La barbarie, en el fútbol, es también la consecuencia de un negocio

Lo ocurrido el pasado miércoles en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Independiente y la Universidad de Chile, ha sido noticia mundial. Al momento de escribir esta nota eran 20 las personas heridas y trasladadas a los Hospitales Fiorito, Perón y Wilde, de Avellaneda, algunos de gravedad. También, alrededor de 100 detenidos de “la U”.

Los problemas estallaron cuando, en el entretiempo del partido, algunos hinchas chilenos y argentinos comenzaron a intercambiar proyectiles de todo tipo. La particularidad del caso es que no existía lo que en el fútbol se conoce como “pulmón” (espacio vacío de la tribuna), ni rejas, ni alambrados, para separar a los hinchas locales de los visitantes y evitar algún tipo de agresión. Tampoco había personal de seguridad privada, ni efectivos policiales, lo que transformó a las tribunas en verdaderas zonas liberadas para arrojar, piedras palos, bombas de estruendo, y hasta inodoros.

Cuando comenzaron a aparecer los primeros heridos (hinchas de Independiente que estaban ubicados debajo de la tribuna chilena), el árbitro suspendió el partido pero los responsables de Conmebol bajaron la orden de intentar reanudarlo, sin importar lo sucedido. En simultáneo, los canales oficiales que transmitían el partido no pasaban los incidentes, y las cámaras enfocaban otras partes del estadio.

Es evidente que lo primordial para Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, es resguardar la imagen del “fútbol espectáculo” y que el show (negocio) continúe. Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se desligó de responsabilidades al señalar que el gobierno de Kicillof solo se encarga de la seguridad en los ingresos y adyacencias, mientras que dentro del estadio la seguridad sería responsabilidad del club, en este caso de Independiente. Lo dicho por el ministro es llamativo, ya que quienes concurren a las canchas de fútbol argentino, han visto infinidad de veces a las policías federales y provinciales intervenir (y reprimir) en las tribunas y hasta en el propio campo de juego. Lo que prueba que los clubes no funcionan como estados autónomos, sino que son parte de la provincia.

Los dirigentes del club de Avellaneda, encabezados por el Presidente Néstor Grindetti, quien fuera Intendente de Lanús, y actualmente es funcionario de la CABA por el PRO, no tardaron en atribuir las responsabilidades a los hinchas chilenos y en reclamar la descalificación del rival cuando se conocía que había heridos de gravedad. Al unísono de su excandidato a Gobernador, Patricia Bullrich, que junto a Martin Ocampos, fue incapaz de garantizar la seguridad en aquella final entre River y Boca por la Libertadores en el 2018, intentó “hacer leña del árbol caído” en el contexto de la campaña electoral. Es claro, en este caso, que hay una responsabilidad compartida entre los macristas-liberticidas, que gobiernan el país, y los kirchnero-peronistas, que gobiernan la provincia de Buenos Aires.

Algunos hinchas y periodistas han despilfarrado saliva en acusar y responsabilizar a la otra parcialidad de haber arrojado la primera piedra, bomba de estruendo o haber querido robar las banderas ajenas. Sin embargo, omiten la cuestión principal: las responsabilidades políticas de quienes deben garantizar la seguridad en un evento deportivo.

El robo, el linchamiento y hasta el abuso sexual ejercido en grupo, no es más que un método fascista del lumpenaje social, que debe ser combatido y repudiado por todos los hinchas, deportistas y militantes conscientes de lo que esto engendra. Mucho más cuando viene acompañado de xenofobia, ejercida también por la policía, y la represión. La barbarie capitalista no solo se expresa en Gaza, atraviesa todos los poros de la sociedad.