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La última desregulación del gobierno es sobre las obras sociales y las prepagas. Hasta ahora un trabajador podía derivar su aporte de salud hacia una prepaga, pero debía intermediar mediante su obra social, la cual se quedaba con una comisión de entre el 2 y el 7%. Ahora los afiliados pueden elegir derivar sus aportes en forma directa a una empresa de medicina prepaga. Es decir, sin triangularlos con una obra social.
Esta medida, dispuesta en la Resolución 3284/24, fue publicada en el Boletín Oficial el 7 de octubre pasado, y daba tiempo a las empresas hasta el 1° de diciembre a inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) para recibir en forma directa los aportes de sus beneficiarios. Las que no lo hagan no podrán seguir administrando esos fondos (Clarín, 3/12).
Esta medida que se presenta como “la libertad del afiliado a elegir” tiene varias trampas. En primer lugar, la prepaga cobra cuotas mucho más altas que el descuento que efectúa la obra social, por lo que los trabajadores que quieren trasladar sus aportes van a tener que pagar más dinero, tal como ya sucede ahora con la triangulación. Segundo, la obra social no cubre sólo al afiliado, sino que atiende al cónyuge e hijos, algo que las prepagas no hacen sin el pago de las cuotas adicionales correspondientes, imposibles de pagar para un salario promedio. Tercero, no queda claro que pasa con el porcentaje de la cuota que antes se quedaba la obra social, por lo que la “libertad” para elegir es una nueva mentira del gobierno ya que seguramente ese 2 o 7% que antes se quedaba la obra social ahora se lo quedará la prepaga, con la diferencia de que el afiliado ya no podrá acceder al doble servicio del que podía hacer uso hasta ahora, sino que deberá elegir entre uno solo de los dos (la prepaga o la obra social).
Estas cuestiones hacen difícil imaginar que exista una avalancha de trabajadores que se vuelquen a la medicina prepaga, razón que explica en parte el silencio de los sindicatos ante una medida que se supone le afectaría la caja.
La burocracia sindical no abre la boca además porque ya es socia de las prepagas. Estas, por un decreto presidencial anterior, solo accedían a los afiliados de los sindicatos por obra y gracia de los burócratas con los que pergeñaron la triangulación. Con su política de vaciamiento de las obras sociales, incremento de copagos y de fusión con las empresas privadas, la misma burocracia es la que allana el camino para las prepagas y la privatización de la salud.
La crisis de las obras sociales es, en parte, una derivación de la miseria salarial -también responsabilidad de la burocracia sindical- que genera que las cuotas sean irrisorias frente a la inflación de los medicamentos y todos los insumos de salud. Una segunda parte son los negociados qué esa misma burocracia hace con el dinero, a costa de los afiliados y de los trabajadores de la salud. Y una tercera parte es esa misma inflación, muy superior al promedio general, y que explica las ganancias siderales que están obteniendo los laboratorios y afines pese al desfinanciamiento de la salud por parte del Estado.
El gobierno empobrecedor promueve la privatización de todos los servicios esenciales, a la par que impone la miseria salarial, los despidos y la recesión. Una combinación explosiva.