Escribe Jorge Altamira
La Cancillería sionista, el Congreso ficticio y los “discursos de odio”.
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Estados Unidos, con motivo de las elecciones de hoy, ha perdido el lujo de ser vista como la ciudadela internacional de la democracia, pero ha conservado el de que se la discuta como una democracia en crisis terminal. Argentina no goza de ninguna de estas dos ventajas: es apenas una cortina de humo.
Gerardo Werthein, un ex fanático de Cristina Fernández, ha jurado como nuevo canciller sobre una Torá, el Antiguo Testamento, escrito en arameo y conservado en hebreo. El papiro fue extendido por Javier Milei. La ceremonia se convirtió en una suerte de “bar mitzvá” -la segunda de Werthein- mucho después de su décimo tercer cumpleaños, que es cuando había llegado a la madurez sexual. Dada la absoluta pusilanimidad de la casta política, nadie objetará que no lo haya hecho exclusivamente sobre la Constitución Nacional por temor a ser condenado por antisemita. Werthein, al fin y al cabo, llegó a esa insigne posición en el aparato estatal ungido por el Estado sionista. Milei ha querido borrar la afrenta de la ex ministra Diana Mondino, que no acompañó a Washington en la votación en la ONU contra el bloqueo semicentenario a Cuba, como sí lo hizo solamente Israel. La ceremonia ha escenificado el entusiasmo de Milei por la política de exterminio del pueblo palestino por parte del Estado sionista y el gobierno norteamericano, aunque de la partida son también Alemania, Francia y Gran Bretaña. Israel es el mismo país que, junto a Estados Unidos y Gran Bretaña, vota en la ONU contra el inicio de negociaciones de soberanía sobre Malvinas, por parte del Reino Unido. El Congreso Nacional ‘que supimos conseguir” no ha hecho la menor objeción a esta política criminal e incluso ha entrado en un receso de hecho para que los legisladores nacionales puedan viajar como “observadores electorales” a los comicios norteamericanos.
Esta farsa ha sido acompañada por otra que no lo es menos. Es que Diana Mondino jura y rejura que las instrucciones del voto en la ONU contra el bloqueo a Cuba partieron de la Casa Rosada. No hay un solo motivo para no creerle. De aquí nació la tesis de “la cama” a Mondino, y en este caso sobran los motivos para suponer eso. “La cama” no sirvió solamente para echar a la rancia dama liberal, sino para iniciar una ola de macartismo contra el cuerpo diplomático. Muchas cancillerías votaron contra el bloqueo en reciprocidad a Cuba, que ha preferido abstenerse en lugar de votar a favor de Rusia por la guerra en Ucrania.
Pero es altamente probable que “la cama”, para desalojar a Mondino y fascistizar el aparato del servicio exterior de Argentina, no sea la única razón de todo este engendro. De acuerdo a la Ley 24.871, sancionada el 5 de septiembre de 1997, en el segundo párrafo del artículo primero, establece que “Serán también absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídicos las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico, la limitación de inversiones en un determinado país, o la restricción a la circulación de personas, bienes, servicios o capitales, con el fin de provocar el cambio de la forma de gobierno de un país, o para afectar su derecho a la libre autodeterminación”. Todos estos señalamientos valen minuciosamente para Cuba. Milei, por lo tanto, se vio obligado a cumplir con este dictado para no ser objeto de un juicio político y una condena que lo privara del ejercicio de derechos políticos. Instruyó el voto contra el bloqueo a Cuba desde las sombras, para luego sacar una motosierra desenchufada o sin baterías.
El desempolvo de la Ley 24.871 es particularmente explosivo cuando el régimen económico internacional se encuentra dominado por las sanciones financieras y los bloqueos comerciales que han impuesto el imperialismo norteamericano y la OTAN. La ley mencionada bloquea cualquier propósito del fascismo vernáculo de acompañar la guerra geopolítica del imperialismo. El serrucho a esa ley ya debe haber caído bajo la mirada del neolibertario Federico Sturzenegger y de Milei. El gobierno actual no puede cejar en su empeño de atropellar contra toda clase de libertades y estigmatizar a todo tipo de individuos sino bajo la forma de la parodia.
