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Hace dos semanas, la justicia brasileña pidió informes al gobierno argentino sobre el paradero de 143 brasileños prófugos, condenados por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023. El mismo requerimiento fue planteado ante el portavoz Adorni casi diariamente sin obtener respuesta.
La canciller Mondino se tomó 10 días para contestar que 86 bolsonaristas son los que se encuentran en el país y que pidieron asilo político ante el CoNaRe, que es el ente que se encarga de conceder o rechazar el estatus de refugiado.
El gobierno nacional negó tener "un pacto de inmunidad" con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para conceder refugio a los golpistas. Obviamente, es una mentira. Bolsonaro es el aliado principal de Milei a nivel continental y se encuenttra procesado por tentativa de golpe de Estado y por delitos comunes, como apropiación de patrimonio estatal.
El gobierno argentino ya ha empezado su trabajo de impunidad, bajo el pretexto de derivar la decisión de extradición al Poder Judicial. Sin embargo, la CoNaRe funciona en el ámbito del Ministerio del Interior, integrada por comisionados que son designados por el Ejecutivo. Hay dos veedores de organismos Internacionales que tienen voz sin voto. Esto le permite la dilatación permanente. Mientras denuncia, en Argentina, como golpistas a luchadores populares, Milei exime de cargos a golpistas brasileños efectivos, que no son más que bandas fascistas.
Los vínculos con Milei
Los vínculos de Milei con Bolsonaro son públicos y manifiestos. El hijo del brasileño, el legislador paulista Eduardo Bolsonaro, brindó una conferencia el pasado 30 de mayo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados en Buenos Aires, donde solicitó “asilo político” en Argentina para el grupo de golpistas exiliados. El encuentro fue organizado por la diputada libertaria Maria Celeste Ponce.
Además, Fernando Cerimedo –asesor digital de Milei y dueño de la “Derecha a Diario”- está procesado en Brasilia por organizar las “milicias digitales” que colaboraron con el asalto del Palacio de Planalto.
El juez Moraes lo acusa a Cerimedo de dirigir una organización criminal que se encargó de diseminar desinformación sobre un presunto fraude en las presidenciales de 2022 en Brasil, para invalidar la ajustada victoria del presidente Lula da Silva ante Bolsonaro, y así “viabilizar y legitimar” una intervención militar que mantuviera al ultraderechista en el poder.
Los golpistas
Los 143 golpistas que se dieron a la fuga se hallaban con pulsera electrónica esperando el término del juicio en sus domicilios. Al momento de conocer la condena –en la cual les dieron de 10 a 17 años de prisión– se quitaron las tobilleras al unísono y salieron del país con la complicidad de la Policía Federal brasileña.
Se sospecha que alrededor de 100 llegaron ilegalmente a la Argentina mientras que el resto se fugó a Uruguay y Paraguay. Un par fue visto dando notas televisivas, muy tranquilamente, en la Plaza de Mayo.
La sincronicidad, la complicidad de las fuerzas de seguridad brasileñas y argentinas y la logística para escaparse y asentarse en el país apuntan a un plan organizado centralizadamente. La internacional de derecha no solo se reúne para hacer simposios y llegar a puntos en común ideológicos, sino que realiza acuerdos prácticos. No es nuevo. El gobierno de Mauricio Macri colaboró con armas en el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia.
Párrafo aparte merece lo actuado por el gobierno de Lula. Cuando se produjo el intento de golpe, había 34 campamentos bolsonaristas en las puertas de los cuarteles reclamando la actuación del ejército, que se mantuvo mayormente inmóvil, para un lado y para el otro. Esta inacción militar no fue debidamente condenada, como tampoco fueron arrestados in fraganti los golpistas que acampaban.
Las condenas y los arrestos corrieron por cuenta del ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien es el único que parece tener alguna decisión política al respecto.
En ese sentido, mientras Lula solo atinó a reimplementar la “Bolsa Familia” para asistir a los más de 30 millones de indigentes que tiene Brasil, la mayor parte de las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno de Bolsonaro, como la reforma laboral, siguen en pie.
Si la derecha avanza es por gracia de la inacción de los populares y nacionales o la ayuda lisa y llana de los yuanes comunistas.
