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En la primera jornada del juicio oral por el atentado criminal contra la expresidenta, Fernando Sabag Montiel, uno de los tres detenidos por el intento de magnicidio, se asumió como el único responsable del crimen. Los otros dos detenidos, Brenda Uliarte y Montiel se enfrentan a un juicio por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. Nicolás Carrizo, por otra parte, fue señalado como un partícipe secundario.
En su extenso alegato, Montiel sostuvo que: “La quería matar [a Cristina Fernández] por muchas cosas. Porque llevó a la Argentina a la inflación y yo en lo personal me sentí humillado de haber sido una persona que tenía un buen pasar económico a ser un vendedor de copitos”. Montiel aseguró que el atentado tuvo "un fin personal" y no para "beneficiar a ningún sector político".
Montiel, sin embargo, no pudo sostener una línea coherente en este punto de su relato. Aseguró inmediatamente que Carrizo y Uliarte recibieron plata “para grabar la premeditación de dos o tres personas. Hicieron contrainteligencia para embarrar la cancha”, a lo que luego agregó que “les pagaron para autoincriminarse".
Para los abogados querellantes de Cristina Krichner, el alegato de Montiel derrumbó una imagen creada “de Sabag como un loquito o como una persona que no entendía lo que estaba haciendo”, ya que "estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo y de las consecuencias, y comprendía todo lo que le decíamos y lo respondía en profundidad y sin irse del tema". Agregaron además que "está la cuestión de Milman y las dos mujeres que trabajaban con él, cuyos teléfonos se destruyeron en las oficinas de Patricia Bullrich".
La destrucción de pruebas ha sido una constante desde el día del atentado. El celular de Sabag Montiel fue destruido unas semanas después de que fuera detenido, cuando el dispositivo se encontraba en manos de las fuerzas de seguridad. Montiel ya había declarado previamente sobre lo sucedido con su celular, en la misma línea que declaró en estos días: “lo destruyeron”, aseguró, con el fin de “generar dudas” sobre supuestos lazos con Revolución Federal y el diputado del PRO Gerardo Milman. “Cristina Kirchner pagó para romper su celular”, sostuvo. Al día siguiente del atentado, el teléfono de Montiel fue enviado a la sede de la PSA para desbloquearlo, pero un peritaje en Gendarmería estableció posteriormente que el aparato fue reseteado de fábrica cuando el equipo ya estaba en poder de la PSA. Un policía bonaerense y los dos miembros de la PSA quedaron imputados por el hecho.
Otros celulares cuya información fue eliminada fueron los de el diputado del PRO Gerardo Milman, quien vació su contenido y el de los celulares de sus secretarias en las oficinas de la actual Ministra de Seguridad y entonces precandidata presidencial, Patricia Bullrich, de la cual Milman era jefe de campaña.
Los jueces del tribunal oral, sin embargo, resolvieron dejar de lado las pistas que promueve Cristina Kirchner acerca de los posibles vínculos entre Montiel y el diputado de Pro Gerardo Milman y también con el grupo de libertarios de Revolución Federal. Sí mandaron a investigar, en cambio, las cámaras y los registros de las modulaciones policiales del día del atentado. Es que, una línea de investigación que la querella de CFK boicotea, es la de las propias fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia. De la investigación se desprendió que hubo un intento de asesinato previo al día en que se instalaron las vallas frente al departamento de CFK, que los ‘copitos’ tenían vínculos con una vecina del edificio donde vive la expresidenta, y que ésta los tenía con sectores de Comodoro Py. Ninguna fuerza de seguridad y espionaje estatal se había anoticiado de semejante entramado, ni de las actividades de inteligencia de los “copitos” los días previos al atentado; lo que se suele llamar una zona liberada. Los servicios de inteligencia, además, suelen tener lazos fluidos con los grupos fascistas financiados por empresarios que existen en el país.
El perito que borró los teléfonos de las secretarias de Milman, por otra parte, fue recientemente nombrado como director de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el Ministerio de Seguridad. Algunos de abogados de los acusados, por otra parte, son asesores de un senador del PRO que ocupa un cargo en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Seguridad, uno, y abogado defensor de integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba bajo las órdenes de Silvia Majdalani en la AFI durante el gobierno de Macri, otro.
Todo el entramado de servicios de inteligencia, fuerzas represivas y dirigentes políticos de la burguesía se encuentran entrelazados de distintas maneras y en las sombras con el juicio oral en desarrollo.
Casi 300 personas están citadas a declarar. El juicio oral continuará el próximo miércoles.
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