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En la última sesión del año, el órgano de cogobierno de la Facultad aprobó por mayoría la modificación del reglamento de los cursos de extensión que oferta la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE).
Hace años se había conquistado la gratuidad de los mismos tanto para estudiantes como para el público general. Ahora se arancelan, exceptuando a no docentes, docentes ad honorem y estudiantes que presenten “la documentación requerida”, aunque el proyecto no aclara cuál ni con qué criterio se determinaría.
La defensa del arancelamiento estuvo a cargo de la mayoría estudiantil (el frente K “El Colectivo”), alineada con el decano y actual conducción del centro de estudiantes. En su opinión, el arancelamiento es positivo porque permite asignar una renta a los graduados y docentes que dicten los cursos. Se trata de una farsa porque el proyecto nunca menciona la asignación de rentas a partir del arancel. Tampoco se les pasó por la cabeza defender su gratuidad a la par que el salario para los docentes, reclamando mayor presupuesto.
Por otro lado, que el arancelamiento sea “aceptable” porque se permitiría becar en un 100% a estudiantes regulares, es otra impostura. Los cursos son parte de la oferta académica extracurricular. Arancelarlos supone avanzar sobre la gratuidad universitaria, vulnerando ese derecho a los estudiantes. Además, rompe con el principal objetivo de la extensión universitaria, que es el de la divulgación. De esta manera, la Facultad se reconvierte en un ofertante más en el mercado de cursos, perdiendo su sentido social. No hay manera de que esto sea aceptable para quien defiende la universidad pública y gratuita.
Esta misma lógica está detrás de la creación de tres nuevas tecnicaturas (en detrimento de la Licenciatura en Artes y Bibliotecología) y dos títulos intermedios (Artes y Filosofía). Se trata de reorientar la oferta hacia carreras cortas en función de una supuesta “rápida salida laboral”, en perjuicio de una formación integral de los estudiantes.
En su discurso de cierre, el decano Manetti celebró los posgrados arancelados y el Laboratorio de Idiomas por permitir cubrir los gastos operativos de la Facultad durante un año en que las partidas provenientes del Tesoro Nacional cayeron abruptamente o ni siquiera se asignaron. A ellos vendrán a sumarse los cursos de extensión.
Pero la política de recursos propios, como alternativa al nulo financiamiento estatal, configura una privatización de hecho de la oferta académica en línea con la política del gobierno liberticida. Solo beneficia a las cajas de los decanos, rectores y sus camarillas, que regentean esos negocios a costa de la Universidad. Los estudiantes debemos oponerle una defensa irrenunciable de la gratuidad de toda la oferta académica, curricular o extracurricular, y del financiamiento del Tesoro Nacional.
