Escribe Juan Ferro
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El gobierno dispuso la disolución de la empresa ferroviaria estatal Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (DECAHF) de 1700 trabajadores, despidiendo a 1388 de ellos. Los restantes 400 fueron absorbidos por la estatal Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE).
Milei tiene en sus planes liberticidas para el 2025 extender la privatización ferroviaria de manera que ninguna de sus líneas sea administrada por el estado. Al día de hoy, cinco de las siete líneas de trenes que operan en el AMBA están controladas por Trenes Argentinos (SOFSE), una sociedad del estado a cargo del: Belgrano Sur, Mitre, Roca, Sarmiento y San Martín y el Tren de la Costa.
La línea del FFCC Urquiza es operada por Metrovías SA, del Grupo Roggio, que también tiene la concesión del Subte y la del FFCC Belgrano Norte por Ferrovías, del empresario Gabriel Romero.
Estas dos líneas fueron concesionadas en los 90 durante el gobierno Menem y, aunque sus contratos vencieron en 2017 y 2018, desde entonces fueron prorrogados ininterrumpidamente.
En el caso de SOFSE, está sujeta a privatización tras la sanción de la Ley Bases y esto implica para el gobierno la acción de "ponerlas en valor" para que existan interesados en quedarse con el negocio. Los interesados en las concesiones quieren dos cosas en la que el gobierno está trabajando: la reducción del personal y un salario ferroviario a la baja que se equipare con el de los trabajadores contratados.
El gobierno despide ferroviarios cuando, en el mes de mayo, tuvo que declarar la llamada "emergencia Ferroviaria" en todo el territorio nacional a través del Decreto 525/2024, después del choque de trenes de la línea San Martín en Palermo que dejó más de 90 heridos, evidenciando una ausencia de mantenimiento de las líneas ferroviarias y una falta de personal para hacerlo. De los 150.000 trabajadores que llegó a tener el ferrocarril, hoy Sofse solo tiene 23.302 empleados, pero los interesados en concesionar quieren reducir aún más su personal.
Decahf operaba como la administradora de recursos humanos ferroviarios y tenía bajo su órbita el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria (Cenacaf), el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria (Cenadif) y el Archivo General Ferroviario.
Lo que el gobierno propagandiza como despilfarro no es un invento del kirchnerismo: fueron los ingleses (expertos en explotación obrera) los que armaron las oficinas de recursos humanos, los centros de capacitación y los propios archivos ferroviarios hoy vigentes en la inmensa mayoría de los grandes países capitalistas. Milei, en sus objetivos de achique de personal para concesionar rápidamente, está estableciendo la virtual destrucción de los archivos, la liquidación de la capacitación ferroviaria y ha puesto el ojo en las estaciones ferroviarias, galpones y terrenos que los concesionarios quieren utilizar para la explotación comercial. Sin embargo, la defensa y utilización de predios y estaciones donde ya no pasa al tren ha sido motivo de iniciativas populares en muchísimas localidades del interior del país como recursos culturales. Hoy hay en esas estaciones, galpones centros culturales, ferias de artesanos, talleres de capacitaciones, varias impulsadas en general por los lugareños sin aporte alguno del estado. Con solo entrar el Google se puede apreciar que más de cien estaciones ferroviarias se han transformado en centros culturales y museos y mantiene intacta su estructura original. Ese mantenimiento vivo de los predios ferroviarios deja abierta la esperanza de sus propios habitantes de la vuelta del ferrocarril como recurso fundamental para darle vida a esos propios pueblos.
Los planes de Milei prevén eliminar 6500 puestos de trabajo y el abandono de las líneas que van al interior si no hay interesados en concesionar. Para hacerlo, se ha encontrado con una ayuda adicional, la de los gremios de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad que no han dado un paso para impedir la friolera de 1388 despidos y que vienen aceptando paritarias a la baja que pongan "en valor" las aspiraciones de los capitalistas que quieran las líneas.
Está planteada claramente una acción por la reincorporación de los despedidos. La privatización ferroviaria ya se ha demostrado en la Argentina que no fue la salida al déficit del estado: sólo fue una masacre laboral y la quiebra de centenares de pueblos del interior. Defendamos las empresas ferroviarias, sus predios sus estaciones para la defensa cultural de los pueblos y no para negocio de unos pocos capitalistas.
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