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El miércoles 14 se trataría en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que declara a la educación como un “servicio esencial” para que obtenga media sanción. El dictamen aprobado en la comisión de educación fue impulsado por su presidente, Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Macri. Acompañan legisladores libertarios, de la UCR, Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal.
El proyecto busca regimentar el derecho a la huelga, modificando el artículo N°3 de la Ley de Educación Nacional (LEN) para incorporar allí la creación de un "Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias". El Inciso C de ese artículo prevé mecanismos para garantizar las guardias en caso de "medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente o no docente". Estipula que se deberá garantizar un mínimo de personal del 30% en medidas de fuerza que duren 1 o 2 días, mientras que el porcentaje se elevará al 50% cuando superen los 3 días. Faculta a los directores de las instituciones educativas para definir quienes estarán obligados a cumplir las “guardias mínimas”, un esquema arbitrario y autoritario. Finocchiaro divulgó por los medios que, con este proyecto, durante una huelga docente “vamos a poder presentar abogados para meter un amparo obligando inmediatamente a abrir la escuela”. Lo “esencial” es obstaculizar la lucha docente, especialmente cuando esta se desarrolla por fuera de los márgenes de la burocracia sindical, como sucedió con la huelga docente de Misiones.
Esta modificación no es legal porque omite que, de acuerdo a Ley de Régimen Laboral, la incorporación de una nueva actividad como "servicio esencial" debe ser decidida por una comisión independiente actuando bajo dos supuestos. Uno: cuando la interrupción de la actividad por huelga pusiera en riesgo "la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población". Dos: cuando la actividad fuera catalogada como de "importancia trascendental" en función de los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales excluyen precisamente a la educación.
El proyecto, además, establece que es obligatorio “el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase” con independencia de las huelgas docentes. Que se trabaje en las escuelas bajo condiciones de insalubridad fue el clamor de las patronales durante la pandemia cuando estaba exactamente en peligro la vida, la seguridad y la salud de la población; pero como también lo estaban las ganancias, había que recuperar la “normalidad”. Fuera de la pandemia, un escape de gas ya se había llevado la vida de Sandra y Rubén en una escuela de Buenos Aires cuando María Eugenia Vidal era la gobernadora. Recientemente, un niño murió al caer en un pozo ciego en una escuela de Salta. Los “liberticidas” y sus socios quieren “guardias mínimas” para establecimientos que son trampas mortales en nombre del “derecho a la educación de los niños”. Son estafadores de baja calaña.
Que este proyecto avanzara para su votación en el Congreso Nacional se conocía desde antes del receso invernal escolar. La CTERA escribió varias declaraciones rechazándolo, sin que ello disuadiera a sus artífices de darle curso. Bloquear las huelgas docentes es una herramienta más para que los liquidadores de la educación pública avancen, no solo en la pulverización del salario docente, sino también en sus “reformas” de privatización para su alineamiento completo con las necesidades empresariales que no son el conocimiento integral y científico sino las “habilidades blandas” que es como se llama a las cualidades dóciles que el trabajador debe adquirir para avenirse a una mayor precariedad laboral.
La inminencia de votación no ha modificado este escenario de inmovilismo de la CTERA. En estas condiciones, solo un paro de advertencia seguida de una huelga general hasta el retiro de este proyecto puede apuntar a combatir esta provocación contra la docencia.
Los sindicatos independientes de la burocracia (AMSAFE Rosario, UEPC Córdoba Capital, SUTEBAs Tigre, Bahía Blanca) han exigido un “paro nacional de CTERA, con el comienzo de un verdadero plan de lucha, para el 14/8 o el día que se trate la ley”. En caso de que no haya una medida de CTERA, anunciaron para el día que se trate el proyecto “una jornada de lucha nacional con paros, movilizaciones y actos en Plaza Congreso y las provincias”. ADEMYS ya ha resuelto convocar a un paro.
Es urgente, entonces, la convocatoria a asambleas docentes para discutir, preparar esta jornada de lucha y un plan para su continuidad. La docencia discutirá este atropello cuando una parte importante de ella, como en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, se encuentra defendiendo el salario ante gobernadores que, complementariamente, apoyan este nefasto proyecto o pretenden imponer otros ataques a las huelgas con falsos “presentismos” como es el caso de Neuquén. También cuando la docencia universitaria haya arrancado con un no inicio de clases. Preparemos una gran huelga nacional educativa.
