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El Obispado de Zárate-Campana anunció hoy el apartamiento del cura Javier Olivera Ravasi de su residencia en aquella diócesis. Hijo del represor Jorge Olivera, se lo considera el "cerebro" detrás del encuentro que mantuvo una delegación de legisladores de LLA con los represores detenidos en la cárcel de Ezeiza. Su militancia a favor de los genocidas es pública, con fuerte predicamento en las redes sociales (su canal de YouTube reúne más de 400.000 seguidores). Tras las denuncias del operativo de impunidad, que lo tenían como articulador y protagonista, y del pronunciamiento del papa Francisco a favor de la “memoria y la justicia”, se le canceló el permiso de residencia temporal que venía extendiendo desde 2019. Su labor proselitista tenía por sede la capilla del barrio privado San Benito, de Ingeniero Maschwitz. Olivera Ravasi no fue "echado" de la Iglesia, sino que seguirá "incardinado" (vinculado de manera permanente) a la Diócesis de San Rafael, Mendoza, aunque esto no significa necesariamente tampoco que se repliegue a aquella provincia. También la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado distanciándose de Olivera Ravasi, aunque puertas adentro se recuerda que “visitar a un preso es un mandato evangélico” y aunque “tal vez la difusión de la foto del encuentro fue imprudente” y las reacciones pidiendo sanciones al cura son “exageradas” (La Nación, 15/8).
Olivera Ravasi es señalado, según una rigurosa reconstrucción publicada por Luciana Bertoia en Página/12 (8/8) como el coordinador de una operación política que involucra, además de los seis diputados "libertarios" que concurrieron a Ezeiza, a Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Martín Menem, a excamaristas, personal del Servicio Penitenciario y abogados de los represores. También revela contactos y visitas previas, los alcances del proyecto legislativo que estaban pergeñando para beneficiar a los exmilitares detenidos y hasta el comunicado de prensa que tenían previsto difundir. Las gestiones no se han detenido, a pesar del impacto popular de la denuncia. Por lo pronto, más allá de que el tema haya sido desplazado de los titulares por las golpizas de Alberto Fernandez a la ex Primera Dama Fabiola Yáñez, los bloques parlamentarios se ocuparon de poner paños fríos. La excarcelación de los genocidas e incluso la posibilidad de alguna variante de indulto o prescripción ha sido colocada en la mesa de discusión con las Fuerzas Armadas. A mediados de marzo pasado, Olivera Ravasi publicó en su cuenta de X: “Si quieren a los militares argentinos en las calles de Rosario: 1) Indulten a los ancianos militares o anulen los falsos juicios de lesa humanidad, 2) Reparen la venganza kirchnerista que lleva más de 20 años contra los jóvenes militares que cumplían órdenes y 3) Anulen la ley de defensa de la democracia que lo impide. Si no, no la ven”.
Olivera Ravasi ahora tiene un nuevo aliado en la Secretaría de Culto: acaba de ser nombrado en ese cargo Nahuel Sotelo, un católico “ferviente” que pide una “historia completa” de la dictadura y es seguidor de Jair Bolsonaro.
