Frenemos el desmantelamiento de la carrera de Sociología de la UBA

La gestión kirchnerista de la carrera de Sociología de la UBA ha decidido hacer su propia contribución a la política de destrucción de la universidad pública y de los salarios de sus trabajadores que comanda Milei y su elenco liberticida. La reforma que pretende realizar, con posterioridad a las elecciones que se desarrollarán esta semana, incluye todas las exigencias privatistas de la Ley de Educación Superior (LES), la CoNEAU y el Rectorado, pulverizando conquistas históricas impuestas por el movimiento estudiantil-docente al calor de la lucha contra la intervención de la carrera en el año 2002.

De la reforma y sus “amigues”

La dirección de Rodrigo Salgado, que va por su reelección, hizo circular un PDF que resume una variedad de ataques a las cátedras y condiciones de trabajo y de cursada, sin preocuparse por dar, hasta el momento, mayores fundamentos. Aunque la presente como resultado de “encuentros” y “reuniones abiertas”, la reforma es un refrito de los numerosos y derrotados intentos por adaptar el plan de estudios a los requerimientos de la LES y la CoNEAU. El último había sido hace una década, en 2013, con la excusa de una modificación del profesorado. La Mella (Patria Grande) integró aquella gestión reformadora cuando todavía esgrimía veleidades independientes; hoy es el hilo de continuidad en la dirección K.

Para adecuar la cantidad de horas de la carrera a las 2600 que exige la LES, el PDF propone extender el tramo obligatorio, incorporando cinco materias nuevas al plan de estudios. Por el momento, solo se publicitaron los “nombres de fantasía” de estas cátedras. No se conocen sus contenidos mínimos, si serán únicas ni quiénes se beneficiarán en la repartija de sus cargos titulares. Según circula en los pasillos de Sociales, el loteo de estas nuevas materias es el corazón con el que la gestión pretende sustentar una red de complicidades que le permita hacer pasar su engendro formativo.

Como contracara del alargamiento del tramo obligatorio, la reforma ofrece la zanahoria de un título intermedio como “técnico/a en procesamiento y análisis de datos sociales”. Esta versión degradada, que insiste en la falsa ilusión de favorecer un ingreso (precarizado) al mercado laboral, excluye la necesidad de cursar el tramo optativo y los seminarios de investigación. En un calco al intento de reforma del profesorado en 2013, los embates del PDF se dirigen al vaciamiento de la licenciatura y el desmantelamiento de las materias optativas, que hasta el momento constituyen la mitad de la carrera.

Ocurre que, como producto de la toma del Rectorado del año 2002, la movilización de estudiantes y docentes conquistó la apertura de numerosas cátedras y materias optativas. Fue una manera sui géneris de concretar en Sociología el reclamo histórico de la cátedra paralela. El plan de estudios vigente permite que cada estudiante combine estas materias construyendo diversas orientaciones, “sociología de la salud”, “de la educación”, “de la cultura”, “sociología urbana”, “económica”, “laboral”, etc., u opte por una licenciatura “no orientada”. El Rectorado siempre se opuso a reconocer a estas materias, forzando a sus docentes a interinatos permanentes y precarios, que en algunos casos se extienden por más de 20 años.

En línea con la LES, el Rectorado exige montar un puñado de orientaciones preestablecidas de las cuales se desprenda una serie limitada y fija de materias “electivas”. Es exactamente lo que propone Salgado, colocando como cabecera de playa para estas orientaciones a sus nuevas materias “amigas”. Esta sería la condición para regularizar a los docentes interinos, habilitando la llegada de supuestos concursos, en lo que constituye una extorsión inaceptable. En esta línea, las materias “optativas” que no logren reconvertirse en “electivas” quedarán colgando de un pincel, condenadas a desaparecer… o a transformarse en propuestas de especialización de posgrado (arancelado).

Avanzando aún más en este rumbo, la reforma reduce la cantidad de materias optativas a cursar de 13 a 9. Pero de estas últimas solo 3 serán optativas (1 teoría sociológica, 1 sociología especial y 1 seminario), mientras que las 6 restantes corresponderán a los trayectos diseñados por la gestión y sus “amigues”. Otras modificaciones incluyen la reducción horaria arbitraria de materias troncales, el reemplazo de contenidos teórico-científicos por aquellos vinculados a saberes técnico-profesionales y la amputación de horas de investigación en favor de la introducción de actividades preprofesionales no remuneradas, disfrazadas bajo el manto de “prácticas socio-educativas”.

