Escribe Daniel Blanco
Se debate una nueva Marcha Federal Educativa.
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El 8 de julio y el 10 de julio, pasados, se reunieron los plenarios de secretarios generales de las asociaciones pertenecientes a la CONADU y a la CONADU H respectivamente.
En ambas instancias, frente a la falta de respuesta de parte del gobierno a los reclamos salariales, decidieron paro a partir del 12 de agosto y no iniciar las clases del 2° cuatrimestre. CONADU H extendería la medida hasta el 17 – o sea 6 días de paro-. En cambio, CONADU la extendería hasta el 14 (3 días de paro). En esta federación un sector interno agrupado en la FAB (Frente de Asociaciones de Base) se declaró partidario de extender la medida también hasta el 17 de agosto.
En el caso de la CONADU H se resolvió realizar un nuevo plenario de secretarios generales antes de esa fecha, dando margen para que todas las asociaciones puedan realizar asambleas y plenarios para darle impulso y organización a las medidas de fuerza. En el caso de la CONADU, ya adelantaron que luego del 17 de agosto convocarían a una nueva instancia plenaria y, si no hay repuesta, resolverían la continuidad de la lucha.
Ambas confederaciones debaten la convocatoria a una nueva Marcha Federal Educativa.
En el caso de la FATUN, la federación que agrupa a los trabajadores no docentes, ya adelantó que, si no hay una recomposición salarial, también se sumaría al no inicio. El derrumbe de los salarios supera el 50 %; es el factor fundamental que motoriza la reacción de la docencia y de los trabajadores no docentes.
En este marco se está creando un escenario de huelga general educativa y de una nueva irrupción de masas como la que se expresó el 23 de abril pasado.
En aquella oportunidad, las dirigencias de las federaciones docentes le cedieron la dirección de la convocatoria de la Marcha Federal Educativa a los Rectores de las distintas universidades publicas del país.
La irrupción del 23 abril, que llegó a reunir a alrededor de un millón de manifestantes en todo el país, fue un duro golpe político al gobierno, que lo obligó a maniobrar y echar lastre, negociando con los rectores un aumento presupuestario para cubrir los gastos mínimos de mantenimientos, dejando los salarios docentes y no docentes, que constituyen el 90 % del presupuesto universitario, para que sean resueltos en paritarias. Hasta el día de hoy, esas paritarias nada han resuelto, mientras el proceso inflacionario sigue hundiendo el poder adquisitivo de los salarios.
Los rectores y decanos, a partir del 23 de abril, se han limitado a administrar la miseria, colaborando de este modo con la asfixia presupuestaria de Milei: impulsan cupos por materia, recortes de horarios y comisiones, incluso la virtualización y el arancelamiento de cursos. Esto implica avanzar, en los hechos, en el vaciamiento de la universidad.
Las direcciones de las distintas federaciones aparecen fragmentadas. Los sectores más conciliadores con las políticas de los gobiernos pierden terreno frente a los sectores que formulan planteos más combativos.
En este cuadro, una cuestión central es impulsar la unidad con los trabajadores no docentes y con el movimiento estudiantil, que ya dio muestra de su disposición a movilizarse el pasado 23 de abril y debe ser ganado a que se sume a esta nueva instancia de lucha, pues ellos también son víctimas de la política de vaciamiento educativo de Milei y todos sus socios políticos y las camarillas rectorales.
La tarea de los delegados y las direcciones combativas de las asociaciones de base y del conjunto del activismo que despierta dispuesto a la lucha, es agruparse y actuar coordinadamente.
Por un plenario nacional de delegados y luchadores de base. Por asambleas que discutan a fondo la situación, las reivindicaciones y la organización de los paros resueltos y que voten la concreción de la nueva Marcha Federal Educativa.