Tiempo de lectura: 3 minutos
El miercoles pasado fue detenido el alcalde de Estambul y principal líder opositor del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ekrem İmamoğlu, acusado de terrorismo y corrupción. Inmediatamente estallaron protestas masivas. Decenas de miles de personas salieron a las calles en Estambul y se congregaron frente a la alcaldía que ocupaba Imamoğlu desde el 2019, a pesar de que las protestas fueron prohibidas.
Las manifestaciones se replicaron por todo el país, noche tras noche, a pesar de que el gobierno limitó el tráfico y el transporte público, restringió el acceso a redes sociales como X, TikTok, YouTube e Instagram y reprime con hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos.
El CHP comenzó a convocar a las movilizaciones el viernes por la noche, cuando estas ya habían demostrado ser autoconvocatorias imparables.
La detención de Imamoğlu se formalizó este domingo, cuando su partido tenía planeado votar en las primarias para elegirlo como candidato para las elecciones presidenciales, previstas -por ahora- para 2028.
Las primarias se celebraron igual y, según el CHP, casi 15 millones de personas votaron por él -era el único candidato – en parte como señal de solidaridad por el arresto.
El CHP quiere desviar el apoyo popular hacia la vía electoral cuando Erdogan -quien lleva 22 años en el poder- viene profundizando la veta represiva y está envalentonado por haber logrado la disolución del PKK -al mismo tiempo que continúa asesinando a militantes kurdos- y por contar con el apoyo de Trump y la UE, quienes lo necesitan para sus respectivos planes en Medio Oriente y en Ucrania.
Erdogan tiene planeado modificar la Constitución para poder ser reelegido en 2028, pero las encuestas le dan demasiado bien al CHP. Por eso precisa poder imponer un régimen aún más represivo para hacer viable un golpe de ser necesario. Se emitieron órdenes de detención contra 106 personas, además de İmamoğlu. También fueron arrestados los alcaldes de los municipios de Beylikdüzü y Şişli en Estambul, quienes fueron destituidos de sus cargos. El Colegio de Abogados de Estambul también ha sido acusado de terrorismo.
La ola de detenciones siguió con funcionarios de partidos políticos de izquierda que apoyaron las protestas como el Partido Comunista de Turquía (TKP), el Movimiento Comunista de Turquía (TKH) y el Partido de Izquierda de Esmirna. La sede del sindicato Enerji-Sen en Estambul fue allanada y su líder, Süleyman Keskin, fue detenido.
El ministro del Interior anunció que 1.133 personas fueron detenidas entre el 19 y el 23 de marzo de 2025, entre ellos también periodistas que registraban los hechos.
Mientras en las movilizaciones empieza a surgir la consigna de Huelga General, las confederaciones sindicales tanto oficialistas como opositoras están tratando de desviar la lucha, como el CHP, que está alineado tanto a la OTAN como a la UE y pretende llegar a un acuerdo con Erdogan. La dimensión de las protestas alertan a todos los campos patronales.
La aceleración represiva de Erdogan se enmarca en un cuadro reaccionario mundial y de militarización en Europa. Va de la mano del fascismo de Trump, con quien acordó la “unificación” de Siria bajo el mando de los yihadistas títeres, y con quien discute el cese de las sanciones a Turquía. Pero también sintoniza con la reacción de la UE, no solo por la xenofobia de Meloni y la ultraderecha, sino también por las acciones de los socialdemocratas y centroderechistas, quienes recientemente convalidaron la anulación de las elecciones en Rumania -por consagrar a un outsider rusófilo-, mientras prohíben las movilizaciones por Palestina en todo el continente y se aprestan a acentuar el ajuste en pos de la militarización.
A pesar del avance de Erdogan, a nivel interno y externo -o justamente por eso– la rebelión popular se abre paso sorteando los palos en la rueda puestos por la burocracia sindical, la oposición patronal y la claudicación del PKK. Que triunfe dependerá de que pueda construir una dirección política en la marcha.
