Proyecto de baja de la imputabilidad

En el marco de un año electoral, La Libertad Avanza ha colocado (nuevamente) en la agenda política la baja en la edad de imputabilidad, hoy en 16 años, por medio de la discusión de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. El año pasado el proyecto de “reestructurar” el Régimen Penal Juvenil fue fogoneado por la inefable ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y en la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, Javier Milei exhortó al Congreso a avanzar en el proyecto de ley de la baja de edad de imputabilidad “para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”. Según la pandilla libertaria que detenta el poder, los menores son “potenciales criminales mayores”, siguiendo los postulados de Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York e impulsor de la tolerancia cero. Por su parte el Ejército sionista se ampara en llevar adelante el asesinato en masa de niños palestinos bajo el concepto de “futuros terroristas”.

La reiterada discusión sobre la baja de la imputabilidad es una confesión de parte de la democracia burguesa que no ofrece salidas que no sean la represión y el punitivismo, dando cuenta de un agotamiento de un régimen que no tiene nada progresivo para ofrecer en términos históricos.

En plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados (Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesta y Hacienda) y después de un año de discusión, se rubricó un dictamen de mayoría que reforma el régimen penal juvenil, que cuenta con un objetivo principal, la baja de la edad de la imputabilidad. El dictamen de mayoría, si bien está basado en el proyecto del Ejecutivo, es la amalgama de 15 proyectos de ley y contó con 77 firmas. La propuesta del Ejecutivo fue bajada por Cuneo Libarona y Bullrich, que proponía establecerla en 13 años. La discusión en plenario de comisión la estableció en 14 años.

De una manera u otra, todos los bloques patronales abonaron al punitivismo enarbolado por el fascismo vernáculo. Este debate, de carácter represivo, se da cuando, según estadísticas oficiales, los niños y menores de 15 años, tienen una incidencia ínfima en los delitos que se cometen y se caracterizan por ser contra la propiedad, presentándose como un desprendimiento del derrumbe de las condiciones materiales de vida de los jóvenes, uno de los sectores más golpeados por las medidas liberticidas. En 2023, según datos de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, los menores de 16 años participaron en solo 614 delitos, representando un 1 %.

La avanzada liberticida contra la juventud fue acompañada por los bloques del PRO, UCR, y de Innovación Federal. Por su parte los legisladores de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica con diferencias acompañaron el proyecto del oficialismo. No faltaron las disputas hacia dentro del bloque peronista y, por objeciones del kirchnerismo, fueron removidos de la comisión tres diputados que responden a Sergio Massa, dispuesto a acompañar el proyecto. Mientras el kirchnerismo pretende dejar la edad de imputabilidad en 16 años, Ramiro Gutiérrez diputado massista, presentó un proyecto para bajar a 14 la edad mínima. Los nacionales y populares también son cómplices a pesar de su cacareo sobre el tema, fue el mismo exjuez de la Nación, Eugenio Zaffaroni, el que propuso integrar a los menores al Código Penal, para que estos puedan tener garantías legales de defensa. Las objeciones por parte de Unión por la Patria vinieron de la boca del jefe de Bloque, Germán Martínez, quien se preguntó en la comisión "¿Cómo hacemos para garantizar los recursos para que las provincias puedan hacer concreta esta ley?", convirtiendo el debate en una cuestión fiscal.

Uno de los motivos por el cual LLA tuvo que retroceder con el proyecto del Ejecutivo es por el máximo de pena que puede recibir un menor de edad. Los liberticidas llevaron el planteo de un máximo de 20 años, pero, la propuesta “superadora” de la comisión, fue fijarla en 15 años. En todos los proyectos presentados por los custodios de los derechos de la minoridad quedaba “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”.

Como hemos señalado en estas páginas, “la baja de la edad de imputabilidad es inconstitucional por donde se la mire, ya que [es una regresión de lo reconocido en los pactos internacionales que el Estado argentino suscribió oportunamente.”

El proyecto en cuestión se enrola en el discurso de mano dura como salida al desmoronamiento social al que asistimos, abonado por los sucesivos gobiernos. La discusión por la baja de la edad de la imputabilidad se da en un contexto en el que el gobierno nacional viene asfaltando la puesta en pie un estado policiaco, con el claro objetivo de regimentar a la vida social ante el plan de guerra descargado por los liberticidas contra las masas.