Media sanción a jubilaciones de indigencia

Escribe Silvia Carranza

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Este martes la Cámara Baja dio media sanción a un proyecto para recomponer las jubilaciones frente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses. El texto -que fue aprobado con 162 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones- propone una actualización basada en el IPC, agregando el “empalme” del 8% que se “comió” el gobierno. Milei anticipó que lo vetará. “Me importa tres carajos” lo que vote el Congreso, señaló el liberticida en una conferencia con empresarios.

La jubilación mínima, de aprobarse la ley, rondaría los $292.000, debajo de la línea de indigencia. Las propuestas de U×P, UCR, CC, HCF, se consensuaron con las siguientes delimitaciones, salvo el FITU, que se abstuvo.

UP, con dictamen de mayoría, pidió que no se tocara el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) para pagar las deudas de las cajas provinciales ni los juicios dictaminados, pudiéndose recurrir a impuestos como el IVA, impuesto PAIS. Su propuesta fue que la movilidad se disponga en base al RIPTE e IPC, el más elevado. La diferencia que hubiera entre ambos se pagará solo un 50% semestralmente. También como UP, los otros partidos y coaliciones aceptaron la propuesta de aumentar un 8% por la inflación del mes de enero, cediendo UP su propuesta inicial de un 20%.

El dictamen acordado tiene como objetivo llegar a un costo fiscal de apenas 0,43 % del PBI para quitarle argumentos al Gobierno sobre el alcance de la medida, frente a la amenaza de Milei de vetarla si entorpecía su política de ajuste sobre el déficit fiscal (Página12, 5/6/2024). Para el oficialismo estaba claro que, una vez conseguido el quórum y si avanzaban los acuerdos entre los bloques, la aprobación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria significaría una fuerte derrota para el Gobierno, que ancló su proclama contra el “déficit fiscal”, en el que el mayor peso del ajuste recayó sobre los haberes de jubilados y pensionados (ídem).

Para defender el dictamen, la UCR apeló al trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) -que sostiene que el costo fiscal del proyecto dialoguista es del 0,43 % del PBI- que trazó la "factibilidad" del cálculo de su bloque. "Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad", aseguró y llamó a "la sensibilidad del Presidente de la República Argentina (...) para que la persecución de ese déficit 0 no afecte a los jubilados como que el haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor (actualmente de 250.286 pesos mensuales), más 1.09 (un 9 %)”. La Canasta Básica del Adulto Mayor (CBAM), que proponen muchos grupos de jubilados, llegaría a los $ 800.000. Milei-Caputo establecieron el ajuste de los haberes por inflación a partir del mes de abril, o sea luego de la enorme desvalorización que sufrieron desde diciembre cuando la inflación acumulada fue del 76%. La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones fue de un abrupto 35% (Marcelo Ramal, Política Obrera).

La jubilación no proviene del equilibrio fiscal, que es el argumento de los liberticidas, sino de la explotación social, basada en la obtención de una masa de plusvalor por parte de los capitalistas. El dictamen entra dentro de esta lógica liberticida de plantear el déficit fiscal a partir del ajuste sobre el sistema previsional y no sobre las ganancias capitalistas, que incluye a peronistas, radicales, macristas y libertarios. De esta manera acuerdan los bloques patronales en sostener el falso superávit fiscal con el saqueo a los jubilados para “reducir impuestos” a los empresarios.

El sistema previsional fue vaciado gracias a los “subsidios” que recibieron los patrones al precarizar a la mitad del proletariado (aportes, cargas sociales) y a la producción que generan en esa condición (no se declara y no se paga impuestos), lo que constituye el mayor desfalco de la historia de las arcas públicas.

La “sustentabilidad” de los recursos necesarios para llevar a los jubilados a una jubilación de indigencia -nuevamente votada en el Congreso- es la aceptación del ajuste liberticida e implica la complicidad con la misma de los bloques patronales opositores. Es una declaración de parte de quienes reconocieron que la inflación se producía por los aumentos salariales y de las jubilaciones y que el ajuste contra el pueblo sería “necesario”.

Existe una posibilidad de que el bloque que aprobó la media sanción alcance los dos tercios para presionar al gobierno a aprobar el dictamen, en caso de ser vetado. Para eso necesita el apoyo de aquellos que se abstuvieron...

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