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La opinión pública ha sido conmovida por estallido de denuncias acerca del narcotráfico que afectan al gobernador de la provincia y a diversos funcionarios. Las respuestas recibidas hasta ahora están muy lejos de ser claras. Es indudable que se está cocinando una fuerte crisis política, en la que intervienen el gobierno nacional y los grandes intereses capitalistas que se han apoderado de Salta, en especial los yacimientos de litio. Es una pelea de camarillas políticas y empresariales que tiene lugar en el marco de un colosal agravamiento de la miseria social.
Los salteños nos levantamos todos los días con noticias relativas al secuestro de vehículos que transportan cocaína por las rutas provinciales. En los últimos tres años, de la mano del desarrollo de este negocio millonario, han crecido los crímenes narco y el sicariato, esto fue reconocido por uno de los ministros de Seguridad de Gustavo Sáenz, Juan Manuel Pulleiro, un militar retirado, antes de abandonar el cargo. Le siguió la gestión de Abel Cornejo, que venía de la Corte de Justicia, que agravó la crisis con el discurso de la modernización en las fuerzas de seguridad. Cuerpos a la vera de la ruta acribillados a balazos, decapitados. Un intendente preso y destituido, son algunas de las señales del desarrollo de las bandas narco en la provincia.
El ex secretario de seguridad y apoderado del partido del gobernador, Benjamín Cruz, actualmente está imputado por haber autorizado el ingreso de un supuesto asesor del ministerio de Seguridad al penal de Orán para visitar a un sicario. El caso Darío Monges, acribillado y abandonado, hace dos años. El negocio del narcotráfico en Salta se ha infiltrado en los poros del poder político de la provincia.
Como se ha probado hasta el hartazgo en Rosario, provincia de Santa Fe, el narco es propiciado por los intereses financieros que se benefician del lavado del dinero. A ese propósito ha servido el reciente blanqueo de capitales de Caputo y Milei, que fue saludado por todo el sistema bancario. En nombre de la “libertad”, el gobierno nacional ha autorizado que se borren los registros de quienes se acogieron a ese negociado.
Sáenz celebra sus acuerdos con el ministerio de Seguridad de la Nación, la reaccionaria Patricia Bullrich, que ha instalado a la Prefectura en la frontera con Bolivia. Fingen ignorar la capacidad del narco para corromper a las fuerzas de seguridad, con el conocimiento de los gobiernos. Una medida elemental como la apertura de las cuentas de los bancos, financieras y grandes empresas, para cortar de cuajo con el flagelo, es rechazada en nombre de la “libertad de empresa”.
Pero el estallido mismo de estas denuncias no es inocente. Forma parte de una pelea política entre varias camarillas provinciales y el círculo cerrado de Milei por el control político de Salta. Los delegados de Milei en la provincia han hecho pública la intención de quedarse con los diputados nacionales de Salta y han abierto la pelea para hacer lo mismo con la Legislatura. La bolsa de gatos que ha reunido a su alrededor está al borde de la crisis. El saltimbanqui que oficia de gobernador de la provincia -peronista, massista, mileista- sufre las consecuencias de su incurable oportunismo.
Desde nuestro partido, Política Obrera, exponemos esta denuncia para movilizar a los trabajadores, en especial a la nueva generación, a organizarnos, y de este modo, enfrentar esta descomposición y estos atropellos, y avanzar en una salida obrera y socialista
Política Obrera
Salta, 27/11/2024
