Acerca de la ampliación de la Corte de Suprema de Justicia de Santa Fe
Escribe Política Obrera Santa Fe
Tiempo de lectura: 2 minutos
El pasado jueves 14, la legislatura santafesina aprobó la ampliación de la Corte Suprema provincial. Fue en un trámite exprés, que contó con los votos de los diputados de exgobernador Perotti y las bancadas de Del Frade.
Desde mediados de año existe una crisis entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Pullaro exigió la renuncia a todos los que superaran la edad jubilatoria, bajo apercibimiento de proceder a su remoción; sólo el cortesano Daniel Erbetta no superaba los 75 años. El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, ha manifestado que nadie lo echaría sin juicio político.
Este clima caldeado ya ha recorrido varias instancias: falta de presupuesto para terminar obras de infraestructura de tribunales y reclamos de los trabajadores judiciales. El ejecutivo debería decretar las partidas correspondientes. Probablemente el momento más álgido de la crisis haya sido con la sanción de la reforma previsional, porque además afecta los beneficios de los judiciales, tanto empleados como jueces y otros funcionarios. El conflicto se ha expandido a la totalidad del Poder Judicial; trabajadores han vuelto a medidas de fuerzas, luego de 30 años.
La ampliación de la corte es rotulada bajo el paraguas de una modernización judicial y acabar con los privilegios. Pullaro busca obtener el derecho a la reelección y ha enfrentado las huelgas docentes contra la reforma previsional. Ha instruido al ministerio de Seguridad a saturar de efectivos policiales las principales ciudades. El crimen de “Pillín” Bracamonte puso en evidencia la farsa de haber superado la crisis narco. Por el contrario, se registran mayores aprehensiones policiales a discreción.
En esta tesitura, Pullaro busca designar nuevos miembros afines en la Corte. Otro de los cambios es la incorporación de dos “prosecretarios” designados por el ejecutivo para funcionar dentro de la Corte, en una clara intervención de un poder sobre el otro.
Entre los asuntos que la Corte Suprema se abocaría, repetimos, está la reforma previsional. Un amparo desafió su constitucionalidad y ordenó al ejecutivo a reintegrar aportes compulsivos. También es de preverse que otros conflictos lleguen hasta la Corte, como lo son las contra reformas de los estatutos del personal de la Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas, convenios colectivos que contienen conquistas importantes.
Por el otro lado, tampoco la actual Corte es “representativa” de ningún interés popular. Más aún, ha permitido la impunidad de los responsables políticos de por ejemplo la causa Inundación del año 2003, que este año declaró la prescripción de los delitos y por ende la libertad del único condenado con vida. Elegida en su momento por Carlos Reutemann, fue proclive a absolver las responsabilidades políticas del peronismo. No falta irse hasta la cima del poder judicial para conocer sus vinculaciones con el narcotráfico y el crimen de guante blanco. Todo este entramado es el que tiene en vilo a Rosario y la descomposición social conocida por todos. El delito organizado subyace en el estado y extiende sus raíces en los tres poderes.
El estado capitalista es en esencia una separación abismal entre quienes gobiernan y son gobernados, de eso se trata la dominación de una minoría capitalista sobre la mayoría trabajadora. La actual ampliación cortesana es enmarcada en esta orientación totalmente antiobrera y liquidadora de conquistas históricas. No tiene un atisbo de progresiva. Los trabajadores debemos tomar la relevancia de estas iniciativas para sacar conclusiones.
Desde Política Obrera denunciamos toda esta operación política, y planteamos un programa contra ello: la única forma de ejercer un efectivo control sobre aquellos que deben administrar justicia es mediante la elección y revocatoria de jueces, fiscales junto a la abolición de todos sus privilegios. La defensa de los convenios colectivos está a la orden del día. Todo esto, por lo tanto, es trazar un principio de ruptura con el mismo Estado capitalista por lo que debe ser emprendida por un gobierno de la clase obrera.
