La “patria no se vende”, pero se comisiona

En el marco de la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por malversar fondos públicos, se han publicado abultadas conversaciones de su ex secretaria María Cantero y su esposo Martínez Sosa -productor de seguros sindicado como beneficario de tráfico de influencias en la cúpula del gobierno anterior -que comprometen tanto a Fernández como a más de una decena de funcionarios de su gobierno. Entre otros, son mencionados Sergio Massa y Santiago Cafiero.

La operatoria por la que Fernández ha sido imputado consistió en direccionar la contratación compulsiva de seguros de parte de diversas dependencias gubernamentales nacionales hacia la empresa estatal Nación Seguros, que conllevó el pago de millonarias comisiones a una camarilla de agentes intermediarios que se beneficiaron con este monopolio durante todo el gobierno de Fernández y buena parte del gobierno de Milei, durante el cual se siguieron pagando esas comisiones. En las conversaciones filtradas, se muestran extensos indicios de que la ex secretaria de Alberto Fernández operaba sistemáticamente para favorecer estas contrataciones, atravesadas por favores personales o incluso el intercambio de regalos suntuosos. En este entramado han quedado expuestos como partícipes tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, como facilitadores para que el bróker Martínez Sosa se hiciera de las contrataciones en ciertos organismos estatales. De igual manera aparecen involucrados otra serie de altos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández como Gabriel Katopodis (actual ministro de producción de Kicillof), Juan Manuel Olmos, Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, Cecilia Todesca, Matías Kulfas y Jorge Taiana, entre otros.

Ercolini

El juez a cargo de esta investigación es Julián Ercolini, un viejo amigo de Alberto Fernández, de la “casta judicial”, pero también, uno de los apuntados por otro escándalo, el de la reunión secreta y también filtrado de Lago Escondido en los pagos de Joe Lewis. En el medio de esta investigación a Alberto Fernández que arrancó desde fines del 2023, el peronismo en todas sus vertientes y la propia CFK no han encontrado en el episodio otra muestra del “lawfare” ni por asomo y, por lo tanto, le han soltado la mano completamente a Alberto Fernández. De esta forma, admiten responsabilidad en este negociado millonario, pretendiendo que sea absorbido por el defenestrado Alberto, que por sus propias acciones ya no tiene margen alguno para la defensa. Pero un enfurecido Alberto podría destapar nuevas ollas de corruptelas. De nuevo, están comprometidos toda una serie de dirigentes que afectarían drásticamente las posibilidades de un relevo peronista al libertario hacia las elecciones del 2027. En la filtración de los chats se ha colado otra operación, la que involucra al ex presidente en presuntos casos de violencia de género contra su esposa. La intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza, ya emitió su juicio contra Alberto y de forma pública: “Es un hombre que no respeta a las mujeres”. No dijo nada al respecto, sin embargo, en los cuatro años de su gobierno.

El diario La Nación difunde que Martínez Sosa recibió por estas comisiones, durante el periodo de 2020 y 2024, en las que pasó de gestionar los seguros de dos organismos a 18, la cifra de $366.635.744. Entre las dependencias que contrataban al Nación Seguros se encuentran el Banco Central, la Universidad de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes, Vialidad, la Casa de la Moneda, Corredores Viales y cuatro ex ministerios (Ambiente, Relaciones Exteriores, Seguridad y Turismo). Uno de los más voluminosos fue el de Gendarmería Nacional. Pero en la nómina de beneficiados aparecen otros agentes de seguros con vínculos que llegan hasta el PRO y Mauricio Macri, como es el caso de Pablo Torres García. Esto explicaría varias cosas, como es el estruendoso silencio con el cual tanto libertarios como macristas o radicales han respondido a este tema. Como ha sucedido con el reparto de tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense, en el control de las llamadas “cajas negras” de los partidos patronales, entre bueyes no hay cornadas. Para favorecer la contratación al Nación Seguros, Alberto Fernández emitió un decreto que sigue vigente a la fecha. Es decir, no fue parte del mega DNU ni de la reciente “reforma del Estado” de Milei y Sturzenegger. Muchos de los funcionarios del Nación Seguros permanecieron un largo tiempo en funciones una vez asumido Milei o continúan haciéndolo.

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