La ley previsional posterga el pago de sentencias judiciales
Escribe Luciana Diaz
Hay 200.000 reclamos judiciales y 80 sentencias que no se cumplen.
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La ley que votó la oposición para “recomponer” las jubilaciones y mantenerla bajo niveles de indigencia también regula el pago de los juicios con sentencia firme y el giro de los fondos para las cajas provinciales por parte del Ejecutivo.
Hay más de 200.000 juicios de jubilados que reclaman la correcta liquidación de sus haberes y poco más de 80.000 que tienen sentencia firme. El año pasado la Corte Suprema emitió un fallo para obligar a la ANSES a hacerse cargo de los costos judiciales en los juicios perdidos. De esta manera trató de limitar las apelaciones infinitas que hacían durar años los juicios. Como además el gobierno de Milei redujo el presupuesto destinado al pago de los fallos un 40 % en términos reales, la ANSES aumentó al extremo la mora de esas liquidaciones –que ya era escandalosa desde el gobierno de Cristina Kirchner-. A esto se suma que cuando se concreta el pago, no responde a lo que establece la sentencia, por lo que deben realizar un nuevo juicio. En muchos casos los jubilados fallecen con un juicio ganado que no pudieron cobrar nunca.
La ley, que tiene media sanción y que Milei ya declaró que va a vetar, le da 6 meses de plazo a la ANSES para realizar el pago, prorrogables por otros 6 meses más. La ley previsional, que está en vigencia y no se cumple, establece 120 días de plazo.
Las cajas provinciales
La ANSES dejó de enviar el dinero que correspondía a las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas y que pertenecen a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Por esto, hasta ahora en lo que va del año, el déficit de las cajas se estaba cubriendo con fondos provinciales que replican el ajuste de Milei o lo empeoran.
En el mejor de los casos las jubilaciones de esas provincias están atadas al salario en ejercicio, que corre muy atrás de la inflación, pero además algunos gobernadores encontraron la manera de hacerle pagar el déficit a los mismos jubilados. Es el caso de Córdoba por ejemplo. A los jubilados que cobran 6 jubilaciones mínimas se les realiza una quita del 20 % de sus haberes en concepto de “aporte solidario”. Como la mínima es una miseria de 110.000 pesos y hay jubilados que cobran jubilación y pensión, a todos los que llegan a los 660.000 pesos se les aplica el descuento del 20% que implica una segunda confiscación. La primera confiscación es la actualización que en algunos casos no llega ni al 50 % de la inflación y por lo tanto, implica una reducción en términos reales.
La ley votada en diputados restablece esos fondos a cargo de la ANSES que de todas maneras ya estaban establecidos en otra ley, y que ya estaban por demás desactualizados. Milei puso el grito en el cielo por este “atentado fiscal”, pero para un gobierno incumplidor serial de leyes y acuerdos, representa la nada misma.
Lo que no hay que perder de vista es que el FMI, quien últimamente presume tener más preocupación por las consecuencias sociales del ajuste que los liberticidas, sigue al acecho de esas cajas previsionales para pulverizar esos haberes a los mismos niveles de indigencia que las jubilaciones de la ANSES.
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