Como se ve, no se trata de una reforma académica aislada, sino de un ordenamiento reaccionario aplicado al ámbito universitario, en línea con el autoajuste que el Rectorado y los decanos están ejecutando en todas las facultades. Con un timing insuperable, los reformadores adoptan un barniz ideológico estatista al promover la sustitución de un perfil científico universalista, supuestamente obsoleto, por materias ligadas a la gestión y la formación de funcionarios para la administración pública, justo cuando ese Estado y sus oficinas ministeriales están en la mira de todos los desguaces.

Del bloque FITU-centroizquierda y la crítica acrítica

En lugar de oponerse a la reforma y convocar a organizar la lucha para derrotarla, los partidos del FITU difundieron una declaración en la que consideran que “es necesario un debate abierto y democrático sobre la situación de nuestra carrera y las posibles propuestas para incorporar cambios al plan de estudios”. Este recibimiento benévolo es comprensible toda vez que el FITU se presentará en las próximas elecciones de Sociología coaligado con la agrupación de centroizquierda que encabeza Alcira Daroqui, la misma que como directora de la carrera impulsó en 2013 la reforma del profesorado exigida por la CoNEAU.

La colonización centroizquierdista de este bloque es total y se expresa en las propias posiciones de sus integrantes. El aparato del Partido Obrero, por ejemplo, emitió una declaración en la que se preguntan: “¿es conveniente en este momento de pérdida de derechos, de ataque a las ciencias sociales, al salario de docentes y no docentes, y a la educación pública, exponer públicamente los problemas y debilidades de nuestra carrera?” (sic). El PO oficial escribe en plural de “nuestra” carrera, metiéndose en una misma bolsa con la gestión que integra el régimen de camarillas de la universidad. ¿En qué beneficiaría a estudiantes y docentes ocultar sus “problemas y debilidades”, en lugar de “exponerlos públicamente” y luchar por transformarlos? Se entiende así que culminen llamando a “defender el profesionalismo crítico (sic) de la carrera de Sociología”, abandonando toda referencia al marxismo y a una perspectiva socialista para la educación.

Este bloque viene de aprobar en el Congreso Nacional, junto a radicales y peronistas, la fantochada de la Ley de Financiamiento Universitario, una “encomienda” utilizada por los rectores y burocracias sindicales para desviar y contener al movimiento de lucha que comenzó a desarrollarse con el inicio de este segundo cuatrimestre. No hay, sin embargo, “comunidad sociológica” ni intereses sociales comunes entre los estudiantes, docentes y no docentes, de un lado, y el aparato universitario que negocia su caja con el gobierno de Milei en el marco de los lineamientos de la LES, el Banco Mundial y el gran capital, del otro. El plural, en este sentido, delata a quienes practican la adaptación y el integracionismo al régimen universitario como modus vivendi.

Organizar la lucha

Las elecciones de esta semana se presentan, de este modo, como un escollo a superar por el movimiento docente y estudiantil que quiere abrir paso a una lucha real para defender las carreras, los salarios y arrancar todas las reivindicaciones pendientes. La actual gestión pretenderá enarbolar un eventual nuevo mandato como argumento para avanzar en la destrucción del plan de estudios y el desmantelamiento de las materias optativas. La defensa de la carrera de Sociología y de las conquistas históricas impuestas por la lucha plantea la necesidad de convocar a asambleas sistemáticas, recorrer las cursadas, elegir delegados y formar organismos y comités de base para agitar y organizar un plan de acción de características huelguísticas. La lucha para frenar la reforma se unificará así con la movilización en defensa del salario docente y no docente, a través de actos en la facultad y en la calle, el abandono de cursos y movilizaciones parciales que den lugar a una asamblea general. La defensa de la continuidad y la estabilidad laboral, a través de la regularización automática de todos los docentes en el marco del convenio colectivo que la UBA se niega a reconocer, debe ser el punto cero de cualquier planteo combativo.