Acindar: Chantajes patronales, complicidades políticas y nuevos choques

Escribe Juan Ferro

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Pasada una semana de la amenaza publica de los directivos de Acindar de derivar una parte de la producción a Brasil y de la operación política que el CEO de la empresa, Facundo Velazco, intento montar con el intendente de Villa Constitución para responsabilizar a los trabajadores de esta decisión, van quedando más claras cuales son las maniobras de la patronal.

El CEO de la empresa explicó que los factores que “impiden” una mayor eficiencia en la planta local son responsabilidad de la organización sindical interna. “Se requiere una mayor comprensión del trabajo en equipo y muchas veces, por distintos motivos no se hacen, la relación con la Interna es siempre por naturaleza de tensión. Si tenemos problemas que resolver dentro de la planta, que se hagan a través de una mesa de trabajo y no con las interrupciones en la producción, porque cada vez que se interrumpe la producción, por el problema que sea, se producen costos ocultos y asociados que hace que no sea productivo. Necesitamos bajo nivel de ausentismo, tener una producción continua que no se interrumpa. Ser un reloj suizo, funcionar, trabajar con normalidad; y a veces eso no se puede hacer” (Diario El Norte 13/5).

Acindar lanzó durante una semana una verdadera campaña mediática en los grandes medios nacionales y enormes presiones sobre el intendente, el ministro de Trabajo y el propio gobernador, pretendiendo meter miedo, entre los trabajadores, por una eventual pérdida de las fuentes de trabajo. En Villa, además de los trabajadores de la planta, decenas de talleres trabajan para la acería y giran alrededor de la empresa, empresas de transportes, gastronómicas y, de conjunto, una parte sustancial de la economía de la ciudad.

La situación abierta con el Covid19, Acindar pretende utilizarla con “beneficio de inventario”. La línea que se ha dado este poderoso grupo multinacional es la misma que también siguen los Madanes Quintanilla criollos, de un doble chantaje: por un lado, al gobierno nacional para tener mayores beneficios de exportación -pues dicen que el dólar oficial no los beneficia-, verse eximidos de las contribuciones patronales, y que el gobierno provincial haga la vista gorda de los factores de contaminación producidos por la planta -largamente denunciados por organizaciones ambientales-; por otro lado, pretende implementar una fuerte flexibilización laboral que no ha podido imponer estos años en la acería de Villa Constitución.

Las amenazas de la empresa motivaron la intervención del propio gobernador provincial, quien ofició vergonzosamente de delegado de la empresa ante el ejecutivo y obtuvo finalmente que el gobierno nacional le otorgara al poderoso pulpo los mismos beneficios que una Pyme, otorgándoles al finalizar esta semana el ATP como lo hizo con las patronales de Fate y Aluar, un rescate patronal escandaloso similar al de los Repro que en su oportunidad le dieron a la General Motors bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Aun con estas enormes prebendas, la derivación de una parte de la producción a Brasil para la patronal, sin embargo, se mantiene latente fundamentalmente en el rubro automotriz, que aún no ha sido habilitado a producir en el país por la pandemia. Esta cuestión, además, le sirve a la empresa como excusa para abrir la puerta al desconocimiento de acuerdos ya establecidos en un acta recientemente firmada con la interna sobre la prohibición de despidos durante todo el 2020.

La empresa quiere una flexibilización laboral y arremete en reclamos de mayor efectividad en la producción y contra el ausentismo en un lugar de trabajo pesado donde, aunque se paguen “calorías”, es impagable el daño que esas condiciones producen sobre la salud del trabajador y que da por resultado una enorme proporción de trabajadores “rotos”.

La complicidad del estado provincial le está permitiendo a Acindar tomar decisiones ilegales que posiblemente generen un conflicto. Aun no se aviene a pagar el 100% de los sueldos a los trabajadores de riesgo, cuestión que ha sido denunciada por la comisión interna al Ministerio de Trabajo y que, de no cumplirse, posiblemente genere medidas de acción directa.

La ofensiva de flexibilización se mantiene en su planta de La Matanza donde aún no ha restituido el pago de los descuentos salariales unilaterales e ilegales que realizó en abril, ni tampoco ha reincorporado a los contratados despedidos. La patronal dilata en las reuniones un acta acuerdo que reclaman los delegados, en la cual se establezca la reincorporación de los contratados, un acuerdo de prohibición de despidos hasta fin de año como se firmó en Villa, una modificación sustancial de los valores del premio al presentismo y la rotatividad de las suspensiones. De no acceder a los reclamos, los delegados se plantean la realización de una asamblea general cuando se reinicie la producción y aprobar medidas de lucha.

La vuelta al trabajo en las plantas de Villa y de Tablada permitirá al conjunto de los trabajadores una base mayor de reagrupamiento frente a los objetivos negreros de esta patronal. Se abre un panorama de nuevos choques y conflictos.

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