Escribe Olga Cristóbal
La Asociación Médica prohibió a sus afiliados participar de las ejecuciones pero el ministro Gvir, que lleva una horca en el ojal, dice que un centenar de médicos le ofrecieron sus servicios.
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El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, confirmó el domingo 7 de diciembre lo que Hamas viene denunciando desde que se firmó el alto el fuego: que Israel considera la "Línea Amarilla" que divide Gaza como su nueva frontera.
Esto significa que los sionistas han ocupado el 58% del territorio gazatí, violentando los límites -supuestamente temporarios- que había impuesto la Paz de Trump. Los tanques israelíes permanecen en la ciudad de Gaza y sus topadoras demuelen cualquier vestigio de edificación que haya sobrevivido a los bombardeos. Desde noviembre, el ejército no ha hecho más que ampliar su zona de control.
El alto el fuego es una farsa: los israelíes han asesinado 360 palestinos, incluidas familias enteras y niños que buscaban leña para cocinar. Cualquiera que cruce la línea -que a veces ni siquiera está señalizada- es eliminado en el acto.
En el 42 % restante de Gaza viven aproximadamente los dos millones de habitantes de la Franja. Esta zona sigue bloqueada por Israel, que solo permite la entrada de ayuda humanitaria en cuentagotas mientras el invierno y el hambre agudizan una catástrofe inaudita.
La declaración de Zamir admite que han convertido más de la mitad de Gaza en una zona de amortiguación arrasada y bajo control militar que garantiza que los palestinos no puedan regresar.
En ese contexto, Trump retrasó el anuncio de la propuesta "Junta de Paz" para Gaza, “tras un fin de semana en el que los ministros de Asuntos Exteriores advirtieron que la frágil tregua podría desmoronarse en cuestión de semanas” (dropsite). Trump dice que la junta se nombrará "a principios del próximo año" y ningún país se anotó con la Fuerza Internacional de Estabilización (FIE).
Hamas dijo que las palabras de Zamir eran «legalmente nulas y debían ser rechazadas». Añadió que la declaración era la formalización del intento de Israel de «reestructurar la geografía de Gaza mediante la fuerza militar. Los ocupantes no tienen derecho a redefinir fronteras ni a apoderarse de ninguna parte».
En consonancia con esta política de exterminio, Israel se prepara para condenar a muerte a miles de presos palestinos. Ben-Gvir, el fascista ministro de seguridad interna de Israel, que en su juventud cosechó 8 condenas de tribunales sionistas por “incitación al odio y apoyo al terrorismo” contra palestinos y prometió matar al entonces primer ministro Yitzhak Rabin por haber firmado los acuerdos de Oslo, se mostró el lunes en el Parlamento con un pin dorado con forma de soga de ahorcamiento.
Todos los legisladores de su partido Poder Judío lucieron el mismo símbolo durante una reunión de la comisión parlamentaria que discute la pena de muerte para prisioneros palestinos acusados de “terrorismo”. Este proyecto de Ben-Gvir ya tuvo en noviembre una primera aprobación de las tres que necesita para ser ley. Gvir lo ha llamado la ley «más importante de la historia de Israel».
Según el proyecto, la pena de muerte también será aplicada por tribunales militares israelíes en la Cisjordania «por mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia», y no por unanimidad, y además «no podrá ser conmutada» por otra pena inferior.
Durante la audiencia, este fanático que propone la expulsión de todos los palestinos y una Israel “desde el río al mar” étnicamente “pura”, afirmó que la soga es solo “una de las opciones mediante las cuales implementaremos la ley de pena de muerte para terroristas”. “Por supuesto, existe la opción de la horca, la silla eléctrica y también la eutanasia”, agregó.
Si se aprueba, todos los presos palestinos serán pasibles de ejecución ya que el régimen sionista acusa de “terrorismo” prácticamente a todos, incluidos los niños. Es la excusa de la que se sirve para someterlos a torturas brutales y cotidianas.
Un comunicado de la oficina de Ben-Gvir explicó el prendedor como un símbolo del “compromiso de los legisladores con la exigencia de la pena de muerte para los terroristas” y enviar “un mensaje claro de que los terroristas merecen la muerte”.
El proyecto de ley de pena capital fue rechazado por grupos de derechos humanos, diputados de la oposición y representantes de ONG israelíes citando motivos éticos, legales y religiosos.
La Asociación Médica de Israel (AMI), que agrupa al 90% de los profesionales, ha prohibido «terminantemente la participación, ya sea pasiva o activa, de cualquier médico del país en la imposición de la pena de muerte».
“Es éticamente inaceptable” y está prohibido “utilizar nuestros conocimientos para fines distintos a la promoción de la salud y el bienestar», explicó Alberto Olchowski, representante de la asociación, ante la comisión parlamentaria.
Gvir se mofó de la prohibición y aseguró que había recibido “100 llamadas de médicos que le dijeron: ‘Itamar, solo dinos cuándo’”.
El líder del Partido Demócrata, Yair Golan, criticó la exhibición. “Una soga en la solapa de un ministro no es una declaración política, es una declaración de intenciones”, escribió en X. “Cuando un gobierno usa imágenes de muerte para proyectar fuerza, ya no está luchando contra el terrorismo; está ensayando una dictadura”, dijo.
La discusión de la pena de muerte coincide con un informe de ONG(s) israelíes que denuncian un aumento sin precedentes de torturas y malos tratados contra palestinos en las prisiones sionistas desde octubre de 2023.
El sitio web israelí Walla reveló que al menos 110 presos palestinos fueron asesinados desde que Ben-Gvir asumió el cargo de ministro de seguridad interna del régimen. “Esta cifra es un récord sin precedentes en comparación con los datos conocidos de décadas anteriores”, según el informe.
Gvir se ha filmado insultando a Marwan Bargouthi, el dirigente palestino preso más importante, y amenazando con el arma que lleva a la cintura a otros presos. Y ha llamado héroes nacionales a los soldados acusados de violar o matar a presos inermes.
Los detenidos liberados describen frecuentes palizas, privación d comida y de agua, ataques de perros, violaciones y abusos sexuales. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura afirma que los palestinos han sido víctimas de una “política estatal de facto de tortura organizada y generalizada” y que esto “constituye un delito de genocidio según el derecho internacional”.
El Comité enfatizó su “seria preocupación” por el hecho de que Israel no tiene “un delito específico que penalice la tortura, y que su legislación permite que los funcionarios públicos estén exentos de culpabilidad penal bajo la llamada defensa de ‘necesidad’ cuando se aplica presión física ilegal durante los interrogatorios”.
Israel, junto con Estados Unidos y la Argentina de Milei son los único tres países que han votado en contra de eliminar la tortura, una propuesta de la asamblea de la ONU.
