El fallo de la Cámara Federal porteña contra el Polo Obrero es una persecución contra toda la clase obrera

En una nueva escalada judicial, la Cámara Federal porteña sumó, contra Eduardo Belliboni y varios militantes del Polo Obrero, los delitos de “extorsión y amenazas”, a los de “defraudación contra la administración pública” oficializados en primera instancia. El recurso contra el fallo fue impulsado por el fiscal Pollicita, la Oficina Anticorrupción y la ONG Poder Ciudadano. De acuerdo a este trío, la concurrencia a las manifestaciones convocadas por el Polo Obrero y numerosas organizaciones no habría sido voluntaria sino impuesta por diversos medios de coacción. El propósito de estas nuevas figuras delictivas es imponer condenas que pueden llegar a los 15 años de reclusión. Los acusadores no explican por qué han demorado diez años para promover este juicio, cuando las acciones del Polo Obrero atravesaron, al menos, a dos gestiones de gobierno – la de Macri y Carolina Stanley, y las de Alberto Fernández y tres ministros en Desarrollo Social.

Los jueces Leopoldo Bruglio, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens señalan que la mesa de dirección de la organización sacó “provecho de su posición dominante” al “exigir el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables y quedando afuera de no hacerlo de un programa ideado para la inclusión social”. Estos tres jueces que fueron nombrados durante del gobierno de Mauricio Macri y dejaron nulo el procesamiento por la causa peajes a Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, agitan el planteo de que un trabajador solo por el hecho de ser pobre no tendría voluntad propia para poder organizarse y aportar voluntariamente a su agrupación. El mismo día de dictado este fallo, la Corte Suprema sobreseyó a Domingo Cavallo del delito de pago de sobre-sueldos, con el argumento de que se habría violado el “plazo razonable para un juicio”. El encargado de esa “violación” fue el mismo poder judicial en connivencia con Cavallo.

El elemento probatorio de la acusación es un muestrario reducido de denuncias, convenientemente presentadas, para fundamentar una práctica sistemática. Los cien mil dólares por cubierto que cobraron Milei y Santiago Caputo para una cena con empresarios habrían sido, por el contrario, voluntarios, cuando el Poder Ejecutivo ejerce todos los días una presión política y económica para que apoyen su política. Según los tres jueces, “este esquema involucraba también a quienes lideraban el movimiento social, quienes fueron los verdaderos beneficiarios de dichas exigencias”, cuando no ha sido presentada ninguna prueba de que hubiera habido un enriquecimiento patrimonial.

Aunque los jueces se atajan de que no persiguen “una criminalización de las organizaciones sociales y las protestas”, inmediatamente afirman que al amparo de las protestas se delinque, porque existen “disimuladas en ellas personas que se aprovechan de una situación que el Estado debe atender para tratar de obtener un beneficio propio”. La arbitrariedad y el macartismo de estas afirmaciones no tienen paralelo. La Cámara porteña se ha convertido en tribunal de la Inquisición.

Por último, los jueces aseguran que el patrimonio de los afectados se habría perjudicado por “un porcentaje del sueldo recibido del Estado” que termina en las arcas de una organización social. Pero desde que comenzaron estas causas y se implementó el protocolo anti piquete, el monto de planes sociales fue congelado en 78.000 pesos, perdiendo casi la mitad de su valor; ¿qué juez vela por este robo a los beneficiarios de las asignaciones?

Hay que recordar que esta causa es un derivado de las denuncias anónimas al número 134 del Ministerio de Seguridad, recogidas el 20 de diciembre del 2023, luego la primera movilización contra el gobierno de Milei. El fiscal Pollicita se focalizó en 45 llamadas de las cuales pudo rastrear 7 y de estas solo 5 fueron respaldadas con una declaración.

Los jueces incluyen también en esta melange reaccionaria la cuestión de las facturas emitidas por empresas sin consistencia contable, para imputar un desvío de fondos con fines partidarios. Pero el circuito administrativo que se denuncia ha partido del propio Estado, con el objetivo de integrar a las organizaciones sociales, políticamente, al mismo Estado

Las idas y vueltas de tribunales y jueces

Hace unos meses el fiscal Pollicita citar a indagatoria a Emilio Pérsico -Movimiento Evita y ex Secretario de Economía Social- por facilitar una “matriz de corrupción”. El 29 de julio, el juez Sebastián Casanello rechazó de una ampliación de indagatoria hacia todos los ex funcionarios, pero avanzó con el procesamiento de Belliboni y dieciséis dirigentes del Polo Obrero y del FOL.

El fiscal Pollicita apeló esta decisión y pidió ampliar el encuadre jurídico con las calificaciones de aprietes y extorsión. Ahora la Cámara de Apelaciones ha dado lugar a este pedido, calificando a las “exigencias de concurrir a movilizaciones” como amenazas coactivas, y al aporte económico de un porcentaje del ingreso como “extorsión”. El argumento de “las exigencias de asistir a las movilizaciones se las calificará como amenazas coactivas mientras que a la obligación de aportar un porcentaje de su sueldo será subsumida bajo la figura de extorsión”. Los jueces convierten, de este modo, su oposición política a las movilizaciones y la lucha, en figuras judiciales condenatorias. El trío en cuestión debería ser sometido a juicio político, por malversación de justicia.

El ataque de Pollicita revela un trabajo policíaco de infiltración de teléfonos, conversaciones y espionaje para recoger pruebas. Los abogados defensores denuncian no poder acceder a las pruebas, un ocultamiento de los testimonios y un rechazo a los testigos presentados, entre diversos abusos al derecho de defensa.

Este conjunto de arbitrariedades tiene el carácter de una persecución política de conjunto. Ningún fiscal ha salido a cuestionar el anuncio de un “memorando de entendimiento” con un estado cuestionado por genocidio por el Tribunal Penal Internacional. Existe el propósito manifiesto profundizar la persecución contra organizaciones sociales y la lucha de clase de los trabajadores. Los jueces contribuyen a la instauración de un estado policial. Apoyamos el desarrollo de una campaña de amplitud internacional por el archivo de estas pseudo causas judiciales y la completa libertad de acción para todos los acusados.