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Es de público conocimiento el discurso del gobierno liberticida con respecto a reforzar el aparato represivo. En esas tratativas se inscriben el proyecto para reducir la edad de imputabilidad, reduciéndola de 16 a 13 años, la puesta vigencia del nuevo código de procedimientos federal, el protocolo antipiquetes y la reforma de la AFI (que ahora vuelve a llamarse SIDE), entre otras iniciativas.
Estas pretensiones, sin embargo, han generado cortocircuito entre quienes deberían llevarlas a cabo. Desde la Corte Suprema de la Nación manifestaron que el Servicio Penitenciario Federal no tiene las plazas necesarias para albergar eventualmente a menores de 16 perseguidos por la comisión de algún delito. Sólo 15 provincias cuentan con estos establecimientos. En las otras, son destinados a las dependencias provinciales donde pasan su vida intramuros. Estas últimas se encuentran abarrotadas de gente. En el caso de CABA, se reporta que los privados de su libertad duplican los espacios disponibles. En la provincia de Santa Fe, se han relevado las situaciones más apremiantes desde la pandemia, obligando a interponer habeas corpus colectivos para “sanear” la situación.
De todas formas la crítica de los magistrados no apunta a que esta orientación es regresiva en términos de derechos y demás. La baja de la edad de imputabilidad es inconstitucional por donde se la mire, ya que es una regresión de lo reconocido en los pactos internacionales que el Estado argentino suscribió oportunamente. Nada de esto se presenta, sino que ponen el grito en el cielo por sus propios intereses. Esto sugiere dos cuestiones: primero, aseguran que el delito de menores aumentará. Admitir esto sin decirlo es considerar que las condiciones de vida empeorarán aún más, y que una de sus expresiones será un aumento de la tasa de delitos (principalmente, contra la propiedad).
Por otro lado, los jueces son responsables por las condiciones de encarcelamiento adonde destinen a los condenados. En otras palabras ponen su pellejo personal y el desempeño en sus funciones en la picota al ordenar la prisión de personas cuando no cuenta con lugar para ello. Por lo pronto, el gobierno liberticida quiere zanjar esta cuestión con la finalización de algunas cárceles federales, como en el caso de la de Coronda, Santa Fe. La obra pública, que fue cortada de cuajo por Milei al inicio del mandato, encontraría su excepción para construir los contenedores de personas que son las prisiones. Recién en la última semana es que la ministra Bullrich aumentó el presupuesto destinado para los alimentos de cada privado de su libertad, que hasta entonces almorzaba y cenaba por $2.500 diarios.
El gobierno liberticida, el Poder Judicial y los mandatarios provinciales tendrán sus diferencias y contradicciones en relación a los intereses que defienden y gestionan. Pero si de imponer toda la prepotencia del Estado se trata, no hay fisuras.
