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En una escuela de Salta Capital, un joven de 14 años ingresó a la escuela con un machete, amenazando de matar a sus compañeros. A razón de este hecho, Analía Fiore, la ministra de Educación, ordenó que se aplique el protocolo reaccionario que tiene Sáenz que, al mejor estilo trumpista y sionista, detiene a los menores y comienzan procesos judiciales. Pero este no es un hecho aislado. La directora del establecimiento declaró que ese protocolo lo aplican a diario en la escuela de Barrio Esperanza, en Salta Capital. Por otra parte, en la universidad, una docente fue agredida por alumnos y sus padres, al no poder responder a las demandas sobre unos exámenes y, al igual que los docentes de la escuela primaria, sienten su integridad física en juego.
Esta semana, Salta -y en particular, sus instituciones educativas- fueron noticia porque comienza a verse cómo la crisis de descomposición social que está produciendo Sáenz, con altos índices de pobreza, desocupación y trabajo en negro, se refleja y cae con todo su peso en las escuelas, como extensión de la realidad social que vivimos en la provincia, también con la inseguridad.
El gobierno de Sáenz ha dejado una radiografía social que muestra cómo empuja a la juventud y a la niñez y la muerte. La provincia encabeza por encima de la media nacional los índices de suicidios adolescentes. Por un lado, el suicidio, y por otro, la delincuencia, son las dos opciones que parece ofrecerles este régimen político.
Producto de sostener un ´déficit fiscal cero´, al mejor estilo de Milei, este año las cifras de deserción estudiantil son drásticas. En la universidad casi un 40 % menos de concurrentes, en terciarios un 20 % y en nivel secundario 100.000 jóvenes menos, que ya ingresaron al mercado laboral precario y en negro. La provincia más pobre del país no tiene salida ni perspectiva para la juventud más que la represión y la descomposición que promueve el mismo Estado salteño, metido hasta los huesos en el negocio del narcotráfico.
Por otra parte se desmantelan hospitales, instituciones educativas, centros de salud mental y la salud privada es un privilegio. Familias y docentes deben trabajar dobles jornadas para poder sobrevivir. Las familias y barriadas están en los límites entre la supervivencia y la muerte y son empujadas al abismo por estos gobiernos.
Desde Política Obrera estamos abordando el problema de la “inseguridad”, que es en realidad la descomposición social que el mismo gobierno genera en la sociedad promoviendo los negocios más espurios, y nos oponemos por el vértice a su agenda reaccionaria, que pretende enfrentar a la población entre sí misma. Nuestro programa implica la recuperación de la niñez y la juventud y no su descarte, por medio de la salud, la educación, la cultura, el deporte. Por el acceso al trabajo y un salario igual a la canasta familiar, que le permita a las familias abordar sus problemas y acceder a las necesidades básicas de las cuales hoy estamos privados. No queremos más cárceles ni la baja de la edad de imputabilidad, sino que queremos la recuperación de esa juventud para rescatarla de las garras de un capitalismo en descomposición.
Luchamos por una transformación social de raíz, que busque transformar los vínculos y relaciones humanas. Denunciamos al estado de Sáenz y Milei como los responsables de esta barbarie.
