Diputados: media sanción a la “esencialidad educativa”

En horas de la madrugada de este jueves, con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara a la Educación “servicio estratégico esencial”, con el propósito de limitar el derecho a huelga de la docencia. Le tocará el turno en pocos días al Senado de tratar la iniciativa.

Impulsado por el diputado del PRO y exministro de Educación de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, el proyecto plantea que, en caso de paro, se deberá organizar un esquema de guardias mínimas obligatorias partiendo de un 30 %, que irá aumentando según se extienda la medida de fuerza en el tiempo. Los votos para su aprobación lo aportaron los diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, Innovación Federal (peronismo de Pichetto), la Coalición Cívica y hasta de Unión por la Patria (la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek). Diputados del Frente de Izquierda-Unidad y la mayoría de UxP votaron en contra. Javier Milei, cuyo bloque propio es minoritario en ambas cámaras, ha logrado avanzar por la colaboración de la “oposición”, otra vez, en su propósito antiobrero. El gobierno nacional ha eliminado la paritaria nacional docente, quitó el FONID y redujo partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de las escuelas públicas. Eso sí, para los subsidios a las escuelas privadas y los vouchers para pagar las cuotas de los colegios, sí “hay plata”.

Los que defendieron la media sanción basaron sus intervenciones en culpar a la docencia que lucha por la crisis educativa actual. Responsabilizaron a los paros docentes de falta de comprensión lectora de los estudiantes cuando es absolutamente al revés. Los gobiernos de turno han sido los responsables de la debacle mediante la implementación de diferentes reformas antieducativas, reduciendo el salario de los maestros, desinvirtiendo en materia de infraestructura escolar, etc. Actualmente todos los días se pierden clases por falta de luz, gas y por el estado catastrófico de los edificios escolares. La demagogia de que les importa que los chicos “no pierdan días de clase” es para la tribuna. Los diputados citaron las cifras alarmantes de pobreza de niños y adolescentes de las cuales son responsables todos los gobiernos y pretendieron enchufarles a los docentes la responsabilidad.

Alejandro Finocchiaro fue aún más a fondo en su intervención, cuando planteó que hay que "revisar las licencias" y eliminar cargos. Vienen por una contrarreforma educativa en toda la línea. La impostura de los "preocupados por la educación" es completa, porque tampoco con la aprobación de la ley se garantizará el derecho a la educación, ya que una guardia del 30 % del personal docente se revelará incapaz de dictar clases con normalidad. El Gobierno y sus aliados conciben a la escuela como una guardería.

Quien dejó en claro la intención de la ley fue la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, responsable política del asesinato laboral de Sandra y Rubén por la explosión de una escuela en Moreno, cuando explicó que la ley es para combatir la “extorsión de los gremios”. Para la clase capitalista cuando los trabajadores luchan por sus reivindicaciones están cometiendo un delito. El objetivo no es otro que impedir que la docencia ejerza su derecho a la protesta.

Otro argumento de los que votaron a favor fue que esto se aplicaría cuando los "paros sean políticos", como si algun paro no lo fuera. El Estado pretende atribuirse la justeza o no de una medida de fuerza que es decidida por los docentes contra el mismo Estado. Es un reforzamiento de un régimen que se encamina hacia el establecimiento de un Estado policial. La huelga es un método histórico que la clase obrera utiliza cuando lo cree necesario, sin necesidad de pedirle autorización al Estado e incluso a los burócratas sindicales de turno.

El otro ángulo que utilizaron fue el de presentar a la huelga y a la educación como derechos contrapuestos. Si se garantiza uno (la huelga) se bloquearia el otro (la educacion). La estafa es monumental porque el derecho a la protesta es la madre de todos los demás derechos. Sin la chance de ejercer ese derecho los demás quedan subordinados. La aprobación de la media sanción habilita que más ramas de la producción sean consideradas “esenciales”.

La colaboración de los distintos espacios políticos no se limitó solamente adentro del Congreso. La CTERA -principal sindicato nacional docente-, a pesar de que hay más de cinco provincias en conflicto, se negó a convocar a un paro nacional y a movilizar a la docencia al recinto para impedir la media sanción de la ley. Improvisaron un “acto” de aparato, siempre respetando el protocolo antiprotesta de Bullrich, que duró una hora y se retiraron cuando la policía comenzó a reprimir a docentes que se manifestaban. La CGT se borró olímpicamente. Su medida de “lucha” fue declarar persona “no grata” a Finocchiaro. Una tomada de pelo.