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Según los datos provistos por los organizadores, la COP30, con 56.118 inscriptos, es la segunda cumbre climática más grande hasta el momento (la más concurrida fue la COP28 llevada a cabo en Dubái con 80.000 participantes) y, como hemos señalado en estas páginas, uno de cada 25 es representante del “lobby fósil”. Las delegaciones más grandes son las de Brasil (3.805 delegados) y más lejos China, con 789. A su vez, la cumbre de Belém no cuenta, por primera vez, con la presencia de EE. UU., en sintonía con el negacionismo climático enarbolado por el trumpismo, entre cuyos objetivos se encuentra quebrar la conferencia a futuro. Trump, en su discurso en la asamblea de la ONU, sentenció que las ciencias encargadas de monitorear las cuestiones climáticas son “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo.”
Como advierte el Informe de Brecha de Producción del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo para 2025, de la mano de Trump, estima “que 20 de los mayores países productores de combustibles fósiles están planeando la producción de carbón, petróleo y gas hasta 2050, lo que está un 120 por ciento por encima de la vía de calentamiento de 1,5 grados centígrados y un 77 por ciento por encima de la vía de 2 grados” (WSWS 18/11). Esto pondría en jaque los acuerdos climáticos en vigencia, que buscan volver más lento el calentamiento global, que hacia finales del siglo podría alcanzar los 2,6 grados centígrados, con sus consecuencias devastadoras para el ambiente y la población, en particular de las masas pauperizadas, las más afectadas por el cambio climático en curso, plasmado en sequias, inundaciones, incendios forestales, migraciones, enfermedades, escasez de alimentos, olas de calor extremo.
Por su parte, el gobierno de Lula, anfitrión de la COP, se ha puesto como objetivo que la misma sea la cumbre con mayor participación de representantes indígenas de la historia. Pero, como señala el portal especializado Earth.org, “es la primera vez que el liderazgo, los derechos y el conocimiento indígenas se sitúan tan en el centro de las negociaciones climáticas globales. Sin embargo, solo el 14 % (360 personas) obtuvo la acreditación para la Zona Azul.” (Earth.org, 16/11)
André Correa do Lago, presidente de la COP30, al cumplirse una semana de las negociaciones señaló en una conferencia de prensa: “queremos que todos los países piensen qué es lo que quieren para el final”, una meta difícil de arribar teniendo en cuenta las diferencias en puntos clave que se han presentado en los primeros siete días de sesiones, y llamó a redoblar los “esfuerzos colectivos” para la decisiva segunda semana.
Lo que ha dejado la primera semana
Si bien se aprobó la agenda de trabajo en plenario sin mayores objeciones, cuatro temas centrales quedaron por fuera de la misma y se tratarán por separado, con la salvedad de ser los puntos más conflictivos y que generan resquemores entre las delegaciones de los países. Concretamente lo que divide aguas en la COP es el artículo 9.1 del Acuerdo de París, que versa “sobre la responsabilidad de los países desarrollados de movilizar dinero a los países en desarrollo, las medidas unilaterales de comercio (vinculado a, por ejemplo, los impuestos sobre emisiones de carbono de productos importados), los informes bienales de transparencia y la respuesta al tercer y más reciente ciclo de actualización de los planes climáticos nacionales" (las famosas NDC). (InfoAmazonia 16/11)
Como ha pasado en ediciones anteriores, el financiamiento de lo que se resuelva vuelve a ser el talón de Aquiles de la COP30. Desde el Grupo de Países Africanos hicieron un pedido para dilatar la definición sobre los indicadores que servirán de ordenadores para la implementación de la Meta Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés), alegando que no está claro cómo se llevará adelante el financiamiento. La GGA fue establecida en el Acuerdo de París de 2015, con el objetivo de mejorar la capacidad de adaptación, que básicamente depende del flujo de dinero que se destine para tal fin y las discusiones sobre este punto están estancadas en la cumbre.
Otro de los puntos de la agenda abordado en la primera semana fue la del Programa de Trabajo de Transición Justa, en las que el G77, formado por países en vías de desarrollo o subdesarrollados, cerró filas en los planes de crear mecanismos para implementar dicha transición. El recelo de los países atrasados se basa en que la transición tendría como consecuencia el encarecimiento del costo de la vida, la supresión de puestos de trabajo y la pérdida de ingresos, golpeando de lleno a las ya maltrechas y sometidas economías. Teresa Anderson, directora de Justicia Climática de ActionAid International, señaló que “los países por fin están hablando con seriedad sobre cómo los trabajadores, las mujeres y las comunidades pueden influir en los planes climáticos para garantizar que sus vidas mejoren y no empeoren”. (Idem) Pero justamente las organizaciones de trabajadores son las que se encuentran ausentes en la COP30, o con representaciones minoritarias, es decir que las discusiones de esta cumbre y de las anteriores dan la espalda a los sectores que están en la primera fila de las consecuencias devastadoras del cambio climático, convirtiendo a las resoluciones de la cumbre en un mero saludo a la bandera.
