Ley Bases: una herramienta más para desguazar el CONICET

El gobierno de Milei logró la media sanción del proyecto de “Ley Bases” en la Cámara de Diputados. A través de sus más de 200 artículos, pretende reorganizar la estructura del Estado y de la economía del país: desde una delegación de poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, hasta una reforma laboral y previsional regresivas, pasando por la privatización de empresas estatales (Aerolíneas, trenes, Aysa, comunicaciones) y un blanqueo de características escandalosas. Con esto, el gobierno pretende juntar los recursos para sortear el desfalco económico. Sin embargo, lejos de los anuncios de “déficit cero”, ha producido un aumento sideral de la deuda pública y, además, una profunda recesión económica.

En particular, en lo que hace al CONICET y a otros organismos estatales (como el ANLIS Malbrán, el INTA, INCAA, ENACOM) si bien quedan excluidos de su disolución inmediata, el artículo 3 de la Ley Bases faculta al Poder Ejecutivo a “la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” y “la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir que el Ejecutivo podrá reestructurar, traspasar o cerrar “parcialmente” estos organismos. En cambio, pueden ser directamente cerrados otros organismos como la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), organismos clave en el financiamiento de la ciencia que se encuentra en una crisis severa que condujo a la renuncia de casi todo su directorio, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Otro artículo de enorme gravedad es el 52. Este permite el “pase a disponibilidad” de personal de organismos “afectados por la reestructuración” aunque pertenezcan a la planta permanente, “por hasta 12 meses”. Durante este tiempo, el Ejecutivo podrá disponer de estos trabajadores para otras tareas diferentes a las que fueron contratados. Después de ese tiempo, de no encontrarse el trabajador una nueva función, queda despedido. Es la metodología que el gobierno está utilizando para cerrar Télam y el INCAA. Se estima que 100 mil puestos de trabajo peligran por esta disposición.

La histórica lucha por derechos laborales (salario, aportes, antigüedad, obra social para el grupo familiar, continuidad laboral) para los investigadores en formación (becarios), sufriría un duro golpe de avanzar esta ley. Esta establece una serie de puntos que precarizan y flexibilizan aún más el empleo, como la extensión del período de prueba, se eliminan las multas por el trabajo en negro, se cercena el derecho a huelga, se habilita optar en los convenios de trabajo por un “Fondo de Cese Laboral” (similar al que se implementa en la construcción) en lugar del sistema de indemnizaciones, también crea la figura de “trabajadores independientes” que pueden contratar hasta cinco “colaboradores” sin ningún derecho laboral. Un ataque en regla contra el derecho laboral en un momento en el que el trabajo precario alcanza a más del 50% de los trabajadores del país.

La destrucción de los derechos laborales tiene un correlato en el sistema previsional, que dicen “insostenible”. Es que con la proliferación del trabajo precario las patronales se ahorran miles en aportes previsionales. Un blanqueo generalizado, pero en cuanto a la relación de dependencia laboral, revertiría este escenario. Con el argumento falaz de la insostenibilidad, se impulsa la eliminación de la moratoria previsional. Según distintas estimaciones, con el nuevo sistema 7 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse y deberán optar por pensiones inferiores al haber mínimo, a partir de los 65 años.

Por otro lado, los investigadores de planta de mayor categoría se verían afectados por el Impuesto a las Ganancias, que volvería a regir para la cuarta categoría, con ingresos mínimos brutos de $1.800.000 brutos para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos. Se calcula que volverán a pagar unos 800 mil trabajadores.

En este marco, la burocracia de la CGT guardó un silencio alevoso durante la votación en el Congreso. La CGT viene de negociar a espaldas de los trabajadores el capítulo de la reforma laboral con el gobierno, a cambio de resguardar sus cajas sindicales. Tampoco el peronismo convocó a una sola medida para frenarla y Cristina Fernández de Kirchner llamó “a la reflexión”. A pesar del eslogan “la patria no se vende” esgrimida el 1 de mayo, no han movido un dedo contra la ley que destruye el derecho laboral y da vía libre al saqueo de los recursos y las empresas públicas. Desde este lugar de bombero y contención de las luchas es que convocan al paro del 9/5, aunque no han llamado a una sola asamblea para organizarlo.

Por su parte, ATE CONICET y RAICyT (Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Técnica) convocaron a último momento a movilizarse al Congreso cuando se votó en diputados y ahora buscan que los senadores no voten el capítulo 3 del proyecto.

La comunidad científica, que es tanto parte de la clase trabajadora como una usina de pensamiento crítico, tiene mucho para decir acerca del escenario actual. Promovamos esta deliberación en asambleas y reuniones por lugar de trabajo y estudio, debatamos cómo hacer efectivo y activo el paro del 9 y organicemos el repudio a toda la ley de Bases y una gran movilización al Senado.