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Por segunda semana consecutiva, los trabajadores catamarqueños salieron a la calle a luchar contra las reformas que el gobierno de Jalil pretende imponer contra los trabajadores estatales, docentes y municipales del interior, haciendo tabla rasa con las conquistas contenidas en el Estatuto del Empleado Público y en el Estatuto Docente.
Con el argumento de la necesidad de recortar el gasto en el empleo público, Jalil impulsa reformas que van a conducir a cesantías y a consagrar la precarización en la docencia: el proyecto de reforma apunta a eliminar por esa vía las vacaciones, el pago de zona desfavorable y a infligir un nuevo golpe al régimen de licencias, entre otros. Bajo la justificación de que cada docente y estudiante asista a la escuela de su barrio, promueve un ajuste histórico con la quita de derechos que datan de los años ’70 y la eliminación del boleto estudiantil.
Con el mismo contenido, pretende avanzar sobre los empleados públicos. Por medio de un decreto al que la legislatura ha dado carácter de ley, las reparticiones que tenían carácter autárquico (Vialidad, Catastro, etc.) fueron disueltas y por lo tanto han dejado de contar con presupuesto propio. El gobierno ahora va a ir a por las conquistas y los derechos laborales y salariales de sus trabajadores.
El gobierno maniobra frente al rechazo
En un primer momento, el gobierno impulsó en el ámbito de la docencia una instancia de concertación, dando lugar a la oposición legislativa, pero también a la burocracia de los seis sindicatos que agrupan a los docentes. Esta “mesa de concertación” entró en crisis ante el repudio de la docencia, una vez que se conoció el alcance de la reforma del Estatuto y por el hecho de que los dirigentes estaban actuando en forma inconsulta. Esto terminó provocando que cinco de los seis gremios se retiraran. Estos proclamaron que la reforma se debía realizar luego que pasara la pandemia. El gobierno ratificó que, con representación docente o sin ella, se iba a reformar el Estatuto y que esto iba a ser implementado a partir del 2021.
La movilización del 20 de mayo pasado tradujo el repudio general a las reformas. Sin embargo, el gobierno decidió crear una Secretaría específica para avanzar con ellas y anunció que, en 15 días, dictaría una ley marco que pautaría el ajuste que pretende imponer.
La movilización del 29
Desde entonces, se produjeron un sinnúmero de protestas, movilizaciones en el interior de la provincia y manifestaciones a través de los medios y redes. Precisamente, a través de las redes surgió una autoconvocatoria que obligó a la dirigencia de los sindicatos docentes y estatales tomarla en sus manos. Así fue que se concretó la convocatoria a un “Banderazo” del pasado 29.
El 29, la Plaza 25 de Mayo se vio colmada por dos mil a tres mil manifestantes de distintos niveles y áreas de la educación. Allí se realizó un acto, montado por la Intersindical docente.
Los dirigentes gremiales, sin embargo, dieron un discurso conciliador, defendiendo la idea de una reforma concertada. En el caso de la docencia, durante el acto se les negó el micrófono a los dirigentes de las delegaciones docentes del interior que expresan las posturas más combativas en este proceso de lucha.
Fue notable la ausencia de un planteo de continuidad y un plan de lucha, reclamado a viva voz por los manifestantes.
Continuidad y perspectivas
A través de las redes y por medio de delegados y dirigentes combativos de distintas localidades se han anunciado distintas medidas de movilización. El repudio y el espíritu de lucha son generalizados. La dirigencia burocrática no tiene intenciones de unir y darle continuidad a la lucha. Está planteado superar este sabotaje. En varios sectores se ha abierto la discusión de poner en pie una coordinadora de lucha contra la reforma ajustadora. Este sería un paso fundamental para unificar las medidas de lucha que emergen en todos lados y una base para arrancar o autoconvocar un congreso de delegados mandatados para votar un plan de lucha de conjunto que lleve a la victoria la lucha en defensa de los derechos laborales y salariales de los trabajadores estatales, municipales y docentes y por todas las reivindicaciones pendientes.