Las discrepancias entre las delegaciones escalaron cuando se puso sobre la mesa la roadmap Bakú - Belém (hoja de ruta) elaborada en 2024 entre las presidencias de la COP de Azerbaiyán y Brasil, cuestionada por los países en desarrollo sobre cómo financiar los 1,3 billones de dólares para cimentar la tan mentada transición. La presidencia de la COP30 presentó un informe que recibió críticas “por el foco puesto en actores e iniciativas distintas de la responsabilidad de los países desarrollados de movilizar dinero público. Además, generó preocupación por la incertidumbre respecto de su real implementación práctica ya que se presenta como un compilado de acciones y recomendaciones sin un carácter o formato de responsabilidad de continuidad.” (Idem) Las delegaciones de los países subdesarrollados demandan acciones concretas sobre las naciones responsables del 90 % de las emisiones globales de dióxido de carbono, que son justamente los que, de una manera u otra, están involucradas en las guerras en curso, las cuales insumen gran parte del flujo de capital. Por poner sólo un ejemplo, Alemania, que está llevando adelante una inversión militar de características históricas para modernizar sus fuerzas armadas, impulsado por la guerra ruso–ucraniana, ¿cuánto aportará a la vaquita que propone la hoja de ruta Bakú-Belém para financiar la transición? De esta manera las guerras en curso se cuelan en las discusiones de la COP30 y torpedean a futuro las resoluciones a las que arribe la cumbre.
El empantanamiento que representa la cuestión del financiamiento se hace sentir en la COP30 en lo que respecta a la mesa de negociaciones del Fondo de Pérdidas y Daños, que se ha mantenido mayormente vacío en lo que va de la cumbre. El Fondo de Pérdidas y Daños se lanzó en la COP27 en Sharm El Sheikh (2022), con la finalidad de encontrar mecanismos de financiamiento. En marzo de este año Trump retiró a EE. UU. de dicho fondo.
El Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel en Financiación del Clima (IHLEG), presidido por el economista Nicholas Stern, presentó un "camino totalmente factible" para el financiamiento de países en desarrollo para 2035. Desde el IHLEG sostienen que la mitad de los 1,3 billones dólares podrían ser cubierto por el sector privado. En este sentido más de 30 organizaciones filantrópicas, promotoras del utópico “capitalismo verde”, anunciaron “un compromiso conjunto de 300 millones de dólares para abordar la creciente crisis sanitaria pública provocada por el cambio climático". Entre los filántropos se encuentran Bloomberg Philanthropies, la Fundación Gates, Wellcome, Fundación Rockefeller, Fundación IKEA y CIFF (Earth.org, 16/11). Bill Gates, uno de los aportantes de la colecta, antes del comienzo de la COP30, aconsejó a los participantes de la cumbre que dejen de lado la “visión apocalíptica del cambio climático”.
También se desarrolló en la primera semana la “AgriZone”, espacio de negociaciones sobre cuestiones agroindustriales, monopolizada y patrocinada por Nestlé y Bayer, cuando esta actividad es “el principal motor de la deforestación en la Amazonia y responsable de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.” (Idem) Mientras tanto Lula ha presentado un programa de reforestación de la Amazonia que, inevitablemente, chocará con los intereses corporativos que extienden año tras año la frontera agroganadera, y que terminarán truncando los planes del presidente brasilero, poniendo de manifiesto las limitaciones históricas del nacionalismo burgués, que deberá optar entre enfrentar a los intereses de las corporaciones y el imperialismo o llevar adelante una movilización en pos de sus objetivos. Las experiencias históricas indican que Lula terminará claudicando en sus objetivos.
Mientras las sucesivas COP alimentan una falsa colaboración de clases para revertir las tendencias climáticas, año tras año queda más claro que la competencia entre las naciones, que llegan al extremo de la guerra, hace inviable la reversión del cambio climático. Al igual que con otros aspectos del capitalismo en decadencia, es la clase obrera la que puede darle una salida progresiva a la cuestión climática por medio de la revolución social y el socialismo.
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COP30: el “lobby del fósil” copa la cumbre Una tendencia que se agudiza año tras año. Por Lucas Giannetti, 16/11/2025.
