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Salieron a la luz mails internos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se solicita un aporte del 2% de los sueldos para financiar al PRO porteño, el partido político de los Macri.
A poco de circular el dato, los voceros del PRO alegaron que es algo común entre las “categorías altas” (sueldos que se ubican en el rango de los $4.000.000), que suman unos 600 ministros, secretarios y directores, entre otros funcionarios, hacer estos aportes voluntariamente. Sin embargo, el comunicado vía mail sorprendió a muchos empleados de la Ciudad que lo recibieron en sus casillas la semana pasada por primera vez. En el mail explican que a partir del 1 de diciembre el aporte pasaba a tener una actualización en monto.
El mensaje incluye una misiva legal que da curso a la autorización para realizar el descuento bancario automático: "El que suscribe quien ejerzo mi cargo como Planta de Gabinete AUTORIZO que se me descuente en mi recibo de haberes el 2% (dos por ciento) mientras esté en ejercicio del cargo, en concepto de aporte voluntario mensual, para el partido PRO - PROPUESTA REPUBLICANA, distrito de la Ciudad de Buenos Aires a partir del mes en curso". El cálculo arroja que el 2% son $80.000 (o más dependiendo el cargo) y si se da el caso de que aporten los 600 funcionarios de más rango son $48.000.000 mensuales; esto puede ser más si contamos los salarios de categorías superiores.
La intimación del PRO no cayó bien entre los empleados del gobierno porteño. Muchos de ellos no son parte del PRO o ni siquiera tienen pertenencia política, figuran en el cargo desde gestiones anteriores o son parte de partidos socios al Jefe de Gobierno. Dentro de los cargos políticos del gabinete, en segundas y terceras líneas hay gente afiliada al PRO y equipos armados junto a partidos aliados, es desde ahí que salen las críticas a este aporte automático. Es un reflejo, por cierto, algo tardío, de la descomposición de Juntos por el Cambio. Desde el PRO explicaron que la donación de sueldos también se lleva adelante en las legislaturas nacionales y provinciales.
Esta denuncia política ha contado con la pasividad del Poder Judicial, que aún no se han presentado a realizar averiguaciones. Su actitud contrasta con las causas montadas contra el Polo Obrero -oficial- y otras organizaciones sociales, basadas en denuncias anónimas, en las que se considera el aporte a una organización como resultado de un esquema de “amenazas y extorsión”. A diferencia de lo que ocurre en las organizaciones de desocupados, que NO tienen la prerrogativa de dar altas o bajas de beneficiarios sino a través del Ministerio de Capital Humano -antes, Desarrollo Social- en este caso se trata de funcionarios designados por el poder político y empleados rasos, conminados a través de un memo interno oficial a ´aportar´ al partido, lo cual es además violatorio de toda la normativa de financiamiento de los partidos políticos. En este esquema “civilizado, republicano y moderno”, el ´aporte´, una vez dada la autorización, se realiza de forma compulsiva y automática desde el sistema bancario.
Otra muestra de la farsa jurídica que busca criminalizar la organización de los desocupados en sus asambleas y barrios, incluido su financiamiento independiente del Estado que surge desde el nacimiento del movimiento piquetero. tomando la tradición de los fondos de huelga de las grandes luchas obreras.
