Escribe Pablo Busch
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Un informe de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) difundido ayer y reproducido por varios medios, arroja cifras que expresan la profundidad del proceso recesivo en la industria y la posibilidad próxima de una depresión económica.
El informe refleja obras paralizadas, eliminación de turnos de producción y despidos que se multiplican. Casi la totalidad de las empresas de la actividad asegura atravesar una situación peor que un año atrás, con fuerte contracción de ventas y de producción, que se traducen en que tres de cada cuatro compañías debió despedir a parte de su plantilla de personal, entre otras políticas de recorte laboral. Los números del informe surgen del relevamiento que realizaron 23 sindicatos de la CSIRA, que representan a más de un millón de trabajadores empleados en 61.728 empresas de 18 sectores de actividad.
Cuatro de cada 10 firmas señalaron que su situación empeoró moderadamente (39,1%), pero el 56,5% consideró que empeoró mucho, un panorama que se verificó a partir de las respuestas sobre la caída de ventas de sus productos: el 60,1% de los consultados declaró una contracción en las ventas superior al 15%, el 30% advirtió sobre caídas menores al 15% y menos de un 5% de las compañías informó que sus ventas se mantienen igual que un año atrás. Los efectos de este derrumbe de ventas son directos sobre los puestos de trabajo: tres de cada cuatro empresas despidieron trabajadores desde principios de año (73,9%). De ese total, la mitad de las compañías cesanteó menos del 5% de sus plantillas, en tanto que el 18% recortó entre un 5% y un 15% de su personal, y el 5% de ellas decidió prescindir de más de un 15% de sus empleados.
Además de los despidos, hubo otros mecanismos de reducción de puestos: las horas extras se redujeron en el 91,3% de los establecimientos productivos y el recorte de turnos de producción alcanzó al 82,6% de las empresas. Hay suspensiones de trabajadores en el 82,6% de las empresas relevadas y adelantos de vacaciones en el 56,5% de los casos. Otras medidas que se extendieron desde enero fueron los procesos de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, que alcanzaron a casi la mitad de las compañías (47,8%) y en algunos casos contemplaron más del 10% de la totalidad del personal. El 52,2% de las empresas relevadas cuenta con más del 40% de su capacidad instalada ociosa, y solo 4,3% tiene menos del 10% sin utilizar. El uso de la capacidad instalada está apenas por arriba de la de marzo de 2020, en plena cuarentena por el COVID.
El informe es demoledor sobre las consecuencias del golpe de Estado económico del Gobierno de Milei perpetrado a partir de diciembre. Los dirigentes que lo han presentado, encabezados por Ricardo Pignanelli del SMATA y Abel Furlán de la UOM, intentan inclinar las conclusiones hacia una victimización de la clase capitalista nacional, que sería tan víctima de las políticas del Gobierno como los trabajadores. “Este camino planteado por el Gobierno nacional nos lleva a la destrucción de la industria nacional y a la profundización de la precarización laboral y la pobreza y el hambre de nuestro pueblo”. La política de la burocracia sindical arrastra a los trabajadores a ser contemplativos con las empresas ante las suspensiones, los despidos y los adelantos de vacaciones. Ocultando la responsabilidad patronal en la crisis, los sindicatos desarman cualquier intento de resistencia de los trabajadores.
Las paritarias a la baja que estos mismos gremios firman son también justificadas a partir de la crisis económica. Los empresarios desmienten el discurso del rebote en V que se alienta desde el Gobierno de Milei para ganar el apoyo de la clase obrera: según se desprende del informe de los sindicatos, el 73,9% de las empresas relevadas prevé que el escenario económico empeorará durante el próximo semestre, mientras que solo el 4,3% considera que la situación se mantendrá igual que en el primer semestre.
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