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El Tribunal Superior de Justicia, en una votación muy estrecha, declaró inconstitucional la jurisprudencia que había establecido la prisión para cualquier persona condenada en dos instancias. El fallo permite la liberación de unos cinco mil presos, entre ellos la de Lula Da Silva – en prisión desde hace año y medio. El ex presidente podría volver a la cárcel si la apelación a su condena fuera rechazada por la Corte Suprema.
El cambio de postura del TSJ habría obedecido, de acuerdo a la opinión del periodismo brasileño, a las filtraciones obtenidas por el sitio Intercept, que demuestran que la condena de Lula fue una operación político-criminal del ex juez Sergio Moro en connivencia con operadores ligados a Bolsonaro y a los servicios brasileños de inteligencia. Moro es ahora ministro de Jusiticia. El diario O Globo ha denunciado al gobierno de Bolsonaro como “subversivo de la democracia” y le atribuye una ligazón con las “milicias” que aterrorizan a la población en Río de Janeiro. Una filtración de los servicios ha establecido un vínculo entre Bolsonaro y uno de los que ejecutaron el asesinato de Marielle Franco, la militante del PSOL y concejal de la ciudad. Para varios comentaristas, la sentencia del STF pone en cuestión la operación Lava Jato, que investiga las conexiones de la constructora Odebrecht, los gobiernos petistas y numerosos políticos y capitalistas brasileños.
Solamente si se lo caracteriza como un revés o derrota de Bolsonaro y como un revés para las prisiones preventivas de contenido político, la libertad de Lula es una victoria para los intereses populares. Desde el mismo momento de su detención, el Partido Obrero repudió el atropello y reclamó la libertad de Lula. La superación del ascendiente de Lula y el PT sobre numerosos sectores de la clase obrera y de la población, sólo puede tener lugar mediante la lucha política – las persecuciones y las detenciones arbitrarias han reforzado, en numerosas ocasiones, la autoridad política de los perseguidos, en este caso de un líder oriundo de la clase obrera que se convirtió en un defensor estratégico del capitalismo y de la burguesía.
La liberación de Lula es una expresión distorsionada del debilitamiento creciente del gobierno de Bolsonaro, incluso cuando ha conseguido imponer una reforma previsional perjudicial para los trabajadores y reformas impositivas y laborales del mismo carácter. Una gigantesca licitación para la explotación del petróleo brasileño en aguas profundas, ha concluido, sin embargo, en un fracaso, al tiempo que la crisis económica no encuentra salida. En el clan Bolsonaro se encuentra en discusión una propuesta de reforma constitucional, que convertiría al régimen político brasileño en una suerte de pinochetismo. Los choques entre Bolsonaro y los grandes medios de comunicación - Folha y O Globo, así como la dislocación de su partido de orígen – el PSL -, son una expresión del rechazo a su gobierno por grandes franjas de la burguesía.
Lula ha dicho que comenzará a recorrer el país con la vista puesta en las elecciones de 2024. Una variante del "esperemos a 2019" del kircherismo, que funcionó como una complicidad no declarada con el gobierno de Macri.
Alberto Fernández ha invitado a Lula a la ceremonia de asunción del gobierno el 10 de diciembre próximo, en el mismo momento que Bolsonaro degradaba el nivel político de sus enviados – secretarios o sub-secretarios. La liberación de Lula se engarza con una crisis de orden continental, que hoy tiene por epicentro a Bolivia, donde el 'populismo' acaba de capitular ante un golpe de la derecha.
