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En un avance de la causa iniciada por la retención de los alimentos almacenados por el gobierno, el juez federal Sebastián Casanello dio lugar el día jueves a un importante operativo en oficinas del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en busca de documentos, planillas y archivos informáticos con relación a los manejos en sus depósitos.
El operativo principal se llevó adelante en la Dirección Logística de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicado en Avenida de Mayo 869, en el centro porteño, cuyo director es Pablo Berardi. La orden del Juzgado Federal N°7 incluyó decomisar inmediatamente un “back up” de la computadora del propio director. También los remitos de entrega de los alimentos desde el 27 de mayo, las salidas y entradas de los depósitos de Villa Martelli y Tafi Viejo, los stocks y fechas de vencimiento.
Tras varias horas los funcionarios judiciales se retiraron con la totalidad de los elementos que eran el objeto del allanamiento, incluyendo los registros del sistema S.U.M.A con los movimientos de los depósitos y el acceso a cuentas de correo electrónico de empleados y funcionarios. Las toneladas de alimentos en cuestión es una fracción de los que deberían haber ser repartido a los comedores populares pero que el Gobierno retuvo ilegalmente.
Gente cercana a Pettovello ensayó como defensa que, “en realidad, no es que no se estaban distribuyendo, sino que se resolvió no tercerizar su distribución a través de las organizaciones sociales”. Según sus propios números, “la cantidad de kilos que se encontraban disponibles para el convenio por escuelas vulnerables es un total de 2.583.221 kilos, la cantidad entregada a la fecha es un total de 2.230.573 kilos, esta cifra equivale al 86% del total de alimentos”. En cambio, fuentes periodísticas indican que parte de la mercadería retenida está actualmente contaminada por plagas o vencida y que la premura del allanamiento tiene el fin de detectar la cadena de responsables de los controles.
En suma, en una situación de crecimiento de la pobreza e indigencia, el gobierno cortó la entrega regular de alimentos a los 45.000 comedores y merenderos inscriptos en el ReNaCom, un duro golpe al corazón de la red asistencial de barrios, villas y asentamientos a nivel nacional. Lo poco distribuido fue producto de intimaciones judiciales y del reclamo de las organizaciones sociales que fueron sistemáticamente reprimidas e incluso sufrieron detenciones. Los alimentos del gobierno nacional fueron hacia un listado de escuelas en situación crítica, como así también se tercerizó su distribución a través de iglesias evangélicas y dos organizaciones clericales, Cáritas y Conin.
Derrotero judicial
El comunicado de Capital Humano intentó mostrar el operativo como parte de una rutina administrativa: "se presentaron para cumplimentar una diligencia vinculada con la causa que tramitan" y "se aportaron diversos elementos que fueron solicitados por el juez". Para el Ministerio hay una "clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo" para “que las familias vulnerables aumenten su poder de compra poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales", destacando su pelea político-judicial contra las organizaciones sociales.
A partir de denuncias anónimas volcadas en la línea telefónica del Ministerio de Seguridad se montaron causas a organizaciones como el Polo Obrero (oficial) y el FOL. Esto llevó a más de un centenar de allanamientos que en su último capítulo incluyeron el local central de la UTEP. La veta y el trasfondo que explota el gobierno de Javier Milei es un largo proceso de cooptación y estatización de las principales organizaciones piqueteras.
Uno de los pilares del golpe a las organizaciones es el planteo del gobierno, formulado desde finales de diciembre, de que la red nacional de comedores en realidad no existe, sino que es parte de un armado de “comedores fantasma” para que las organizaciones realicen un desvío aprovechando su rol en la intermediación. Un planteo criminal que Pettovello intenta sostener a cómo de lugar.
Tras el allanamiento, los libertarios reflotaron su línea respecto a las presentaciones anteriores: “defender la división de poderes marcando que el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Poder Ejecutivo". Esta estrategia judicial fue ideada por Leila Gianni, la subsecretaria legal del Ministerio y principal asesora de Pettovello. Conocida por un fuerte cruce con Juan Grabois, uno de los denunciantes, al comienzo de la causa cuando estalló el escándalo por las miles de toneladas retenidas en los galpones de Capital Humano.
A pesar de la intensa campaña mediática el camino judicial del gobierno fue tortuoso. Al instar a la Cámara Federal porteña fue rechazada la apelación quedando firme el pedido de Casanello: “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas".
Tras esto Gianni y Pettovello llevaron el pedido a Casación Federal reiterando que hay una "violación al principio constitucional de división de poderes y el debido proceso" pero la Sala II de la Cámara de Casación declaró inadmisible el reclamo. Similar a lo planteado por la Cámara Federal: “no puede sostenerse que estamos en presencia de una intromisión indebida de la Justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado”.
Para terminar de recorrer todo el espinel judicial, los asesores legales del Ministerio llevaron un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia tras un fallido recurso extraordinario a la propia Corte elaborado hace unas semanas por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
