Escribe Fernanda Díaz
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El viernes 14 de febrero la Prefectura reprimió a obreros y obreras de una planta procesadora de pescado quienes, con el apoyo de sus familias, se manifestaban exigiendo que el propietario cumpla con el aumento salarial que ya había sido acordado para el sector entre una de las cámaras empresariales y el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP).
La planta está ubicada en la calle Figueroa Alcorta al 1000, en el barrio Puerto. Opera bajo el nombre “Cañamar” y es una más de las tantas cooperativas truchas, que en este caso pertenece al empresario Roberto La Bella.
Los trabajadores de Cañamar, como todos aquellos de estas cooperativas, se encuentran en la informalidad total. Son monotributistas, trabajan 12 horas por día en condiciones de extrema precariedad y sin ningún tipo de derechos.
“Lo que se está pidiendo es que se pague el monto firmado”, explicó uno de los trabajadores a C5N en medio del operativo.
La patronal dijo que no dan los costos para pagar los sueldos y pidió que se retirara el medio de prensa para negociar con los trabajadores. Cuando éste lo hizo, la Prefectura avanzó sobre los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.
Antes de comenzar la represión, el encargado del operativo afirmó que si los trabajadores no se retiran “se aplicará lo que está escrito. Hay una flagrancia y un delito. Ya se le dio aviso a la Fiscalía y al Juzgado” (el DiarioAr, 14/2/25).
Como se ve, el protocolo antipiquete de Bullrich y la mano dura de Montenegro se conjugan no para impedir el delito organizado sino para la represión de la protesta.