Trump desacata a la Justicia en función de un régimen de poder personal

Apenas transcurridos dos meses desde la asunción, Trump viene atacando sistemáticamente las libertades civiles y potenciando una dictadura de poder personal. La criminalización de los inmigrantes sin papeles, la persecución de los estudiantes legales extranjeros que se movilizan en solidaridad con Palestina, las amenazas a la prensa, son una constante.

Esta ofensiva ha provocado numerosos choques con los tribunales de Justicia.

El último ha sido el abierto desacato a una orden judicial que dejaba en suspenso la expulsión de cientos de inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Trump utilizó para esa expulsión ilegal una llamada “Ley de Enemigos Extranjeros”.

Trump, sin embargo, estaría perdiendo apoyo popular. La caída de las bolsas, la guerra arancelaria, una aceleración de la inflación y la tendencia a una recesión, golpean políticamente al gobierno. También crece el rechazo a Elon Musk, quien dirige el recién creado (por decreto) Departamento de Eficiencia gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), al punto que los autos de Tesla son ahora objeto de repudio e incluso muchos de ellos han sido vandalizados. A través del DOGE, Musk ha emprendido una ofensiva contra los funcionarios públicos, con despidos masivos y el desmantelamiento de departamentos estatales (como por ejemplo el de Educación, cuya plantilla fue reducida a la mitad). La cotización de TESLA ha caído en torno a un 50% en lo que va del año. Por otra parte, crecen las manifestaciones de rechazo a Musk y sus empresas.

El sábado 15, Trump ordenó la expulsión de los venezolanos supuestamente integrantes del Tren de Aragua a una cárcel de extrema seguridad en El Salvador de Bukele. La “Ley de Enemigos Extranjeros” de 1798 ha sido utilizada solamente tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas en tiempo de guerra. Sirvió para el confinamiento en campos de concentración de personas de origen japonés durante la Segunda Guerra mundial. Según el gobierno trumpista, el Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio” estadounidense. La invocación de esta normativa permitiría la detención, confinamiento y en última instancia la expulsión de todos los venezolanos mayores de 14 años, incluso si contaran con el estatus de residentes permanentes. El fascista Bukele había ofrecido al secretario de Estado, Marco Rubio, la mega cárcel CECOT, en la cual miles de prisioneros permanecen incomunicados, muchos sin proceso ni condena. Bukele percibirá unos 6 millones de dólares al año por encerrar a unos 300 presos enviados por Estados Unidos.

El mismo sábado 15, el juez federal James E. Boasberg ordenó cesar el uso la Ley de Enemigos Extranjeros, prohibir la expulsión de los presuntos pandilleros, y el retorno de los aviones que los transportaban hacia El Salvador. A diferencia de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, autotitulada fascista, que tuvo que traer de vuelta inmigrantes expulsados a Albania, Trump desoyó la orden judicial y pasó a atacar abiertamente al juez, y reclamó el juicio político en su condición “lunático radical de izquierda”. “Este juez”, agitó en las redes, “como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!”. Mientras el juez denunciaba el desacato, el Departamento de Justicia solicitaba a una Corte de Apelaciones el reemplazo de Boasberg, por “ejercicio inapropiado de jurisdicción”. El ataque público al juez por parte de Trump y sus funcionarios obligó al presidente de la Suprema Corte de Justicia -el derechista John Roberts- a salir al cruce de esos cuestionamientos. “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el proceso de destitución (impeachment, en inglés) no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito”, aseguró Roberts en un comunicado. Eso no significa que la Suprema Corte apoye al juez Boasberg en la cuestión de fondo. La Corte ha sentenciado que Trump no puede ser enjuiciado en el ejercicio de la Presidencia.

Otro choque ha tenido lugar en torno a la orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio de Estados Unidos. En lugar de apelar los fallos judiciales que pusieron un freno a este decretazo anticonstitucional, “el Gobierno utilizó (…) una serie de apelaciones de emergencia para argumentar que los tribunales inferiores están excediendo ampliamente su autoridad para bloquear la agenda de la Casa Blanca” (CNN, 14/3). “La Corte Suprema ya se ha negado en dos ocasiones a anular las decisiones de los tribunales inferiores que bloquearon las iniciativas de Trump desde el 20 de enero”, mientras que “(…) algunos jueces conservadores cuestionan el poder de los tribunales inferiores para obligar a la administración a frenar una orden ejecutiva. La última apelación de Trump, que cita repetidamente a los jueces conservadores, parece diseñada para conseguir más apoyo para esa posición” (ídem). En enero un juez federal declaró que el decreto trumpista era “flagrantemente inconstitucional” por violar la 14a Enmienda y ya “tres tribunales de apelaciones se negaron” a dejar sin efecto ese fallo. Pero la ofensiva contra el derecho de ciudadanía de los nacidos en EE.UU. de padres (ambos) indocumentados, avanza.

Los jueces supremos Gorsuch, Thomas y Alito intentan anular la condición “judicial universal” de ese derecho ciudadano, para proceder a las expulsiones en casos particulares o puntuales. Es un intento de desfigurar la enmienda constitucional. Se trata de una ‘innovación’ que contraría resoluciones de la Suprema Corte. En el caso de una contienda acerca de una orden ejecutiva que congela gastos del Presupuesto, el juez Alito denunció al tribunal inferior (de primera instancia) que rechazó esa medida, de “arrogancia judicial” (?): “¿Tiene un solo juez de un tribunal de distrito”, se interroga Alito, “que probablemente carece de jurisdicción, el poder ilimitado de obligar al Gobierno de Estados Unidos a pagar (y probablemente perder para siempre) US$ 2.000 millones de los contribuyentes? La respuesta a esa pregunta debería ser un enfático ‘No’”, escribió Alito. Estados Unidos enfrenta una disputa acerca de su régimen político y de lo que la doctrina establecida llama “el estado de derecho”. Trump apunta a un cambio constitucional de fondo, que establezca la primacía del “decisionismo” del Poder Ejecutivo.

