Siderúrgicos, entre el reclamo paritario y el acero chino

Escribe Christián Miguez - Miembro de la CI Acindar Villa Constitución

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Este miércoles se desarrolló un volanteo en las puertas de Acindar Villa Constitución, acción convocada por la comisión directiva y la comisión interna de la planta.

Si bien se están llevando adelante asambleas por sector con paradas de equipos, la negociación paritaria continúa estancada. A esta situación -en la que los trabajadores seguimos percibiendo los salarios de junio y la mayoría lejos está de cubrir el costo de la canasta familiar- se le suman las amenazas de despido anunciadas en Termiun Siderar (San Nicolás) y en la planta de Siderca (Campana), ambas plantas pertenecientes al grupo Rocca, y el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) de Aceros Zapla, donde la patronal anuncia suspensiones y, eventualmente, despidos. En Acindar Villa Constitución, concretamente, se comenzaron a sumar suspensiones por la paralización en varios sectores.

Estas situaciones no son sólo consecuencia de la baja demanda y la recesión, sino también una respuesta de las patronales al anuncio del gobierno de habilitar las importaciones de acero chino. Esta política, dice el gobierno, apunta a desarrollar la libre competencia entre capitalistas. Pero el trasfondo de la misma también apunta a reventar los derechos laborales conquistados y profundizar la precarización laboral, es decir llevar a los metalúrgicos -cuyo convenio actualmente lejos está de cubrir el costo de la canasta familiar- a una peor condición aún, no solo salarial sino también de condiciones de trabajo.

El aturdidor silencio de la UOM respecto a este tema sólo se ve interrumpido por las acciones que se están llevando adelante en Villa Constitución, pero no será suficiente para revertir semejante ataque.

La defensa de nuestros puestos de trabajo no sólo debe enfrentarse en cada planta industrial: se trata de una confrontación contra las políticas que el gobierno busca imponer.

El reclamo por la reactivación de la obra pública y la construcción de viviendas populares financiadas por el Estado debe ser tomada no sólo por los metalúrgicos, sino por toda la población. No en defensa de las patronales, las cuales, luego de que el gobierno -con la complicidad de la CGT- arrase con los derechos laborales, darán por terminada la experiencia Milei para pasar a una nueva etapa de explotación, sino de los reclamos acuciantes de los trabajadores.

Es por ello que en todos los lugares de trabajo debe darse la deliberación y resolver acciones concretas que apunten tanto a la recomposición salarial como a la defensa de los puestos de trabajo.

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