“Estímulo”: el gobierno premia a los funcionarios que despidan

Los despidos en el Estado Nacional ya llegaron a 40 mil desde que asumió el gobierno de Javier Milei. El 31 de marzo vencen 50 mil contratos más. Aunque el número de despidos de esta tanda aún no se conoce, ya hay organismos bajo amenaza como la Secretaría de Trabajo. El 24 de marzo se cumplió un año de los primeros pases a disponibilidad de la planta permanente del INCAA, o sea el despido efectivo y la demostración de que se terminó la estabilidad en el empleo público, un derecho consagrado que todos y todas los trabajadores estatales reclamaron por décadas y fue negado por los gobiernos de todos los signos.

En el Boletín Oficial del miércoles 26 de marzo pasado se publicó la Resolución Administrativa 7/25 que premia económicamente a los funcionarios que despidan trabajadores. El artículo 5 dice: “Podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores” en “función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”. En otras palabras, es un premio a los que despidan.

El reparto de las Unidades Retributivas (UR) siempre fue discrecional. Podían repartirse entre los trabajadores o jefes de manera indistinta y a pedido del funcionario, lo que se modificó es que ahora las pueden recibir los funcionarios mismos. Para poder calcular en cada organismo cuánto dinero se puede repartir los verdugos hay que tener en cuenta la dotación de personal. En 2023, en la Secretaría de Trabajo había 3.600 trabajadores y, actualmente, son 2.900. Dado que el valor de la UR, en diciembre, fue de $783, y tomando como salario promedio el de un profesional con más de 15 años de antigüedad ($1.200.000), se puede calcular que: “el organismo recibiría más de 64.000 UR adicionales. Sería el equivalente a casi $52 millones para repartir entre las autoridades superiores” (La Nación, 27/5).

El argumento para la resolución se basa en el congelamiento salarial de ministros y secretarios de Estado: un régimen que servía para premiar productividad e iniciativas de los empleados y que muchos años se utilizó como recomposición salarial para otros, se convierte así en un estímulo para el despido de trabajadores. Otro argumento es que son los responsables de llevar adelante el objetivo propuesto “de promover la reducción del gasto público para que crezca la economía”. La caída del poder adquisitivo de los estatales fue del 44,4 % durante el 2024; en lo que va del año los aumentos fueron de 1,5 % en enero y 1,2 % en febrero. El congelamiento salarial es, de hecho, otro método de expulsión de trabajadores. Las renuncias por los bajos salarios se suman a los despidos en casi todos los organismos.

La misma resolución aclara que por cada trabajador despedido, en 2024, el gobierno va a asignar un 6 % del salario promedio como premio al Gabinete. Más de tres veces el porcentaje cerrado en las paritarias, en el mes de marzo la mesa salarial no se reunió.

En medio de una nueva ola de despidos y con salarios de hambre la resolución no es solo una provocación al conjunto de los y las trabajadores del Estado Nacional, están premiando a la propia tropa que muchas veces ya no tiene a quien más despedir para justificar su puesto dentro de los organismos. La resolución oficial, a cinco días de conocerse la nueva nómina de trabajadoras y trabajadores despedidos, debe ser rechazada oficina por oficina, organismo por organismo, por afiliados y no afiliados.

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