de ‘adoctrinar’ paradójicamente por la defensa del gobierno kirchnerista en el aula y lo mismo le sucedió a una maestra en Rawson que divulgó entre sus estudiantes las consecuencias negativas de la megaminería en la provincia.
El carácter persecutorio de este proyecto fue explicitado por el secretario de Educación Carlos Torrendell en una entrevista con Eduardo Feinmann, en la cual calificó como “razonable” sancionar a los docentes que impartan una educación sexual integral (ESI) porque se debe “respetar la identidad de las escuelas y familias, promoviendo la libertad educativa. Es fundamental mantener un enfoque pluralista en la sociedad y en la educación” (ídem). Es decir, el docente debe acatar una “identidad” impuesta arbitrariamente por arriba bajo pena de ser castigado. Pero no es ninguna “identidad” porque para el presidente Milei, el aborto legal es un ‘asesinato’. Quien instruya sobre sus beneficios debería ser consecuentemente penalizado.
Adorni justificó el proyecto luego de que, en un acto oficial en la localidad bonaerense de Verónica por el aniversario de Malvinas, un grupo de veteranos de la guerra se retiró por desaprobar un texto leído por una docente de historia y dirigente del SUTEBA local, de filiación kirchnerista. Comencemos por señalar que, una vez más, el kirchnerismo no defendió a la compañera. La docente, por supuesto, ha sido objeto de una campaña brutal de demonización, sin conocerse cuál fue el contenido completo de su discurso. Más allá de esto, la cuestión es el cercenamiento de la libertad de expresión algo que, insistimos, ya existe rabiosamente bajo la égida de directivos e inspectores educativos y de las amenazas de despidos por las patronales educativas o separación de estudiantes que no comulguen con las ‘fuerzas del cielo’.
El anticipo de esta persecución a los docentes la hizo Milei en su discurso de inicio de clases en el colegio Cardenal Copello atacándolos por ‘contaminar’ los contenidos curriculares, según sus dichos, en todas las escuelas o instituciones educativa del país. Lo que Milei quiere es un único currículo escolar asegurado por medidas de persecución estatal y prohibiciones.