El honorable Congreso de la Nación se encuentra enfrascado en el propósito de “limitar” el régimen de decretos de necesidad y urgencia. No hay nada de sorprendente aquí, porque sería un medio de negociar mejor los atributos legislativos con el Poder Ejecutivo. El problema es que los DNU fueron establecidos en la Constitución para concentrar el poder, no para diseminarlo. Es lo que ha admitido el propio Congreso, que no ha derogado ni derogará el DNU/70, dictado en diciembre, que le otorga a Milei una suma del poder público. La descomposición de la democracia, de contenido burgués y envoltorio restrictivo, es históricamente irremediable.
Los legisladores discuten devolver al Congreso la supremacía sobre los DNU, que fuera anulada por Néstor Kirchner y su tropa cuando sancionaron que los DNU mantenían su vigencia mientras no fueran expresamente rechazados por el Parlamento. Es lo que se llama sanción “ficta” de leyes. El cambio que se pretende introducir es que perderán su vigencia si el Congreso no los aprueba en un determinado plazo de tiempo, si no por las dos Cámaras, al menos por una. Pero los efectos jurídicos de un DNU son inmediatos, y más aún sus efectos sociales y políticos. El plazo límite para su aprobación, 90 días, es casi un siglo, y como consecuencia de esto su desaprobación puede causar más daño de los que produjo su vigencia. Como el derecho y su principio de igualdad formal entre personas reales socialmente desiguales, los legisladores han pasado a discutir las condiciones para su vigencia, en lugar de las de su anulación. En las comisiones respectivas, habría un acuerdo de amparar los “derechos adquiridos” desde el dictado de un DNU hasta su rechazo eventual por parte de alguna Cámara. La “tierra de nadie” del DNU se convertiría en la zona y el tiempo propicio para todo tipo de negociados económicos y atropellos políticos. Lo único que cabe es la derogación constitucional de los DNU, por medio de una Constituyente aplicada a ese propósito. Se debería derogar el DNU/70, aunque para esta fecha, los “efectos juridicos” y los “derechos adquiridos” son irreversibles. La alienación entre la forma del poder social, de un lado, y la soberanía del pueblo, del otro, es insuperable.
La calificación de la izquierda como un dolencia mental es típica del fascismo. La enfermedad sólo podría ser superada por medio de una lobotomía o por terapias de shock. Es lo que sostenía Hitler, ahora bajo marca libertaria. Este fascismo preside las purgas en los servicios de Inteligencia y en la Inteligencia tributaria. La izquierda engloba, para Milei, al liberalismo político. No es, por lo tanto, un llamado a la represión circunscripta a los luchadores, sino el llamado a una guerra civil contra la clase obrera como fuerza histórica independiente. En este marco, una diputada liberticida, que, a diferencia de Cavallo, acriolla su apellido francés, ha reivindicado el macartismo, con el argumento de que el senador norteamericano que inspiró el mote, Joseph McCarthy, “no mató a nadie”. Bajo la batuta de Hebert Hoover, jefe del FBI durante cincuenta años, McCarthy encarnó el protofascismo norteamericano: persecución política y racial; fabricación de pruebas falsas; proscripciones; represión de bandas, y naturalmente numerosas muertes. Lilia Lemoine es una ‘influencer’ de proa, donde recluta su personal: el fascismo libertario. Los representantes teóricos de la “escuela austríaca” de economía, que reivindica Milei, apoyaron a Mussolini y Hitler, los más antiguos, y a Pinochet, sus sucesores.
Los liberales y los ‘nac&pop’ califican todo esto como “discursos de odio”. Es un autoengaño interesado, porque no distingue el odio del opresor hacia el oprimido del odio del explotado contra el explotador: son, históricamente, de naturaleza diferente. El odio a la injusticia y a sus promotores y beneficiarios debe ser alentado; sólo la abolición de la sociedad clasista puede eliminar el odio, como rezan las estrofas de la Internacional. De otro lado, no caracteriza al lenguaje soez, los insultos y las proclamaciones de odio como una convocatoria a la guerra civil contra los trabajadores y la democracia. No es poco relevante que los adversarios de los discursos de odio negocien regularmente con quienes lo profesan. Los unen lazos poderosos: los de la misma clase social. La izquierda convencional sigue una línea inquebrantable: “repudia’, regularmente, los ataques “fachos”, en lugar de denunciar su papel fundamental: quebrar la tendencia de la clase obrera a desempeñarse como factor histórico independiente, no sólo por medio de la intimidación discursiva y la represión. Es un arma para atizar a la pequeñoburguesía desclasada y a una fracción de los trabajadores contra los más activos, políticamente conscientes y luchadores. En este trabajo de división y desmoralización, Milei pone sus fichas en la burocracia sindical.
Nos vemos en la lucha.