Escribe Sergio Escalas
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El gobierno oficializó la creación del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”. De este modo, lo que hasta hace un mes se presentaba como rumores o el anuncio de puestas en desarrollo finalmente, se confirma, luego de la gran tajada para sus beneficios que las patronales privadas de la educación obtuvieron con la eximición de aportes patronales, por parte del gobierno.
En los considerandos de la resolución difundida por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se plantea que “en el contexto actual, producto de la situación económica heredada, se hace necesario asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones (…) el Artículo 11 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional establece como fines y objetivos de la política educativa nacional asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales; garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.
Lo que venía resonando con fuerza, por parte de las patronales laicas y confesionales, en cuanto al reclamo de sostenimiento de la educación privada y el argumento de la “ayuda a la población vulnerable”, se encuentra en el contexto del 30 % de familias que recurren a la escuela privada son pobres y los fuertes subsidios que dichos colegios reciben por parte del Estado.
Continuando con las resoluciones en el articulado, Pettovello informa que el Programa de Asistencia “consistirá en una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con aporte estatal”, para luego detallar que la “prestación consistirá en una suma de dinero determinada, no contributiva y mensual por cada hijo que asista a una institución educativa (de gestión privada)”. Según trascendió en las últimas horas, el monto de la “asistencia” tendrá un tope de $27.198 por cada alumno y una cuota máxima de $54.396.
Esta demagogia en el ámbito de la educación del gobierno de Milei, “a favor de las familias con menores recursos”, llega a la par de un ajuste que es cada vez más violento, con tarifazos que no cesan, registrando subas de un 300 % para los consorcios. La nafta tendrá dos subas más y la ola de despidos se ha intensificado, con el pretexto de una recesión fulminante.
La destrucción de la educación pública a través del desfinanciamiento y la promoción de los negocios de la educación privada, en general confesional, son una política de Estado. Frente a este escenario, es imperioso promover la deliberación entre la docencia y el impulso de las asambleas de escuela y de distrito que en unidad con estudiantes y familias nos permita construir una fuerza desde abajo para derrotar las políticas fondomonetaristas de todos los gobiernos sobre la educación.