Escribe Olga Cristóbal
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La CGIL, el sindicato más grande de Italia, que supera los 5 millones de afiliados, convocó el viernes pasado a una huelga nacional en protesta contra el ajuste que impone a los explotados el presupuesto de guerra del gobierno de Giorgia Meloni. La huelga interrumpió ampliamente los servicios de transporte, salud y educación en todo el país y también impactó en las principales industrias privadas. El transporte ferroviario fue prácticamente paralizado, tanto en larga distancia como regionales. En la educación el paro fue total.
Medio millón de trabajadores y jubilados participaron en las más de cincuenta manifestaciones organizadas en todo el país en apoyo a la huelga general. En Florencia, la marcha concluyó en la plaza del Carmine con el discurso del secretario general Maurizio Landini, ante unos 100.000 manifestantes.
El paro de la CGIL refleja la indignación de la clase obrera italiana ante el colapso de su nivel de vida y el desmantelamiento de los servicios sociales mientras el gobierno desvía decenas de miles de millones hacia el rearme militar y los preparativos para la guerra. Las compras de armas han subido un 60 % en cinco años hasta 13.000 millones anuales, mientras sanidad y educación enfrentan recortes.
Esta es la tercera huelga general, las dos primeras convocadas por sindicatos antiburocráticos como la USB.
La participación nacional, según la CGIL, se situó en torno al 68 % “tras un largo proceso de movilización en el que han participado cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en las cerca de 14.000 asambleas organizadas en los lugares de trabajo”. Organizaciones estudiantiles como el sindicato de secundaria Rete degli Studenti Medi y el sindicato de estudiantes universitarios han llamado a secundar la movilización.
En verdad, la CGIL convocó la huelga apenas dos semanas después del parazo general del 28 de noviembre organizado por la USB, COBAS y otros sindicatos antiburocráticos, en el cual no participó, en rechazo al presupuesto de guerra y en solidaridad con Palestina.
La declaración de la CGIL llama a “detener la imprudente carrera armamentística, que pretende convertir la economía italiana y europea en una economía de guerra, desviando una enorme cantidad de recursos de las verdaderas prioridades económicas y sociales del país”. Solo para Italia, eso significaría casi un billón de euros si el gobierno realmente pretende alcanzar el 5 % del PIB en gasto de defensa para 2035, según le ha indicado la OTAN.
Entre las principales demandas obreras está aumentar los salarios y las pensiones, y cambiar la ley de presupuesto. Frenar el aumento de la edad jubilatoria; contra el rearme y por mayor inversión en salud y educación; contra el trabajo precario, entre otros puntos.
La CGIL también denuncia que, en los últimos tres años, los trabajadores y jubilados han pagado 25.000 millones de euros más en impuestos por la falta de indexación del impuesto sobre los ingresos. “Esta flagrante injusticia fiscal solo penaliza a quienes tienen ingresos fijos (no a quienes pagan un impuesto fijo, ni a quienes obtienen ingresos de capital, ni a quienes obtienen beneficios).”
Se recortan los recursos para la sanidad, las escuelas, la atención a las personas mayores, el derecho a la vivienda, la mejora del transporte público y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. “Los trabajadores siguen muriendo al mismo ritmo que antes, si no más. Sin embargo, para las armas se encuentra dinero, aunque eso signifique endeudarse”, dice la convocatoria.
El ajuste también impulsa un nuevo aumento de la edad de jubilación, que afectará al 99 % de los trabajadores. Se están eliminando todas las formas de flexibilidad (incluidas las que benefician a las mujeres). Simultáneamente, el presupuesto del Servicio Nacional de Salud caerá por debajo del 6 % del PIB en 2028, el nivel más bajo en décadas
La CGIL se ha limitado a proponer «un sistema fiscal progresivo y una contribución solidaria de los más ricos», relegando las explosivas cuestiones de la guerra, el nacionalismo y la represión estatal, que incluye el recorte del derecho de huelga.
La huelga nacional de Italia se produce al día siguiente de la convocada por las dos principales confederaciones sindicales de Portugal, que representan a un millón de trabajadores. Los medios la consideraron la mayor huelga del país en más de una década, en contra de la reforma laboral antiobrera que impulsa el gobierno de centroderecha.
