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En una nota publicada en Prensa Obrera, la consejera estudiantil de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) por el PO oficial intenta realizar una crítica a los “límites” de la aplicación de la Ley Micaela en la universidad.
En la UNGS se dictarán clases, talleres y habrá materias de modalidad optativas en “sintonía con el espíritu de la Ley Micaela”. Frente a esto, la consejera de la UJS “oficial” objeta el carácter optativo de los talleres. Según la consejera, “no tendremos un acercamiento real a la formación con perspectiva de género en tanto no se garantice la obligatoriedad de asistencia en estos talleres al conjunto de la comunidad educativa” (Prensa Obrera, 10/5).
Con esto nos quiere decir que, si la asistencia a los talleres fuera obligatoria, tendríamos un acercamiento “real a la formación con perspectiva de género”. Otro problema sería “quién decide y cómo se decide los contenidos para estos talleres”, agrega la compañera.
Lo que se cuestiona es irrisorio. La violencia contra la mujer no ha cambiado en más de dos años de la aplicación de la Ley Micaela, como lo demuestran el aumento de casos de femicidio, ni podría cambiar nada, pues encarga a las autoridades del estado violento a instruir a una burocracia que sirve a ese estado, todo sin la menor injerencia ni poder de veto de la propia mujer, actuando en forma organizada. La violación en manada a una agente de la policía bonaerense en la localidad de Malvinas, por cinco policías de la misma fuerza, formados en la ‘perspectiva de género’, resume el poder liberador de esta ley para la mujer. En un extenso artículo en La Nación, del lunes 25, las mujeres oficialistas K denuncian la total falta de recursos para acometer cualquier acción en defensa de la mujer, en especial cuando el personal del estado colabora con los misóginos y femicidas.
Los “límites” de la ley
El articulo intenta desviar la atención de una orientación oportunista cuando señala: “Como ya lo remarcamos en nuestra votación a favor de la Ley Micaela en el Congreso Nacional, ninguna ley cambiará la situación de violencia a las mujeres que nos condena el Estado”. Si esto realmente es así, la tarea de las socialistas no es apoyar leyes que “no cambiarán nada”, porque le lavan la cara al Estado, primer responsable de la violencia hacia las mujeres. El apoyo a esta ley empeora cuando es “crítico”, porque se observa la intención de apoyar a la burguesía al tiempo que se arma una coartada. ¿Después dirán a sus ‘colegas’ “yo te advertí”? Este apoyo se arrastra al terreno de que el Estado sería un ente socialmente neutro, y no la concentración del poder de la clase capitalista y su herramienta de opresión.
Por lo tanto, esto no es más que la pretensión de vender un buzón al conjunto del movimiento de mujeres por parte de una política que claudica frente a las presiones ajenas a los intereses generales tanto de la mujer como de la juventud y los trabajadores.
Colocarse como gendarme de las políticas del estado, el primer violento contra las mujeres y nuestra clase, deja al desnudo la poca claridad que puede aportar una izquierda en bancarrota a cualquier movimiento. Lo que la consejera hace es “cortar y pegar” en la UNGS la política oportunista que la izquierda democratizante (PO oficial incluido) desarrolla en el parlamento.
