Jubilados: el pago (no tan) “inmediato” de los juicios por reajuste encubre una nueva confiscación

El gobierno liberticida ha anunciado con bombos y platillos que acelerará el pago de los juicios por reajuste de haberes a aquellos jubilados que tengan sentencia firme. Aunque la ley previsional establece 120 días para la ejecución de sentencias confirmadas, ese plazo no se cumple porque se destina una partida especial para el pago de los juicios, que nunca alcanza para afrontar la totalidad sino muchas menos, mientras el resto continúa postergándose.

Ahora, según el gobierno, el reajuste se liquidará en forma automática, sin necesidad de proseguir con nuevos trámites. Pero detrás de este anuncio, sin embargo, se oculta una nueva confiscación.

Actualmente, la ANSeS tiene 270.000 juicios en trámite, de los cuales sólo entre 80 y 90 mil tienen sentencia firme. A estos, dice el gobierno, el pago del reajuste no será inmediato sino que se completará recién en agosto o septiembre del año próximo (El Cronista, 7/7). Al resto le espera todavía un largo itinerario judicial hasta que la Corte resuelva, algo que puede demorar incluso décadas. Por lo pronto, la Corte ha dejado de pronunciarse en relación a reclamos que tienen fallos de segunda instancia y podrían tener gran alcance pero fueron apelados por la ANSeS. La ´normalización´ excluye, por lo pronto, a dos tercios de los jubilados que iniciaron demandas. La cifra de demandantes, por otro lado, se acrecienta todos los años.

Hay otro gato encerrado en este “generoso” anuncio: el pago de los reajustes de haberes —que, según el cálculo oficial, representa apenas el 0,3% del gasto previsional mensual de la ANSeS— será disociado del pago del retroactivo acumulado por la mala liquidación. "El retroactivo te queda pendiente, no es que lo perdés", dice Mariano De Los Heros, director de la ANSeS, con alegre hipocresía: no hay cronograma para la liquidación del retroactivo.

La maniobra de disociar el reajuste y el pago del retroactivo —que hasta ahora se liquidaban de manera conjunta— arroja el siguiente resultado: una reducción de la partida destinada al pago de las sentencias, que sería incluso inferior en términos reales al presupuesto ejecutado en 2023 con ese fin.

De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), citada por Clarín (9/7), la modificación presupuestaria de la ANSeS para pagar deudas previsionales aumentó el 38% versus una inflación en el semestre del orden del 90%. “La interpretación de los especialistas es que para el Tesoro Nacional es mayor el ahorro fiscal de seguir “pateando” el pago de retroactivos que el gasto que implica reajustar sólo el haber previsional de los que tienen sentencia firme” (ídem). Este anuncio para los “abuelos” promete un incremento de la litigiosidad: “Los jueces previsionales de la seguridad social dicen que es ilegal esa separación entre pago del haber y del retroactivo” (ibidem).

Los jubilados se han convertido en el pato de la boda del recorte libertario. La licuación de los haberes jubilatorios ha sido, hasta ahora, una de las principales variables de ajuste que aplicó el Gobierno para reducir el “gasto fiscal”. Según detalla la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en estos seis meses el gasto total cayó un 29% real interanual. “Un tercio de esa caída se explica por la licuación de los haberes jubilatorios, ya que mientras la inflación en este período corrió al ritmo del 276,8% interanual, los haberes promedio caminaron por detrás con una suba del 163,3%” (La Nación, 8/7). Se estima que el poder de compra de las jubilaciones retrocedió entre 19% —entre quienes cobran la mínima— y 30% en el caso de quienes no cobraron el bono de $70 mil pesos que el gobierno otorga discrecionalmente y mantiene congelado desde marzo a los haberes más bajos de la pirámide.

El “Pacto de Mayo” selló el compromiso de Milei y los gobernadores de dar paso a “una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”. En criollo, significa el retorno de las AFJP: una jubilación asistencial a cargo del Estado, devengada de los aportes de los mismos trabajadores a través de las cargas sociales o del pago de impuestos, y una “cuenta de capitalización” para quienes cobren salarios que se lo permitan, aunque sin garantía de que ello represente a futuro un ingreso adecuado.

El gobierno liberticida amenaza a los jubilados con su exterminio.

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