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La cuestión de la movilidad jubilatoria dio lugar a una circunstancial alianza peronista-radical en Diputados, al menos hasta asegurar el quórum. La sesión de hoy, martes 4 de junio, está considerando un conjunto de proyectos que modifican el criterio de movilidad jubilatoria fijado por un decreto del Gobierno.
Milei-Caputo establecieron el ajuste de los haberes por inflación a partir del mes de abril, o sea luego de la enorme desvalorización que sufrieron desde diciembre, cuando la inflación acumulada fue del 76%. La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones fue de un abrupto 35%. Los proyectos de la UCR y de UxP plantean un resarcimiento adicional del 8% retroactivo al mes de abril. Ese porcentual contiene el reconocimiento completo del 20% de la inflación de enero, cuando Milei lo ajustó en un 12 %. Según la oficina de Presupuesto del Congreso, los resarcimientos que contemplan estos proyectos implicarían un gasto adicional para el gobierno de 0,4 puntos del PBI –el equivalente a menos de dos mil millones de dólares. Pero el despojo operado por la licuación mileista a las jubilaciones se ubica en 2,5 puntos del producto. Esto es el equivalente a 13 mil millones de dólares. Con la corrección opositora, la pérdida del haber jubilatorio real sería equivalente a 10 mil millones de dólares, aproximadamente.
Los proyectos ofrecen un sistema de reajustes de las jubilaciones vinculado a la evolución del salario –más precisamente, se reconocería el 50% de eventuales mejoras en el nivel general de las remuneraciones, lo cual es claramente confiscatorio. Con esta modalidad, nunca se recuperaría la pérdida del poder de compra operada en los últimos siete años, que alcanza al 50 por ciento.
Si este precario paliativo radical-peronista resulta aprobado, todavía deberá pasar por el Senado y luego por la promulgación o veto del Ejecutivo –si antes no vuelve a Diputados en caso de sufrir modificaciones. Se presenta, además, otro inconveniente: si la Ley Bases es aprobada y promulgada antes de estos proyectos, Milei podría imponer su propio régimen de ajuste de las jubilaciones, mediante el uso de “la delegación de poderes” que le otorga la Ley Bases. Es lo que hicieron Alberto Fernández y Guzmán en diciembre de 2019, cuando descubrieron que la movilidad macrista tenía un impacto inflacionario “negativo”.
En la jornada de hoy, debería tratarse, inmediatamente después, la cuestión del presupuesto universitario. Dándole largas al debate de las jubilaciones, el radicalismo, que se opone a ese proyecto para las Universidades, no necesitará boicotear el punto siguiente de la agenda del día de hoy. Los rectores radicales y peronistas ya “arreglaron” la cuestión de la caja universitaria, que deja afuera y sin presupuesto los salarios de los docentes y no docentes.
La rimbombante sesión de hoy es un gran fuego de artificio. Disimula el compromiso de fondo de la oposición parlamentaria -en primer lugar la “dialoguista”- con la ley Bases, que saldrá del Senado gracias al voto de peronistas que se han convertido a la ´disidencia´.
El Congreso tiene decidido, desde el comienzo del actual Gobierno, que su tarea debe ser viabilizar y perfeccionar las medidas legislativas que los liberticidas intentan imponer por decreto. Las groserías que se disparan unos a otros no puede esconder esta realidad. Todas las fracciones de la patronal local han insistido en que el nuevo orden legal debe contar con un consenso constitucional. En cuanto al peronismo, siempre encuentra la forma de crear ‘disidentes’ que se pasan al otro lado, como ocurriera bajo el gobierno de Macri, bajo la dirección de Sergio Massa.
Ni los jubilados, ni los trabajadores de las universidades encontrarán en el Congreso un desagravio social a la violencia que vienen sufriendo de parte de los últimos gobiernos –medio siglo de desfalcos.
