El macrismo, la salud privada y la burocracia sindical bloquearon el pase de enfermería a la carrera profesional

Escribe Julián Asiner

Compra de diputados, represión y detenciones para asegurar un régimen de superexplotación laboral.

Tiempo de lectura: 4 minutos

Con 27 votos a favor y 26 votos en contra, el gobierno de Jorge Macri logró perpetuar un régimen de discriminación y precarización laboral contra las enfermeras y enfermeros del sistema público de salud de la ciudad. Otros siete diputados, provenientes de la UCR y el PS de Roy Cortina, garantizaron con su abstención el triunfo del proyecto oficialista. En las puertas de la Legislatura, la policía reprimió a compañeras y compañeros con palos y gas pimienta. Al cierre de esta nota, dos manifestantes permanecían detenidos.

La pelea por el reconocimiento profesional de la enfermería es una lucha histórica. En este caso, se opusieron en el recinto dos proyectos. Uno que postulaba la inclusión en la carrera sanitaria (Ley 6035) de los licenciados en enfermería, que representan aproximadamente a la mitad del colectivo profesional (5 mil de un total de 11 mil si se suman técnicos y auxiliares). La inclusión en la 6035 es una reivindicación sentida que comenzó desde el mismo momento en que esta ley se votó en 2018, excluyendo a enfermería. El proyecto contaba con el impulso de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), el Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE), ATE y una miríada de fuerzas, desde el FITU hasta Graciela Ocaña, pasando por el kirchnerismo.

Este proyecto implicaba un aumento sustancial del salario para los licenciados en enfermería, equiparándolo al resto de los médicos y profesionales de la salud, acompañado por una reducción de la jornada laboral, el reconocimiento de las horas de guardia y de los años trabajados en pandemia, la ampliación de las licencias, el adelantamiento de la jubilación y la posibilidad de destinar horas de trabajo a la capacitación profesional. Técnicos y auxiliares en enfermería permanecerían en el escalafón administrativo, pero podrían reclamar acogerse a este régimen quienes lograran completar la licenciatura. A pesar de estos límites, el proyecto representaba un claro progreso para todos los trabajadores de la salud.

El proyecto del macrismo, que finalmente se aprobó, crea en cambio una carrera aparte para enfermería, sosteniendo la discriminación contra el sector. El gobierno porteño debió echar lastre, equiparando el sueldo al monto del salario de la carrera profesional, pero a costa de una carga horaria mucho mayor. Así, enfermeras y enfermeros deberán seguir sosteniendo jornadas agotadoras de 12 o 14 horas diarias para llegar a fin de mes. Perpetúa, a su vez, el hiperprecarizador régimen de SaDoFe (sábados, domingos y feriados) y los módulos, por el cual los compañeros cubren horas extras a razón de 2700 pesos la hora. El pérfido argumento del oficialismo es que con una carrera única se evitara dividir al colectivo de enfermería… equiparando para abajo.

El PRO se garantizó, de un lado, la adhesión de diputados libertarios, larretistas y de la Coalición Cívica y, del otro, la abstención de los radicales y la diputada que responde a Roy Cortina, que en 2018 votó en contra de la Ley 6035 por excluir a enfermería, pero que hoy oficia como funcionario de Jorge Macri. Jugó un papel clave en las últimas horas Daniel Angelici, garantizando que diputados radicales que responden a Martín Lousteau, y que habían incluso firmado el proyecto de inclusión en la 6035, cambiaran su voto hacia una abstención.

La campaña contra el pase de enfermería a la carrera profesional tuvo entre sus principales impulsores a las cámaras patronales de la salud privada. Según sus voceros, entre los cuales se encuentra el mismo ministro ex Hospital Italiano, Fernán Quirós, mejorar la condición de enfermería en la salud pública perjudicaría la permanencia de estos profesionales en el sistema privado, donde percibirían salarios menores. En palabras de Quirós, reducir la jornada laboral y elevar el salario de enfermería hubiera implicado “romper el sistema” que, como admite, reposa en un régimen de híperexplotación laboral en la salud pública que es la referencia para privados y obras sociales.

Junto al macrismo y la salud privada se ubicó la burocracia sindical peronista de Médicos Municipales (AMM) y SUTECBA. La AMM vivió la votación en la Legislatura porteña como un triunfo propio, ya que un ingreso masivo de los licenciados en enfermería a la carrera profesional hubiera puesto en cuestión su monopolio sobre la paritaria y la estructura hospitalaria. Ahora, va por más y quiere el desguace de la 6035 para crear una carrera separada para los médicos. Un diputado de la Coalición Cívica provocó en este sentido al afirmar que “tenemos que poder debatir si un médico debe ganar igual que un licenciado de antropología”. Tras el rechazo a enfermería, viene la ofensiva para aplacar y fragmentar al resto de los profesionales de la salud, entre quienes revisten psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, bioquímicos, nutricionistas, odontólogos y un largo etcétera.

En el caso de SUTECBA, se garantizó la continuidad de su poder cautivo sobre enfermería, a la cual mantiene encuadrada en su sindicato-cárcel a través de un manejo punteril de ascensos y módulos. La Federación de Profesionales, por su parte, de la que ALE integra su mesa directiva a través de una militante del MST, emitió un breve comunicado apoyando la inclusión en la 6035 pero evitó involucrarse en el conflicto. No promovió asambleas entre sus afiliados de las diversas asociaciones profesionales y tampoco convocó al paro este jueves, en un intento por conservar los puentes con la burocracia de AMM y el ministro Quirós. En estas condiciones, el paro y la movilización organizadas por ALE, SITRE, ATE y agrupaciones autoconvocadas revistió un carácter minoritario.

Pasada la votación en la Legislatura, la respuesta ahora debe venir de los hospitales y centros de salud. Las empresas de la medicina privada, el gobierno y la burocracia sindical mostraron sus cartas y querrán utilizar esta ajustada victoria parlamentaria para reforzar su política de desguace de la salud pública y de miseria salarial y súperexplotación laboral contra sus trabajadores. Aprovechemos la deliberación que despertó esta votación en los servicios, salas y CeSACs para organizar asambleas autoconvocadas, sin distinción de disciplina, gremio o forma de contratación. La única forma de doblegar a las patronales, la burocracia sindical y el Estado precarizador es a través de la intervención masiva e independiente del conjunto de las y los trabajadores de la salud. Vamos a la lucha por el salario, el reconocimiento profesional, el fin de la precarización y la defensa de todos los hospitales y centros de salud amenazados por la ofensiva privatista oficial.

LEER MÁS:

Trabajadores de salud, de nuevo en las calles Por Daniela Magoc, 22/11/2024.

El otro ‘cierre’ en Salud – el de los salarios a la baja Por Julián Asiner y Daniela Magoc, 21/11/2024.

Suscribite al canal de WhatsApp de Política Obrera