Escribe Sociales En Lucha (Política Obrera e independientes)
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En la reunión de Junta de Carrera del miércoles 3, la Dirección de Sociología presentó un proyecto sobre tablas con un “plan de trabajo” y un cronograma para avanzar y aprobar la reforma del Plan de Estudios. La Dirección impulsa un tratamiento exprés durante el receso de verano (entre el 1 de febrero y el 7 de marzo de 2026), donde se terminarían de definir los contenidos mínimos de las materias, la “nueva estructura” de las no obligatorias y el régimen de correlatividades. Apunta a que la reforma sea votada por los consejeros de la Junta de Carrera apenas dos semanas después de iniciado el primer cuatrimestre de 2026.
De aprobarse en esa instancia, donde la actual gestión cuenta con la mayoría necesaria, la reforma se elevaría para su tratamiento y aprobación en el Consejo Directivo de la Facultad y el Consejo Superior de la UBA, que son las instancias realmente decisivas (la Junta es sólo consultiva). En la reunión del 3, también se votó la creación de una “Comisión de seguimiento” de los avances en la reforma que fue propuesta en su momento por la UES, la pata estudiantil del Rectorado en Sociales.
Siguiendo el ejemplo del gobierno de Milei, que pretende aprobar el Presupuesto del ajuste 2026 y la contrarreforma laboral en medio de las fiestas de fin de año, las autoridades de Sociología pretenden cocinar la contrarreforma de la carrera en el verano, cuando la Facultad esté desierta de estudiantes y docentes y cuando algunas federaciones (Conadu y Conadu-Histórica) ya están discutiendo un no inicio de clases. Semejante apremio por sacar la reforma en ausencia y de espaldas a los miembros de la carrera delata sus propósitos regresivos, que van en detrimento de la pluralidad ideológica y la libertad de cátedra; de la formación holística, científica y crítica de los estudiantes y de las condiciones de trabajo y enseñanza del grueso de los docentes.
También delata los intereses de camarilla detrás de esta reforma, a cambio de los cuales se intenta destruir conquistas históricas de la carrera. La adecuación a la normativa privatista (LES) y las exigencias del Rectorado es el precio que un puñado de funcionarios y amigos de la gestión de Sociología pretende pagar por el apuntalamiento de su espacio político. Quieren jerarquizar sus materias y cargos docentes en detrimento del conjunto de la carrera. La división entre materias “electivas” y “optativas” les permitirá acaparar nuevos cargos de profesores y reforzar su peso en los padrones de la Facultad y sus órganos de gobierno, mientras el grueso de los docentes permanecerá en la precariedad laboral y con derechos políticos limitados.
El lunes 1 de diciembre, sólo dos días antes de la mencionada reunión de Junta, las autoridades de la carrera enviaron por mail una nueva versión de su proyecto de reforma (la tercera desde mediados de 2024), que tiene algunos cambios respecto de la anterior.
Pegando un volantazo y sin ofrecer una explicación de los fundamentos académicos o pedagógicos, el tramo no obligatorio de la carrera se estructura ahora en torno a ocho ejes temáticos -el doble de la versión previa-, cada uno de los cuales tiene un conjunto de materias electivas asociadas. Se señala que los estudiantes podrán seguir la orientación y las materias de alguno de estos ejes, o hacer un recorrido que combine materias de distintos ejes. De las ocho materias electivas que los estudiantes deberían cursar para obtener la Licenciatura, hasta tres podrían ser optativas (antes eran dos). Esto siempre y cuando elijan cursar alguna/s optativa/s, cuyo lugar en la currícula se reduce ampliamente.
Estos cambios implican un recule y cierta concesión por parte de las autoridades frente a las múltiples críticas que recibieron su proyecto de reforma y su intento de desmantelar las materias optativas. El rechazo fue creciendo en el segundo cuatrimestre de 2025, a medida que estudiantes y docentes se interiorizaban en el tema y fue aumentando su participación en las reuniones informativas, en las de Junta y en las asambleas y espacios de debate autoconvocados.
Sin embargo, la cuestión fundamental que sostiene el desmantelamiento a futuro de las optativas se mantiene incólume: se mantiene la división entre materias electivas (concursables y parte de la oferta permanente) y optativas (no concursables y parte de una oferta rotativa). Esta división no sólo reforzará la precarización laboral de los docentes de las materias que sigan siendo optativas, sino que abre la posibilidad de su desaparición por falta de inscriptos en sucesivos llamados, acicateada por el espacio curricular diminuto que se les asigna, por su carácter rotativo y por la caída general de la matrícula en la carrera. Las autoridades intentan encubrir este ataque a las optativas bajo la idea de una supuesta regularización de los cargos docentes, a la que accederían las materias que se reconviertan a electivas. No hay claridad sobre los criterios ni sobre qué materias serían, tampoco se respeta el convenio colectivo de trabajo que sostiene el derecho a la regularización de toda la docencia. Por otra parte, el pasaje de las nueve optativas del plan vigente a sólo tres, dos, una o nada, implica una reducción abierta de la pluralidad ideológica y las posibilidades de elección de los estudiantes. En la nueva versión, se quita peso en la formación a las materias teóricas no obligatorias, que dejarían de ser un requisito necesario para la Licenciatura (hoy se requieren tres) y pasarían a integrar un eje opcional más dentro del “Ciclo de profundización”.
También se detallan los contenidos mínimos de las materias. En algunas obligatorias y cátedras existentes (por ejemplo, en Economía II, Sociología sistemática o las Metodologías), los contenidos mínimos propuestos implicarán una modificación de sus Programas, además de la incorporación planteada como transversal para todas las materias de “la perspectiva de género y latinoamericana” allí donde no esté presente. En algunas cátedras, los contenidos planteados conllevarían incluso un cambio de su orientación teórica y analítica. Se trata, por lo tanto, de una injerencia y vulneración de la libertad de cátedra.
Respecto de las materias no obligatorias, también se establecen contenidos mínimos para las electivas (algo que no ocurre con las optativas en el plan vigente), lo que supondrá una mayor rigidez y regimentación de los Programas y los ejes temáticos del tramo opcional. Asimismo, campos históricos de intervención de la Sociología como la salud o la educación quedan subsumidos bajo el rótulo de la “estatalidad” y la implementación de “políticas públicas”. Otros aspectos regresivos del proyecto de reforma en curso se mantienen sin cambios: el alargamiento de la Licenciatura; la introducción de un título intermedio precario de “Bachiller en Sociología”, que podría conspirar contra la finalización de la carrera; las prácticas laborales gratuitas; la acentuación de un perfil técnico, en detrimento de un perfil crítico de los futuros egresados; la separación y posterior reforma del Profesorado, para adecuarlo a las normas vigentes (entre ellas, la CONEAU); los cambios arbitrarios en la carga horaria, los nombres y los contenidos de algunas materias.
Ante el escenario planteado, es necesario impulsar el debate y la organización unitaria de estudiantes y docentes de Sociología para frenar y enfrentar esta contrarreforma. Organicemos una nueva asamblea interclaustros para discutir y resolver iniciativas para defender la carrera y conquistar nuestros reclamos:
Frenemos el desmantelamiento de la carrera de Sociología de la UBA Una adecuación interesada al Rectorado y la LES que pretende liquidar conquistas históricas del movimiento estudiantil-docente. Por Julián Asiner, 02/09/2024.
