Una comisión investigadora de la ONU acusa al ejército israelí de cometer “crímenes de guerra y exterminio”

Investigadores de las Naciones Unidas acusaron el jueves a Israel de llevar a cabo “ataques implacables y deliberados” contra instalaciones sanitarias, médicos y trabajadores de la salud y civiles heridos en la Franja de Gaza. Calificaron esas acciones de “crímenes de guerra y exterminio, un crimen contra la humanidad”.

El informe, presentado el 10 de octubre, investigó violaciones del derecho internacional y crímenes “cometidos por todas las partes entre el 7 de octubre y el 31 de diciembre de 2023” en los territorios ocupados (Gaza y Cisjordania) y Jerusalén Oriental.

En las conclusiones se sostiene que los israelíes “han impuesto un castigo colectivo a los palestinos en represalia por los ataques del 7 de octubre que militantes de Hamás dirigieron contra Israel hace un año desde Gaza”.

Según el informe, “el asedio israelí posterior ha impedido que los hospitales reciban alimentos, combustible, agua y suministros médicos, y también ha limitado el número de pacientes que pueden salir de Gaza para recibir tratamiento”. “Israel debe poner fin de inmediato a su destrucción gratuita sin precedentes de las instalaciones sanitarias de Gaza”, declaró en un comunicado Navi Pillay, directora de la comisión que realizó la investigación.

Pillay, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó: “Israel ha perpetrado una política concertada para destruir el sistema de atención sanitaria de Gaza como parte de un asalto más amplio contra Gaza, cometiendo crímenes de guerra y el crimen contra la humanidad de exterminio con ataques implacables y deliberados contra el personal y las instalaciones médicas.”

En su informe de 24 páginas, la comisión afirma que “las fuerzas de seguridad israelíes han matado, herido, arrestado, detenido, maltratado y torturado deliberadamente a personal médico y han atacado vehículos médicos, lo que constituye los crímenes de guerra de asesinato y maltrato deliberados y el crimen de lesa humanidad de exterminio”.

El informe continúa: “el trato dado por Israel a los detenidos palestinos recluidos en campos militares y centros de detención, entre ellos miles de niños, constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”. Cita acusaciones de violación y violencia sexual, y afirma que “los palestinos detenidos arbitrariamente son objeto de abusos generalizados”.

Israel “no cooperó con la comisión para la elaboración del informe”, y “obstruyó su investigación” negándole a la comisión investigadora el acceso a Israel y a los territorios palestinos. Los sionistas no solo no contestaron la solicitud de información y acceso a los territorios sino que, además: “Al parecer, funcionarios israelíes prohibieron a profesionales de la medicina y otras personas entrar en contacto con la Comisión”. Algunos médicos israelíes han denunciado que se les prohibió curar a los presos y que dejaron avanzar las infecciones causadas por precintos y esposas hasta que la única alternativa fue la amputación.

No es la primera vez que Israel acusa a la comisión de parcialidad en su contra, pero las relaciones con Naciones Unidas se han deteriorado aún más en el último año de guerra después de que funcionarios de la ONU denunciaron al asalto militar a Gaza como un genocidio.

La semana pasada, cuando Israel conmemoró el aniversario del 7 de octubre en la sede de la ONU en Nueva York, no invitó al secretario general António Guterres ni a ningún otro funcionario.

En junio pasado, la misma comisión publicó un informe donde acusaba tanto a Hamás como a Israel de haber cometido crímenes de guerra. Este informe reitera algunas de esas conclusiones.

Por ejemplo, que los militantes palestinos habían cometido crímenes de guerra al tomar y maltratar a rehenes, tanto civiles como soldados y que “los rehenes fueron objeto de abusos físicos y psicológicos, violencia sexual, aislamiento forzoso y acceso limitado a instalaciones higiénicas, agua y alimentos”.

El Informe reproduce las cifras de Netanhayu de muertos israelíes a manos de las milicias el 7 de octubre y dice que “halló pruebas de malos tratos a civiles y a miembros de las fuerzas de seguridad israelíes en varios lugares, así como evidencias elocuentes de profanación de cadáveres, a saber, profanaciones sexualizadas, decapitaciones, magulladuras, quemaduras, cercenamiento de miembros y desnudamiento de cadáveres”.

La Comisión “documentó la profanación de cadáveres de hombres y mujeres, incluyendo actos sexuales, como el desnudado de sus cuerpos y/o la exhibición pública de esos cuerpos medio desnudos”.

También describe que las milicias avanzaron “incendiando viviendas, disparando contra refugios privados y públicos, sacando a la gente de sus escondites y matando, hiriendo y secuestrando a civiles”. En el punto 16 dice que “de los aproximadamente 3.000 jóvenes que asistían al festival de música Nova en Re’im15, 364 personas murieron a manos de miembros del ala militar de Hamás y otros grupos armados palestinos, y otras 40 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza”.

Mucho más adelante, sin embargo, la Comisión vuelve sobre sus pasos y admite que “tiene conocimiento de las denuncias de que las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron la Directiva Aníbal para impedir la captura de civiles israelíes y su traslado a Gaza, incluso a costa de matarlos”. Y menciona testimonios, incluso de jefes militares respecto de que hubo “helicópteros de ataque de las fuerzas de seguridad israelíes que dispararon contra automóviles civiles israelíes, lo que provocó la muerte de israelíes”. La Comisión confirmó la presencia de al menos ocho helicópteros de ataque (Apache) en diversos lugares el 7 de octubre, pero no pudo confirmar que dispararan contra civiles o automóviles civiles, ni siquiera en la zona del festival. La Comisión también documentó una declaración de un miembro de la dotación de un tanque de las fuerzas de seguridad israelíes, que confirmó haber aplicado la Directiva Aníbal al disparar contra un vehículo sospechoso de transportar a miembros de las fuerzas de seguridad israelíes secuestrados.

La Comisión verificó información que indicaba que, en al menos otros dos casos, las fuerzas de seguridad israelíes habían aplicado probablemente la Directiva Aníbal, con el resultado de la muerte de hasta 14 civiles israelíes. Una mujer murió por disparos de helicóptero de las fuerzas de seguridad israelíes mientras era secuestrada por militantes en Nir Oz con destino a Gaza. En otro caso, la Comisión descubrió que algunos o todos los 13 rehenes civiles retenidos en una casa del kibutz Be’eri habían muerto por disparos de tanques israelíes.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, rechazó las acusaciones y catalogó al informe como “alejado de la realidad e incluye afirmaciones infundadas sobre Israel”. Por otra parte, les recomendó “centrar su investigación en los crímenes cometidos por Hamás el 7 de octubre y en los rehenes tomados ese día que siguen retenidos en Gaza”.

Sin embargo, la masacre sigue a la vista de todo el mundo. Unas 300 personas murieron en el campo de refugiados de Jabalya en el norte de Gaza desde el inicio de la última operación terrestre israelí en el área hace nueve días, dijo este domingo la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.

Hussam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, la instalación médica más cercana a Jabalya, dijo que los equipos médicos en el hospital estaban abrumados por el alto número de víctimas que siguen llegando en medio de los intensos combates. Y agregó que el campo de Jabalya estaba ahora "completamente sitiado", lo que hacía imposible llevar suministros de salud, alimentos y los equipos médicos especializados que se necesitan desesperadamente allí.