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Miguel Ángel Olmedo, de 64 años, trabajador de seguridad del ferrocarril Mitre, falleció tras contagiarse coronavirus en su puesto de trabajo. Clarín dice que “Más de 40 trabajadores de las líneas de ferrocarril Mitre y San Martín fueron aislados tras la muerte de uno de sus compañeros a causa de coronavirus y la detección de otro caso positivo” (3/6).
La familia de Miguel responsabiliza a Murata S.A., la empresa de seguridad privada en la que trabajaba. “Según contó su hija, Nilda, Olmedo se comunicó con recursos Humanos de la empresa para solicitar licencia. Le fue otorgada hasta el 13 de abril y al prolongarse la cuarentena, comenzó a ser hostigado por la empresa para volver a trabajar” (eltribuno, 6/6).
La hija explica: “Mi papá quería cumplir pese a que estaba a tres meses de jubilarse, pero tenía cierto temor porque a mi hermano ya lo habían despedido de la empresa. Pidió dos semanas de licencia médica y le dijeron que iba a ser sin goce de sueldo. Cuando volvió a trabajar lo castigaron cambiándolo de lugar: lo mandaron del Cementerio de Recoleta a la Villa 31.
Lo obligaron a viajar más de 3 horas y a un lugar donde existe un mayor riesgo de contagio” (periodicoelprogreso, 4/6).
Agregó que “el personal de MURATA no cuenta con los elementos de bioseguridad para trabajar” (ídem).
La empresa había sido denunciada por los trabajadores por no aplicar medidas de seguridad y protocolos.
Empresas y Estado contra los trabajadores esenciales
Los trabajadores de seguridad privada son uno de los rubros más precarizados y golpeados por la crisis económica y la pandemia. Desde el primer momento, la seguridad privada fue denominada “actividad esencial”, pero las empresas no les proveyeron a sus trabajadores los materiales necesarios para su cuidado, como los barbijos, alcohol en gel, buenas condiciones de trabajo. Se obliga a los trabajadores a comprar los materiales de prevención, a pesar que su salario no cubre ni la mitad de la canasta básica.
Murata es contratista del Estado y es una de las empresas con mayor número de contagios en el rubro de seguridad privada, e incluso con un muerto, ha tenido que aislar a más de 70 compañeros entre tres servicios -la cabecera de retiro de la línea de tren San Martín, el centro cultural Kirchner y el parador de indigentes de la villa 31 (donde falleció el vigilador Miguel Olmedo)- lo que pone de manifiesto la irresponsabilidad de las autoridades de Murata y las de Trenes Argentinos.
Los trabajadores denuncian persecuciones laborales, despidos y suspensiones de trabajadores sin goce de sueldo y que deben trabajar más horas de lo habitual para llegar al básico.
El personal de estaciones no tiene control alguno, tampoco se reforzaron la limpieza y las medidas de higiene, en algunos baños no hay agua o están directamente clausurados. El personal ferroviario también ha sufrido una reducción salarial disimulada, pues aquellos que no pueden trabajar no cobran sus viáticos, ni la dieta, lo que reduce su salario considerablemente. Los trabajadores hicieron asambleas y pararon por todas estas demandas.
Los compañeros de la empresa de Federal Service, de seguridad privada, están en una situación similar, cobrando un salario de 22 mil pesos promedio, porque según la empresa no trabajan las horas suficientes para llegar la básico (200 horas en seguridad privada).
Alberto Fernández, Larreta y Kicillof flexibilizan la cuarentena exponiendo a la clase obrera al contagio. Ponen así a los trabajadores entre dos alternativas fatales, morir sin salario y comida o morir por el COVID19. El Ministerio de Trabajo no hace nada frente a las denuncias de los trabajadores, beneficiando a estas empresas negreras. Los trabajadores de seguridad discuten en asambleas protocolos hechos por los trabajadores, aumento de emergencia para llegar a la canasta básica, realización de testeos masivos, cuarentenas pagadas por las empresas, reducción de la jornada sin afectar el salario, paritarias ya, y el plus por trabajo esencial.
