El régimen de las jubilaciones de los docentes nacionales está en riesgo

Según la Subsecretaría de Seguridad Social, para los meses de junio, julio y agosto, las jubilaciones de los docentes nacionales tendrían un aumento trimestral del 40,62 %. Este sector de jubilados docentes (unos 185.000) tiene un régimen de movilidad propia, basada en los salarios de los docentes activos con aportes a la ANSeS, y están excluidos de la nueva movilidad ajustada en base al IPC.

A pesar de que oficialmente se argumenta que para el mes de junio representaría una “recuperación parcial” de las jubilaciones del sector, lo cierto es que este aumento nominal consagra una pérdida en términos reales: el último aumento (marzo) fue del 27,57 % frente a una inflación del 51,6 % del trimestre. Es decir, al igual que el resto de las jubilaciones y salarios acordados en paritarias, los aumentos son muy inferiores a la estampida inflacionaria de los dos primeros meses del gobierno de Milei luego de la devaluación. La licuación salarial y jubilatoria es vertebral en la política del gobierno nacional. La caída es casi ininterrumpida en los últimos cinco años, comparando el salario con la inflación anual correspondiente. En 2023, la pérdida fue del 20,8 % (Clarín, 15/5). Las jubilaciones del régimen docente son en promedio de $651.100 (La Nación, 16/5).

Los regímenes de las jubilaciones docentes nacionales, como la de otros trabajadores (carboníferos de Río Turbio, docentes universitarios, investigadores científicos y técnicos, trabajadores de Luz y Fuerza, Poder Judicial), son denominadas “regímenes especiales”. Lejos de ser “jubilaciones de privilegio”, estas jubilaciones han mantenido conquistas como el 82 % móvil o el menor requisito de edad o de años de servicio para jubilarse. Para financiarlas, los trabajadores aportan un adicional (un 2 % sobre el aporte jubilatorio, en el caso de los docentes nacionales).

El gobierno quiere eliminar este “régimen Especial” para los nuevos jubilados docentes y que estos se jubilen como el resto de los jubilados del Régimen General (Clarín 5/5). Es un viejo reclamo del FMI. Esto ya se desarrolla de facto, mediante el mecanismo de la licuación. A diferencia del régimen general, los aumentos son trimestrales, en lugar de mensuales (a partir de julio), como lo establece el DNU 274; pero, además, al calcularse sobre los salarios (en lugar del IPC) de los trabajadores activos, cuyos salarios se derrumban mes a mes, el deterioro es aún mayor. Por último, no son alcanzadas por los bonos con los que discrecionalmente, desde 2022, se cubre parte de la brecha entre salarios e inflación en el cálculo de movilidad. Van transformando al sistema jubilatorio en una pensión a la vejez, desligada del salario: no se salva nadie. Es claro, entonces, que a término el llamado Régimen Especial perderá su sentido y con él los resquicios de conquistas jubilatorias que mantienen sectores de trabajadores.

La llamada “insustentabilidad” del régimen previsional tiene sus causas: las sumas salariales en negro (no contributivas) -aproximadamente de un 30 % del salario de bolsillo en la docencia-, las sucesivas rebajas en las contribuciones patronales, etc. Por último, vale señalarlo, esta tendencia obliga al Estado a financiar parte de los recursos con fondos tributarios, convirtiendo el deterioro salarial (entendiendo a las jubilaciones como salario diferido) en una cuestión fiscal y por lo tanto de deuda pública, con las consiguientes consecuencias de ajuste. Cuando se precisa valorizar la deuda pública se recurre a estos ataques.

El ataque al régimen de las jubilaciones docentes debe verse en este marco. Las luchas que debemos emprender sobre la cuestión jubilatoria, también.

LEER MÁS:

Milei congela las jubilaciones docentes Además, pisa los giros a las cajas provinciales. Por Luciana Diaz, 04/04/2024.