Trump tiene una mayoría propia, de seis a tres, en la Suprema Corte. Esta mayoría votó, el año pasado, que el presidente del país cuenta con “inmunidad absoluta contra el procesamiento penal” por las acciones de carácter oficial durante su mandato. El único freno para sus desmanes ha quedado reducido a la posibilidad de un juicio político por parte del Congreso, lo que a todas luces no está en el horizonte dada la mayoría del partido Republicano (y del trumpismo en su seno). Diez senadores del Partido Demócrata -encabezados por su líder Chuck Schumer- dieron su voto a la ley de Presupuesto presentada por Trump. “Según mis mensajes directos de hoy, una gran cantidad de trabajadores federales están furiosos con el líder de la minoría del Senado”, escribió Jeff Stein, jefe de las páginas económicas del Washington Post. No en las páginas del periódico, que apoya a Trump, sino en la red X (14/3).

Trump, por otra parte, pretende un cambio constitucional en los hechos. Con referencia a la numerosa serie de delitos que cometió sin sanción judicial (como la intentona golpista para anular el resultado electoral de 2020), ha declarado que “Las personas que nos hicieron esto deberían ir a la cárcel”. “Expulsaremos a los actores deshonestos y las fuerzas corruptas de nuestro Gobierno. Expondremos, y mucho, sus crímenes atroces y su grave mala conducta, como nunca se ha visto”. Trump también se despachó contra la prensa: “Creo que CNN y MSDNC, que escriben literalmente un 97,6% de cosas malas sobre mí, son brazos políticos del Partido Demócrata”, “Y, en mi opinión, son realmente corruptos e ilegales. Lo que hacen es ilegal”. Según el presidente, los medios de comunicación que “influyen en los jueces”, “está(n) cambiando la ley, y simplemente no puede ser legal. No creo que sea legal. Y lo hacen en total coordinación entre sí” (DW, 14/3). Para la agencia de noticias The Associated Press, “esta comparecencia marcó el ejercicio más claro hasta la fecha de control personal de Trump sobre el aparato federal de seguridad pública del país”, ya que usualmente los gobernantes mantienen cierta distancia del Departamento de Justicia, en tanto que el actual presidente pretende utilizarlo “como su propia herramienta personal de venganza” (ídem).

A fines de febrero, Trump procedió a una purga masiva en el Pentágono, removiendo al Jefe del Estado Mayor, el general Charles Brown, y designando a un general afín al trumpismo. También fueron destituidos la jefa de la Marina y otros altos mandos considerados “woke” (progres). Brown fue sustituido por el teniente general de la Fuerza Aérea John Dan “Razin” Caine, “una medida extraordinaria ya que Caine está retirado, según un funcionario de la Fuerza Aérea, y no es un general de cuatro estrellas”. El secretario de Defensa, el fascista Pete Hegseth, afirmó que “estamos poniendo en marcha un nuevo liderazgo que centrará a nuestras fuerzas armadas en su misión principal de disuadir, luchar y ganar guerras”. Una retórica que contrasta con el gobierno supuestamente “pacificador” que dice encabezar Trump. La nueva ofensiva en Medio Oriente contra los hutíes de Yemen y la nueva masacre sionista-estadounidense en Gaza, echaron por tierra ese discurso de “acabar con las guerras”.

Los atentados liberticidas se completan con ataques a las universidades y en particular a las movilizaciones estudiantiles en solidaridad con Palestina. En ese sentido, se destaca el caso del estudiante palestino de la universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, que tiene permiso de residencia permanente (green card) y está casado con una ciudadana estadounidense embarazada de ocho meses, quien fue detenido y al que pretenden deportar por haber participado de las campañas de repudio a Israel y la política del gobierno Biden, avalando el genocidio en Gaza. Le revocaron el permiso de residencia con acusaciones de “actividades alineadas con Hamás”, ser “aliado de terroristas” y “una amenaza para la política exterior y los intereses nacionales de Estados Unidos”. Trump lo ha acusado de “actividad antiestadounidense”, un eslogan típicamente macartista, y dice que Khalil es “el primero de muchos por venir”. El caso pasará a un tribunal de New Jersey, y se ha convertido en un eje en la defensa de las libertades democráticas.

Las purgas de funcionarios públicos, mandos militares y personal de los servicios de seguridad, junto con los ataques a la prensa y a sus opositores, y el desacato abierto a los tribunales, marca una tentativa declarada de instaurar un régimen de dictadura bonapartista, violando todas las limitaciones constitucionales y legales al poder presidencial. La represión política y la creciente militarización de la sociedad expresada sobre todo en la cuestión migratoria, muestra una tendencia a un régimen policiaco. Mientras la oposición parlamentaria es impotente, o incluso abiertamente colaboracionista, se desarrollan protestas de trabajadores despedidos, estudiantes, y organizaciones civiles de defensa de los inmigrantes, que intentan superar la pasividad de sus direcciones sindicales y políticas.