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El pasado 4 de abril, en el Polo Educativo de la Armada, ubicado en la localidad de Vicente López, durante un entrenamiento antidisturbios una militar sufrió una contusión en la cabeza luego de caer de espaldas. La militar no recibió asistencia médica y debió seguir con el entrenamiento. Luego de que manifestara que el dolor persistía, fue trasladada a la enfermería donde se le suministró un calmante y se le colocó un cuello ortopédico. Más tarde, la militar comenzó a convulsionar, por lo que fue inducida a un coma farmacológico. Por este hecho, la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó la detención de ocho militares y se los separó de sus funciones, entre los que se encuentra el instructor, señalado de ser quien la golpeó y el marino a cargo del entrenamiento antidisturbio.
Este suceso, por un lado, pone de manifiesto que las vejaciones en las Fuerzas Armadas son moneda corriente, pero por sobre todo ha servido para conocer que, por órdenes de Luis Petri, ministro de Defensa, la Fuerzas Armadas realizan entrenamiento antidisturbios prohibido por la Ley de Seguridad Interior y de Inteligencia.
La iniciativa de involucrar a las Fuerzas Armadas en lo que respecta a la seguridad interior viene siendo cimentada por el tándem Petri-Bullrich. En esta línea de acción el gobierno liberticida ha movilizado a más de un millar de militares a Salta, más precisamente a la zona de frontera con Bolivia, donde son entrenados en tareas de control de los pasos fronterizos, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. El puerto final de Bullrich y Petri es que a fin de año 1.300 soldados sean parte de la militarización entre las ciudades fronterizas de Salvador Mazza y Misión La Paz. Las acciones llevadas adelante por Bullrich hasta el momento ya se cobraron la vida del bagayero Fernando Gómez, a manos de la Gendarmería, en el marco del Plan Güemes, y todo indica que la represión sobre los trabajadores se intensifique con el “Operativo Roca”
En su afán por reponer política y funcionalmente a las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional, que reivindica a la dictadura, moviliza en el “Operativo Roca” al Regimiento de Infantería de Monte 28 del Ejército argentino, asentado en la ciudad de Tartagal, conocido como "Los rodillas negras", ya que los conscriptos eran obligados a recorrer cientos de metros arrodillados. La justicia ha determinado que las instalaciones del Regimiento del Monte fueron utilizadas como un centro clandestino de detención y torturas, teniendo una activa participación en la represión llevada adelante en la provincia de Salta. También participaron en el Operativo Independencia. Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS, ha señalado que el Gobierno no ha dado a conocer “las reglas de empeñamiento, es decir los límites que los soldados tienen a la hora de intervenir en el combate.” (Página/12, 17/04) Según el Gobierno esas reglas están siendo entrenadas, pero hasta ahora no se supo cuáles son.
La “lucha” contra el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas son la coartada para la ampliación del aparato represivo, el cercenamiento de las libertades democráticas y la persecución de activistas y luchadores, complemento necesario para hacer pasar un brutal ataque contra la clase trabajadora.
